La Ley de Memoria que quiere acabar con el 20-N

Miembros del Patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), rindieron ayer homenaje al «Generalísimo» en el cementerio de Mingorrubio. El viernes, la entidad tuvo su cena anual, con más de trescientos asistentes, y se han celebrado misas o se van a oficiar en ciudades de toda España (Albacete, Alicante, Badajoz, Granada, Ceuta, Sevilla, Zamora, Zaragoza, Málaga y Madrid). En la capital se celebra mañana la organizada en la calle Velázquez por la Fundación Franco, a la que suele acudir la familia. Celebraciones que han sido especialmente criticadas estos días, con la nueva normativa sobre Memoria Histórica en ciernes. Costumbres de un 20-N que este año puede haber sido el último antes de que el Gobierno apruebe la Ley de Memoria Democrática y proceda, como prevé la norma, a la ilegalización de la Fundación Franco, preparada para afrontar este desenlace. La última palabra estará en manos de la Justicia.

Es una de las medidas de un texto que amplía la Ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, que prevé la incorporación de la enseñanza de la «represión franquista» en las escuelas, la creación de un banco de ADN para identificar a los fusilados que sean recuperados de fosas comunes y cunetas, y cuya principal novedad es que incluye multas, que van desde los 600 hasta los 150.000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo de lugares de memoria democrática. En este sentido, se avanza sobre lo regulado en la norma de Zapatero, que no preveía multas, y podrán ser castigadas conductas como la negativa a retirar símbolos franquistas de los edificios públicos.

El texto pasó esta semana por el Congreso con la adición de medidas por parte del PSOE y Unidas Podemos, que buscaban el apoyo de ERC y Bildu tras incluir sus demandas. Los socios del Gobierno de coalición han llegado a un acuerdo para tratar de abrir una vía que, más allá de la Ley de Amnistía de 1977, permita investigar y juzgar los crímenes del franquismo, al presentar conjuntamente una enmienda a la Ley de Memoria Democrática en trámite.

Esta enmienda da una alternativa a la propuesta de ERC y otras fuerzas de izquierda que apoyan al Ejecutivo en el Parlamento para derogar diversos aspectos de la Ley de Amnistía con el propósito de evitar la «impunidad» sobre los «crímenes de lesa humanidad» cometidos durante la dictadura.

Su opción consiste, en vez de derogar esta norma clave en el período de la Transición, en marcar una senda para sortearla mediante una amplia interpretación de la aplicación del derecho internacional y humanitario en España. Sin embargo, Félix Bolaños ha señalado que esas enmiendas lo que hacen es «poner en valor tanto la Ley de Amnistía» como los tratados internacionales, pero que no cambian la situación jurídica actual. Habría una «reparación» simbólica, pero no penal. Los juristas opinan además que la nueva norma es de difícil aplicación.

De las 30 modificaciones registradas conjuntamente, y que necesitan recabar el apoyo de otros grupos para salir adelante en la Comisión Constitucional del Congreso, esta es la de mayor alcance y con mayor relevancia jurídica, pero hay otras significativas con muchas posibilidades de lograr luz verde. Como la propuesta para cambiar el nombre del Valle de los Caídos por el del accidente geográfico donde se encuentra ubicado: el Valle de Cuelgamuros, para quitarle las connotaciones ligadas al franquismo. Y con Primo de Rivera en las criptas o fuera del enclave.

En sus enmiendas por separado, ERC y JxCAT han propuesto el mismo cambio en la denominación del recinto, cuya completa «resignificación» aborda el proyecto.

También se admite la posibilidad de resarcir económicamente a las víctimas del franquismo y sus descendientes, con una regulación posterior «en los términos que se establezcan». JxCat pide pagar 60.000 euros a los herederos si no tienen pensión o indemnización, y también compensar a los gobiernos catalán, valenciano y vasco por los «perjuicios» causados.

Otro ámbito de preocupación de los socios de Gobierno es el acceso «libre, gratuito y universal» a los archivos privados con documentos históricos sobre la Guerra Civil y la dictadura, lo que podría afectar de nuevo a la Fundación Francisco Franco, que custodia documentación, aunque microfilmada y a libre disposición en Salamanca.

Y en cuanto al fiscal de sala cuya creación ya figura en el proyecto, proponen fijar sus funciones en el impulso de la búsqueda de víctimas, dentro de una investigación de hechos que supongan «violaciones del derecho internacional» y humanitario, incluyendo el golpe de 1936, la guerra y la dictadura. EH-Bildu pretende, por su parte, que el 18 de julio sea declarado «Día de condena del golpe fascista».

Así, este 20-N, «una fecha simbólica», se ha visto con otra perspectiva desde la Fundación Franco. «Ese día de 1975 falleció el Generalísimo. 39 años antes había recogido una España mísera e ignorante y a su muerte quedaba una nación que era la octava potencia industrial del mundo y una clase media que posibilitó la transición democrática», dice Juan Chicharro, su presidente ejecutivo.

«La transformación social y económica de España no había tenido tanta fuerza como hasta ese día. Hoy, la tergiversación histórica de su figura propiciada por una izquierda compuesta en gran medida por personas provenientes del ascenso social que el franquismo les consiguió es tal que las jóvenes generaciones desconocen quién fue realmente Franco», apunta el general de Infantería en la reserva. «La historia colocará pronto a cada uno en su sitio. Es cuestión de tiempo salvo que España caiga definitivamente en manos del comunismo que se presenta hoy con otros collares. La hipocresía de la denominada izquierda caviar caerá pronto presa de sus mentiras».