La principal asociación de jueces exige a los partidos que “cumplan su obligación” y renueven ya el CGPJ

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha vuelto a urgir a que se lleve a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva ya casi tres años en funciones (los cumplirá el próximo 4 de diciembre).

Con motivo de la celebración de su XXV congreso nacional en Córdoba -en el que ha sido elegida nueva presidenta la decana de los Juzgados de Madrid, la magistrada María Jesús del Barco-, la asociación de jueces ha puesto de manifiesto a través de un comunicado que “exige al Congreso y al Senado que cumplan con su obligación constitucional de renovación del CGPJ y, al mismo tiempo, que “procedan al cambio del sistema de designación de los doce vocales de procedencia judicial, garantizando que su elección se lleve a cabo de modo directo por los jueces y magistrados como reclama la Unión Europea.

Esta nueva reclamación -que ya han hecho conjuntamente las cuatro asociaciones judiciales, aunque la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) no la vincula a la renovación del Consejo y aboga por abordar a posteriori la reforma parlamentaria- llega en un momento en el que según fuentes de la negociación el acuerdo entre el Gobierno y el PP podría estar cercano y podría producirse incluso antes de que el órgano de gobierno de los jueces cumpla esos tres años con el mandato caducado, un hecho sin precedentes en la historia de la institución.

La asociación que hasta ahora presidía el magistrado Manuel Almenar considera que el Gobierno debería escuchar las recomendaciones de la Comisión Europea y observar las conclusiones del informe Greco e impulsar una reforma legal que avale que esos doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por la propia carrera, ahuyentando “la apariencia de politización”.

Una línea roja para el PP

Ahora, son el Congreso y el Senado los que, por mayoría de 3/5 en cada caso (lo que exige un acuerdo entre los dos principales partidos) eligen a diez vocales cada uno, seis de ellos jueces y magistrados con más de 15 años de experiencia y otros cuatro juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. Lo que reclaman precisamente esas tres asociaciones y tanto PP (que ha hecho de esta cuestión una de sus líneas rojas en las negociaciones con el Gobierno) como Vox y Cs es que la designación de esos doce vocales que -según la ley- deben ser elegidos “entre jueces y magistrados” corresponda a la propia carrera y no a las Cortes.

El pasado abril, tanto la APM como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente trasladaron a la Comisión Europea en una reunión telemática la necesidad de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces dejando en manos de la carrera la elección de doce de sus 20 vocales. Tampoco estaba en esa foto JJpD, que el pasado mayo achacó el bloqueo de la institución a las “injustificables excusas” del PP, que precisamente exige al Gobierno que garantice esa reforma legal que deje en manos de los propios jueces la elección de esa docena de vocales.

También la Asociación Francisco de Vitoria

En la inauguración ayer en Alcalá de Henares (Madrid) de la XXXV Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda en número de asociados, su portavoz, Jorge Fernández Vaquero, ya se quejó de que “llevamos dos años empantanados con la renovación del CGPJ y el cambio de sistema de elección de vocales judiciales”. Un cambio que la asociación considera “inevitable” y que “llegará antes o después, porque es una exigencia para la salvaguarda institucional del Estado de Derecho en un espacio europeo de libertades”.

Fernández Vaquero también se quejó -en presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop- de los ataques al poder judicial. “Ninguna de las carencias de nuestra Justicia podrá solucionarse mientras los poderes políticos no confíen en los jueces”, afirmó.

Y es que para la asociación se desconfía de los jueces “cuando se toleran ataques o descalificaciones que sólo persiguen deslegitimar al conjunto del sistema judicial”, o “cuando se cuestiona directa o indirectamente su compromiso con los valores constitucionales” o “se intenta influir sin disimulo en la composición de los tribunales sobre bases ideológicas”.