Pujol Ferrusola reclama el salario mínimo de sus cuentas bloqueadas para su “subsistencia más básica”

Su defensa reclama a la Audiencia Nacional que autorice el pago mensual de 965 euros para no depender del “apoyo desinteresado” de sus familiares para sus gastos “del día a día”

Jordi Pujol Ferrusola, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament.
Jordi Pujol Ferrusola, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament.

Jordi Pujol Ferrusola ha pedido a la Audiencia Nacional el desbloqueo de sus cuentas bancarias para poder disponer mensualmente de una cantidad equivalente al salario mínimo, 965 euros, para poder atender así a su “manutención y subsistencia más básica”.

En un escrito remitido por su defensa -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, el primogénito del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol argumenta que seis años después de que en octubre de 2105 el juez José de la Mata, entonces al frente de la investigación al clan Pujol, acordara el bloqueo de sus cuentas bancarias, sigue sin poder hacer frente de su bolsillo a “los gastos ordinarios del día a día”. Una falta de liquidez, añade, que le ha obligado a “trasladar a terceros ajenos al proceso una carga cada vez más insostenible y procesalmente injustificable”.

Para sustentar la adopción de la medida ante el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, “Junior”, Cristóbal Martell, sostiene que el principio de proporcionalidad (en la aplicación de la medida cautelar) no debe impedir que el investigado “pueda atender a sus necesidades vitales básicas, que son ejercicio positivo de derechos fundamentales”.

La defensa del hijo de Jordi Pujol asegura que desde que se bloquearan sus cuentas bancarias por orden judicial -para hacer frente a una posible condena de responsabilidad civil-, su cliente “ha tenido que contar con el apoyo económico directo y desinteresado de sus familiares más próximos para afrontar los gastos ordinarios del día a día”.

Permiso hasta para pagar impuestos

Desde 2015, añade, “cualquier movimiento que se ha producido en el haz patrimonial” de Pujol Ferrusola se ha tenido que producir “con previa petición por escrito y expresa autorización judicial”. De ahí que la “fiscalización de su vida económica”, se queja, “ha sido absoluta”, incluso “en sus ámbitos más prosaicos, tales como devengo y pagos de impuestos municipales”.

El letrado recuerda además que tras el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 30 de junio de 2017 -en el que se prohibió a Jordi Pujol Jr. “gestionar por sí o por personas físicas o jurídicas su patrimonio”- se le impidió de hecho “incluso todo tipo de gestión relativa a su patrimonio”.

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 29 años de cárcel para Pujol Ferrusola por delitos de asociación ilícita, blanqueo, cinco delitos fiscales, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes por su supuesta participación en la ocultación y gestión de la fortuna familiar oculta en Andorra.

Según el Ministerio Público, Jordi Pujol «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» a través de la cual el ex president y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC». Unos beneficios supuestamente ilícitos que se ocultaron a Hacienda y afloraron después «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años». Anticorrupción atribuye al primogénito una labor capital en la gestión de ese patrimonio y en el reparto entre sus hermanos de esas supuestas mordidas.

Fianza de 7,5 millones

El pasado junio, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la apertura de juicio oral contra Jordi Pujol y sus siete hijos (para quienes pide penas de ocho a 29 años de prisión) por integrar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su predominante posición política en Cataluña. El magistrado le impuso además una fianza de 7,5 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.

Para cubrir esa fianza, el primogénito de Jordi Pujol aportó a la Audiencia Nacional una cuenta bancaria con 3,8 millones de euros (que ya fue embargada por orden judicial en 2015), su colección de coches de lujo valorada en 2,6 millones y un piso en uno de los distritos más caros de Barcelona.

La defensa de Pujol Ferrusola pidió recientemente su absolución argumentando que “tras siete años de profusa, exhaustiva y hasta extenuante investigación con aparatoso despliegue de abrumadores medios policiales”, Anticorrupción sólo había sido capaz de señalar diez supuestas operaciones de blanqueo en las que, subrayaba, “no se ha evidenciado torcimiento del derecho, ni en su trámite ni en su resolución y, aún menos, intervención directa o indirecta” de Jordi Pujol.

Pujol Ferrusola solicitó asimismo la desclasificación de la “operación Cataluña” tras denunciar que la cúpula policial durante el Gobierno de Rajoy se dedicó a “auspiciar” y “activar” el “relato” de la denuncia contra su familia “al margen de toda legalidad procesal y control judicial” recurriendo para ello al comisario José Manuel Villarejo.