Los tribunales revisarán las comunicaciones entre los fiscales por el “caso Stampa”

El revuelo suscitado a raíz del “caso Stampa” en el Ministerio Público no parece haber terminado y, en concreto, una de las derivadas que se encuentra recurrida en la vía contenciosa-administrativa puede cambiar la manera de entender las comunicaciones hasta ahora de estos funcionarios. El fiscal Ignacio Stampa quiso conocer no solo su procedimiento cuando estuvo investigado, sino también las comunicaciones que se produjeron al margen de éste entre el fiscal instructor y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz. Ahora serán los magistrados los que decidan cuánta información tiene derecho a recibir un imputado.

“El artículo 25 es clave”, indica una fuente dentro de la Fiscalía General del Estado. Bajo el paraguas de este artículo del Estatuto Fiscal, Dolores Delgado, por ejemplo, puede recibir información de sus compañeros sobre determinados asuntos como las investigaciones relativas a aforados. “Los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”, reza el texto. Y además, se otorga “análogas facultades” a los Fiscales Superiores de las comunidades Autónomas respecto a los Fiscales Jefes de su ámbito territorial.

Para entenderlo es útil trasladarlo a lo sucedido en el “caso Stampa”. La Fiscalía de Madrid abrió diligencias contra Ignacio Stampa para determinar si había cometido un delito de revelación de secretos, contando detalles sobre el asunto de Villarejo (que llevaba él en la Fiscalía Anticorrupción) a una abogada personada en el procedimiento. El fiscal jefe de la Secretaría Técnica, un puesto de máxima confianza de Dolores Delgado, pidió toda la información sobre cómo se estaba instruyendo el caso. Algo que ellos llaman “dación de cuenta”. Y, además de requerir los datos, también “sugirió” hasta en dos ocasiones que no se cerrara el procedimiento contra él y que se practicaran una serie de diligencias, como contó este periódico. Si bien estas sugerencias no son de obligado cumplimiento.

La investigación terminó cerrándose sin haber acreditado delito alguno y Stampa, entonces, quiso obtener su expediente. Lo consiguió, pero no completo. Se había extraído precisamente estos correos de la Secretaría Técnica al fiscal instructor. Amparándose en el artículo 25, se apartaron las mails que cruzados cuyo asunto era, precisamente, “dación de cuenta”.

Stampa consiguió los correos por su cuenta, pero acudió a los tribunales para que se le concediera el derecho a los mismos. Este asunto se encuentra dirimiéndose en la sección séptima de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los magistrados han dado traslado a las partes para que se pronuncien, de lo que se prevé que la Abogacía del Estado -en defensa del Ministerio Público- alegue que este artículo 25 ampara el secreto entre las comunicaciones de los fiscales.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado defienden que, aunque en este caso el investigado sea un fiscal, su cercanía con los investigadores no lo hace menos investigado. Defienden que es necesario que esta “dación de cuenta” se mantenga porque se trata de un diálogo interno en el seno del Ministerio Público, que a veces se hace por teléfono, otras veces por Whatsapp y otras, como este caso, por escrito, pero que es necesario por dos motivos: primero, por el principio de unidad de actuación de la Fiscalía y, segundo, porque se trata de un órgano jerárquico en el que la fiscal general debe estar informada de todo.

Por su parte, el recurso de Stampa mantiene lo contrario y no es el único. El propio fiscal instructor de su investigación, Carlos Ruiz de Alegría, ha declarado en una entrevista este jueves en El Periódico que “esas comunicaciones internas tuvieron la intención de influir en la instrucción del procedimiento. Y en efecto influyeron” y, por tanto, el investigado tiene derecho a conocerlas.