La mano derecha de Delgado “sugirió” dilatar el «caso Stampa»

El fiscal jefe de Madrid decretó el archivo semanas antes de que se celebrara el Consejo Fiscal en el que no se renovó en el cargo al exfiscal del caso Villarejo

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ofrece un discurso en el acto conmemorativo del 40 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal celebrado en Madrid, este lunes
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ofrece un discurso en el acto conmemorativo del 40 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal celebrado en Madrid, este lunes FOTO: Emilio Naranjo EFE

La salida del fiscal Ignacio Stampa de Anticorrupción, lugar donde estaba a cargo del caso Tándem o caso Villarejo, está provocando un tsunami dentro de la Fiscalía General del Estado un año después de que se produjera. Éste ha llevado a los tribunales a la Fiscal General, Dolores Delgado, a quien acusa de tener interés personal dentro de la causa y de maniobrar para que el Consejo Fiscal en el que se decidió sobre su plaza (que no fue renovada, sino que fue enviado a un puesto en la Fiscalía de Madrid) creyera que sobre él pesaba una investigación que, en realidad, se había pedido cerrar hasta en dos ocasiones. LA RAZÓN ha tenido acceso al expediente que muestra las comunicaciones entre la mano derecha de Delgado y el Fiscal instructor del “caso Stampa”.

Una de las páginas de la sentencia
Una de las páginas de la sentencia FOTO: La Razón (Custom Credit)

El Consejo Fiscal en el que se decidió sobre una serie de puestos de la Fiscalía Anticorrupción se celebró el 27 de octubre de 2020. Stampa no obtuvo ningún voto, si bien su compañero en el caso sobre el comisario Villarejo, Miguel Serrano, sí consiguió consolidar la plaza.

Vox había interpuesto una denuncia para esclarecer si Stampa había cometido un delito de revelación de secretos con una de las abogadas personadas en Tándem, Marta Flor que defendía a Podemos. La Fiscalía de Madrid incoó diligencias en julio de ese año, pero en las comunicaciones entre el entonces Fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, y el Fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, se evidencia que en el momento en el que se celebró el Consejo que decidía sobre los nombramientos, la investigación se había querido cerrar. Stampa acusa a Delgado de no haberlo comunicado a sus compañeros y de tratar de dilatar estas diligencias para que él fuera apartado.

En un correo del 5 de octubre, Caballero Klink informa del borrador del decreto de archivo de la denuncia que Vox había presentado contra Stampa para saber si filtraba información a la abogada de los morados. La mano derecha de Delgado, Álvaro García Ortiz, le contesta con unas “sugerencias” para que la investigación siga en curso. Le propone entonces que tome declaración como testigo a José Manuel Calvente -exabogado de Podemos y la persona que denunció el “caso Neurona”- y al propio fiscal Miguel Serrano, de quien dice que la citación podría ser “muy esclarecedora”.

Además, le pide que le mantenga informado en todo momento: “ruego a V.E. mantenga este cauce de comunicación, haciendo llegar los nuevos hitos procesales de relevancia que se adopten en relación con el mismo”.

Estas diligencias se practican y el 23 de octubre, es decir, cuatro días antes de que el Consejo Fiscal se reuniera, el Fiscal Superior de Madrid vuelve a acordar el archivo de las diligencias en un documento de 12 páginas en el que expone todos los pasos que se han llevado a término para concluir que Stampa no filtró información a Podemos. La abogada afectada, Marta Flor, declaró que tuvo comunicaciones con los fiscales del caso pero negó categóricamente cualquier vínculo sentimental con ninguno de ellos; otro letrado de la formación, Alejandro Gámez, aclaró que nunca se les dio información alguna sobre la causa declarada secreta y manifestó que no existía trato de favoritismo porque de 44 peticiones instadas en la causa por la acusación popular, la Fiscalía únicamente les avaló en tres supuestos; el fiscal Anticorrupción Miguel Serrano indicó que dada la complejidad del procedimiento sí se reunieron con los abogados, pero siempre dentro de la Fiscalía y señaló que los medios de comunicación habían publicado documentos que no obraban ni siquiera en la causa sobre Villarejo y que muchas veces les achacaban a ellos las filtraciones.

Por último, también se entrevistó a Calvente que fue el único que aseguró que la relación entre la abogada y el fiscal iba más allá de la convenientemente profesional y que Flor sí tuvo información privilegiada, pero no supo concretar cual. Ante esto, el fiscal instructor envió un correo nuevamente informando a la Fiscalía General de su decisión.

La Fiscalía pide más diligencias tras el archivo

Una vez Stampa ya no se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción y días después de que se haya celebrado el Consejo Fiscal que decidió esto, la mano derecha de Delgado pidió a la Fiscalía de Madrid el expediente completo de lo que se ha investigado. García Ortiz se leyó el mismo y envió un nuevo correo dirigido directamente a Caballero Klink en el que le proponía que siguiera investigando porque las declaraciones que ha tomado no habían sido precisas, porque podía solicitar unos correos al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Alejandro Luzón, y porque podía pedir nuevas citaciones como la periodista Patricia López.

“Del visionado de la grabación que contiene la declaración testifical del Sr. Calvente se deduce que este dispone de información (correos, chats...) sobre los hechos objetos de las actuaciones, que no le fueron requeridos y sobre los que no fue interrogado, deduciéndose, asimismo, la posibilidad de un interrogatorio más amplio y esclarecedor sobre los mismos”, indica García Ortiz.

De esta forma, le propone que entreviste a la periodista Patricia López, que según su versión formaba parte del grupo de chat del equipo jurídico porque se menciona la existencia de un correo electrónico de Marta Flor al fiscal Alejandro Luzón para manifestarle que estaría dispuesta a reconocer su relación con el denunciado como algo exagerado a cambio de que no se investigase a Pablo Iglesias. “Es por lo que resultaría procedente recibir declaración testifical a Dª Patricia López y requerirla para que aporte la documentación de que disponga”, dice el fiscal jefe de la Secretaría Técnica. Además, propone que “procedería la remisión de oficio” a Luzón para que aportara esos correos si existieran. La investigación prosiguió hasta febrero y, finalmente, terminó archivada.

Dolores Delgado consideró “gravísimas y difamatorias imputaciones” las realizadas por Stampa y este miércoles abordará el tema con el resto de miembros del Consejo Fiscal.