Un juzgado paraliza la intervención en las criptas del Valle de los Caídos

Accede a “una suspensión cautelar” por “respeto” e “intimidad” de los familiares de enterrados que se oponen a las obras

Un juzgado de Madrid ha paralizado la intervención en las criptas del Valle de los Caídos en respuesta a las demandas –cada una por separado– de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la Fundación Franco y otras seis entidades. En un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid procede a «adoptar la medida cautelar de suspensión del acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el que se resuelve conceder a Patrimonio Nacional licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

La parte recurrente solicitó la suspensión alegando el «Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas».

En concreto, «se trata de unas obras para habilitar el acceso a las criptas» que «hacen inevitable que se deban retirar los restos humanos de 67 personas», por lo que «además de los principios que se aplican para suspender cautelarmente obras supuestamente ilegales realizadas por los ciudadanos en sus viviendas, entran en juego aspectos muchos más transcendentes, protegidos, entre otros por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconocidos en numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Además, señala el auto firmado por la jueza Eva María Bru Peral, que «por medio de la Asociación de la Defensa del Valle de los Caídos nos consta que existen numerosas familias, que por el momento desean mantener su anonimato, si bien han puesto de manifiesto su oposición ante Patrimonio Nacional a que sean trasladados o analizados los restos de sus familiares, por lo que sobradamente consta su negativa a la administración que ha solicitado la licencia de obras concedida por la resolución recurrida».

Expone la magistrada titular que por ello que es necesario «una suspensión cautelar ordinaria, pues de otra manera la tutela judicial efectiva no se cumpliría en caso de obtener una sentencia favorable, pues ya se habría atentado contra el bien catalogado y protegido». Considera que «el interés general no se verá dañado en modo alguno, si las obras ahora solicitadas quedan en suspenso hasta que se dicte sentencia, pues los restos allí enterrados han permanecido en este mismo lugar desde hace más de sesenta años, sin que el interés general haya sido perturbado».

El juzgado considera «razonable» evitar actuaciones que resulten irremediables antes de que se haya examinado el fondo del asunto planteado por el recurso. El auto agrega que no existe daño para la Administración ya que, en caso de que se desestime el recurso, podrán llevarse a cabo las actuaciones urbanísticas planeadas. Por último, alega que «el Estado solicitante de la licencia de obras menor no tiene disponibilidad sobre el bien inmueble que es de propiedad de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

El letrado del Ayuntamiento alega por su parte que «en caso de ejecutarse la obras y estimarse finalmente el recurso formulado de contrario, la solución pasaría tan llana y simplemente por su desmonte». Mientras que el abogado del Estado, en defensa de Patrimonio Nacional, dice desconocer «cuáles son los supuestos daños irreparables que pretenden evitarse» y habla de «falta de legitimación» de «la parte actora», porque «no es familiar de los fallecidos ni cuenta con título alguno que le otorgue» su «representación» o, en el caso de la Fundación Franco, apunta que «es un tercero completamente ajeno».

Guillermo Rocafort, secretario de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, cree que con el fallo «se evita una agresión contra un monumento protegido» y «se garantiza el derecho a la intimidad de las propias víctimas y sus familias, que no tienen por qué verse afectadas porque se remuevan las criptas para buscar a otros». En este sentido, el auto coincide con el planteamiento de un informe del Ministerio de Universidades sobre el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, que alertaba precisamente del peligro de «vulneración de la intimidad de las víctimas», según publicó este periódico.