El Gobierno usará fondos de la UE para oficinas de violencia de género por toda España

Todas las comunidades autónomas tendrán que invertir un millón de euros en cada una de sus provincias para levantar una Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. En la puerta del edificio colgará, obligatoriamente, el cartel del Ministerio de Igualdad, y el añadido de «Fondos Europeos», aunque, luego, serán las comunidades las que tendrán que hacerse cargo de los gastos de personal, y, en sí, de la burocracia.

Desde el ámbito autonómico cuestionan esta decisión del Gobierno de coalición, pero tienen que cuidar las formas para que la crítica no resulte políticamente incorrecta dada la sensibilidad y la importancia del tema.

El problema está en que en la mayor parte de los casos las funciones de estas oficinas, que servirán para hacer propaganda del Ministerio de Igualdad, ya están en manos de los servicios sociales, de Cruz Roja y de otras instituciones. La atención ya se presta, y lo que puede salir de esta inversión es más burocracia administrativa, y no más ayudas para las víctimas de la violencia machista.

Así, en Andalucía, por ejemplo, la Junta tendrá que construir o alquilar ocho oficinas, con su respectivo personal, y todas ellas, para que quede claro a los andaluces, bajo el membrete del ministerio que dirige Irene Montero.

En el ámbito autonómico señalan este hecho como ejemplo del «problema de raíz» que está afectando a la gestión de los fondos de la Unión Europea (UE), justo cuando la vicepresidenta, Nadia Calviño, acaba de confirmar que pedirá 10.000 millones de euros en los próximos días.

El Gobierno ha empezado a distribuir los fondos europeos a las comunidades autónomas en las Conferencias Sectoriales. Cada Ministerio informa del destino del dinero, sin que los Gobiernos autonómicos estén teniendo ningún margen de decisión ni en las cuotas ni en el para qué de las inversiones establecidas por Moncloa. Y a pesar de que cada Ejecutivo regional conoce mejor las particularidades de su territorio y sus necesidades.

Ese componente de «inversión ideológica», sin atender a lo que la gente quiere o necesita, y sí a razones políticas, amenaza con llevarse por delante la expectativa de que este desembolso de fondos comunitarios transforme de verdad la realidad económica del país y no se quede en un proceso puntual de creación de empleo.

Con el riesgo añadido de que la burocracia y la nula participación en la toma de decisiones del resto de Administraciones Públicas, y también de la empresa privada, hagan que incluso haya inversiones que no puedan ser ejecutadas en tiempo y forma, como advierten ya desde las consejerías de Hacienda de comunidades de distinto signo ideológico.

Ponen como ejemplo las inversiones establecidas en hacer más sostenibles los edificios, lo que exige que las comunidades de vecinos se pongan antes de acuerdo para solicitar las ayudas en calderas, cambio de ventanas y placas solares. Se anunció un cambio legislativo para hacer más sencillo el acuerdo, que todavía tampoco se ha materializado. «Al final lo que puede ocurrir es que haya partidas establecidas por el Gobierno, pero que no podamos ejecutar porque no haya demanda, y puede pasar con las comunidades de propietarios o con el coche eléctrico», explican desde el área más técnica de un Ejecutivo autonómico que preside el PSOE.

Las dudas que afectan a los Gobiernos autonómicos, a los que Moncloa necesita porque tienen más capacidad de gestión y ejecución, lastran también a las empresas. Hasta ahora, se han abierto muchas expectativas, pero hay muy poca concreción.

Ninguna empresa, ni siquiera las del sector automovilístico que es donde están más avanzados los programas, ha recibido fondos, ni sabe el porcentaje que le corresponde o la ventanilla a la que tiene que acudir para financiar el proyecto. Sí han presentado las llamadas manifestaciones de interés, pero sin recibir respuesta, y, a pesar de ello, en algunos casos han empezado a hacer gasto a la espera de recibir esa respuesta administrativa. La financiación no es al cien por cien.

Las quejas porque haya pasado medio año desde la primera decisión y siga existiendo esta falta de información se están generalizando, y las reglas imponen que las ayudas estén comprometidas y los proyectos en marcha antes del 31 de diciembre de 2023. Luego se dispone de otros tres años para terminar esos proyectos.

A las críticas por la falta de participación se une también la denuncia de que el reparto se haga de forma discrecional, como ha ocurrido con las últimas ayudas directas para el empleo, a cargo de los fondos, que el ministerio que dirige Yolanda Díaz ha destinado al País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura. La Comunidad de Madrid también ha denunciado que recibirá el 50 por ciento de los fondos europeos que realmente le corresponden.

La vicepresidenta Nadia Calviño mostró ayer su confianza en que el primer desembolso, tras el anticipo de 9.000 millones de euros, llegue antes de final de año. Según explicó, «en estos días» culminará el proceso formal y cursarán la solicitud con el objetivo de que el dinero del fondo Next Generation llegue antes de enero. En ese sentido, también confirmó que España ya cumple con los 52 hitos y objetivos requeridos por Bruselas para autorizar el desembolso de ese primer pago de 10.000 millones, que se sumará al anticipo de 9.000 millones (13 por ciento de los subsidios) que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez recibió a finales de agosto. El último requisito antes de presentar formalmente la solicitud afecta al documento técnico que deben firmar todos los Gobiernos con Bruselas y que detalla cómo se realizará la supervisión trimestral y las visitas de los técnicos comunitarios para evaluar que el Gobierno español cumple todo lo comprometido. La Comisión Europea tendrá un plazo de dos meses para evaluar la solicitud y el comité económico y financiero del Consejo, que reúne a representantes económicos de los veintisiete, tendrá otro mes adicional para aprobar el pago.