El juez no ve “descabellado” que Iglesias y Montero reclamen 20.000 euros al vecino que “acosó” su chalet

El juez que ha abierto juicio oral contra un vecino de Galapagar por el supuesto acoso a la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en 2020 ha ratificado la fianza de 52.267 euros que impuso a Miguel Frontera para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles a las que en su caso sea condenado.

La defensa del acusado -para quien la Fiscalía pide una condena de tres años de prisión- calificó esa cuantía de “absolutamente desproporcionada”, pero el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Collado Villalba (Madrid) la considera adecuada teniendo en cuenta las cantidades que reclaman el ex vicepresidente y la ministra de Igualdad por daños morales.

En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado Javier Carreño admite que “existe seria dificultad en la determinación de lo que se entiende por daño moral”, pero al mismo tiempo mantiene que “la reclamación de una indemnización por daño moral de 10.000 euros” -lo que reclaman para cada uno Iglesias y Montero por ese concepto- “no se considera descabellada”, un argumento que esgrime precisamente para mantener el importe de la fianza y no acceder “a la reducción del importe de la misma”.

Y es que el magistrado defiende que ese importe ha sido calculado “teniendo en cuenta en gran medida la reclamación de una indemnización por daño moral de los perjudicados”. Esa valoración, precisa, queda a criterio de la valoración del órgano judicial de forma discrecional.

Sin necesidad de “alteraciones psicológicas”

Algo que ha determinado, añade, mediante “un juicio global basado en el sentimiento de reparación del daño producido por la ofensa de la víctima”. Atendiendo en todo caso a la gravedad de los hechos y sin que sea necesario, matiza, que ese supuesto daño moral “tenga que concretarse en determinadas alteraciones patológicas o psicológicas”.

El instructor sostiene que aunque la ley de protección al derecho al honor exige tener en cuenta “la difusión o audiencia del medio a través del cual se haya producido la intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad”, hay que tener en cuenta que -pese a que se presupone que Frontera “no ha obtenido ningún beneficio económico”-, no es un delito contra la intimidad “el único que se le imputa”. Sino también, añade, “un delito contra el honor al que se habría dado difusión por internet” y uno de acoso que conlleva la realización “de forma insistente y reiterada, de conductas que alteran el desarrollo de la vida cotidiana de una persona”, al tratarse de unos hechos que “se han alargado en el tiempo” (según la Fiscalía, entre el 15 de mayo y el 12 diciembre de 2020, cuando se le impuso una orden judicial de alejamiento).

El juez ya advirtió a Frontera que de no hacer frente a esa cantidad, ordenaría el embargo de sus bienes hasta cubrir ese importe.

La Fiscalía, 13.800 euros en multas

La defensa del ex vicepresidente del Gobierno y la actual ministra de Igualdad pide para Frontera una pena de un año y medio de cárcel, una multa de 9.000 euros y otros diez mil como indemnización por daños morales a cada uno de ellos. Por su parte, el Ministerio Público reclama, además de una pena de tres años de cárcel, que se le impongan multas que suman 13.800 euros.

La abogada de Frontera recurrió la fianza al considerarla “absolutamente desproporcionada” y “carente de sentido” y reclamó al instructor que la dejase sin efecto o la redujese. Para su defensa, resulta “prácticamente descartable” que se pueda condenar a Frontera a una responsabilidad civil “de tan elevada cuantía”. La letrada se quejó de que al adoptar la medida, el juez no tuvo en cuenta “su situación económica personal”. “Trabaja en la hostelería y esa cantidad no la gana ni en un año”, protestó.

La defensa del ex líder de Podemos le imputa un delito de coacciones continuadas, otro de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Asimismo, reclama que se le condene al pago de las costas procesales.

Para sus abogados, la presencia de Frontera en las inmediaciones de su vivienda acarreó para ambos “una alteración de su vida familiar y sus compromisos laborales” durante meses, por la “limitación de movimientos”, los ruidos y la “incertidumbre y la intromisión en el normal desenvolvimiento familiar y de su intimidad”.

Para su defensa, esa “grave perturbación”, que tilda de “injustificada y antisocial”, excede los contornos del derecho a la “legítima protesta” y a la libertad de expresión al tratarse -asegura- de un “mero insulto” y “hostigamiento”, en definitiva de un “continuo acoso ajeno a protesta y reclamación más allá del acoso a quienes considera enemigos políticos”.