Sánchez «salva» a Arnaldo para desbloquear el CGPJ

El coste político de desbloquear los órganos constitucionales pendientes está siendo muy elevado para el Gobierno. El pacto para renovar cuatro puestos del Tribunal Constitucional y, en concreto, la candidatura de Enrique Arnaldo –a propuesta del PP– está generando un intenso ruido interno en los partidos que componen la coalición. Si en octubre, cuando se rubricó el acuerdo, se defendía que los elegidos eran «personas de reconocido prestigio y de consenso»; ahora, se reniega de los nombres populares, asegurando que el partido de Pablo Casado es el único responsable de su elección y quien, en consecuencia, debe «responder por ellos». El debate sobre la idoneidad de los perfiles, que socialistas y morados ya avalaron la semana pasada, está alcanzando su máximo apogeo a escasas horas de que hoy se apruebe su nombramiento, en una votación secreta en el pleno del Congreso.

En el seno del Gobierno y del PSOE reconocen la «incomodidad» que este nombre les genera y dicen ser «plenamente conscientes» del currículum de Arnaldo cuando sellaron el acuerdo. Deslizan, en privado, que el batracio que se han «tragado» responde a un fin superior que es el de reconducir las relaciones con el PP, de manera que se vuelva a una senda de normalidad en la renovación de las instituciones. Fue el propio presidente del Gobierno quien puso voz a este malestar ayer en la tribuna del Congreso, reconociendo el rechazo que genera. «A mí no me gustan algunos de los candidatos propuestos por el PP para instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, pero el deber del Gobierno es salvar el acuerdo para renovar las instituciones», llegó a decir.

Sin embargo, el trágala tiene un claro objetivo, que no ocultan en las filas socialistas, y que no es otro que lograr la renovación de la joya de la corona, el órgano constitucional que lleva 1072 días en funciones:el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes socialistas aseguran que están instalados –salvo algunos casos aislados, como el del diputado Odón Elorza– en una estrategia de «perfil bajo» para que el trance pase cuanto antes, pero preservando las negociaciones de mayor relevancia que se están llevando a cabo en paralelo.

A esto obedece el gesto de haber apartado a Elorza de la defensa mañana de la postura ante el Pleno –que siguen sin reconocer los socialistas– tras recibir quejas por parte del PP de la beligerancia en sus argumentos la semana pasada en la Comisión Constitucional. En Moncloa no están dispuestos a frustrar el nombramiento de Arnaldo, porque provocaría el decaimiento en cascada del resto de nombres acordados para los órganos constitucionales pendientes y porque rompería los puentes que han vuelto a tenderse para avanzar en el Poder Judicial. No ocultan su temor a que dar un giro de guion instale de nuevo al PP en el bloqueo.

Antes de Navidad

En las expectativas de Moncloa está poder renovar el órgano de gobierno de los jueces antes de Navidad, por lo que los próximos días se tornan decisivos para encauzar la «buena sintonía» que se ha logrado entablar de nuevo con el PP a raíz de los órganos constitucionales desbloqueados hace semanas. De hecho, el próximo 4 de diciembre se cumplirán tres años en funciones, una grave «anomalía» democrática, que lleva aparejada la consiguiente disfunción judicial, dado que el Congreso aprobó este año la reforma del Poder Judicial para evitar que se realicen nombramientos con el mandato caducado.

De hecho, el Gobierno necesita desbloquear el CGPJ si quiere un Constitucional de mayoría «progresista» a partir del mes de junio. En esas fechas el mandato de otros cuatro magistrados, tres de ellos adscritos al bloque conservador, toca a su fin y la designación de los nuevos magistrados del Alto Tribunal está condicionada por la imposibilidad del Consejo de hacer nombramientos si, para entonces, sigue en funciones.

Esos relevos voltearán la mayoría conservadora en el TC, pues la renovación de ese tercio de magistrados corresponde a partes iguales al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (a razón de dos cada uno). La entrada de tres progresistas (los dos a propuesta del Ejecutivo y otro más a través de la cuota socialista en el Consejo) cambiará las tornas y dejará al sector conservador en minoría, al sumar el bloque progresista siete magistrados.

Si nos atenemos al discurso meramente público, es significativo que el presidente del Gobierno prácticamente haya desterrado –con alguna alusión aislada– lo que hasta ahora era un mantra que repetía insistentemente: afear al PP su «rebeldía constitucional» por mantener bloqueado el CGPJ. Está por ver si esta vez se materializa el pacto.