El castellano como campo de batalla político

La inmersión lingüística en Cataluña nació en la década de los 80 para garantizar que los jóvenes llegaran a su edad adulta con el conocimiento pleno de ambas lenguas. Hoy, este objetivo se mantiene porque las escuelas adaptan las enseñanzas del catalán y del castellano a sus entornos, amparado en la última ley educativa que eliminó el castellano como lengua vehicular. De hecho, los claustros de los centros, que tienen autonomía para adaptar la enseñanza, se amoldan a la realidad de sus zonas geográficas aunque ciertamente está descompensada en una discriminación positiva al catalán.

Sin embargo, la realidad bilingüe de la escuela catalana es utilizada como ariete contra el adversario político. El independentismo lo azuza asegurando que el catalán ha perdido presencia –la última encuesta oficial dice que solo lo utiliza el 21,4% de los alumnos frente al 67,8% de 2006– y a través de asociaciones como Plataforma per la Llengüa se utilizan topos para ver quién habla, o quién no, catalán en los patios de los colegios y se ha incrementado la presión a comercios, bares y restaurantes para obligar a utilizar la lengua catalana con sus clientes.

«Si no hablas catalán, márchate», escribieron en la entrada de una pizzería hace escasas semanas o se pone en cuestión que la Generalitat haya contratado a 600 enfermeras y enfermeros porque no hablan la lengua de Pompeu Fabra. Hace unos años, una asociación de intelectuales firmó, entre ellos la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, el manifiesto Koiné que abogaba que el catalán fuera la única lengua en Cataluña.

En el sector contrario, diversas entidades iniciaron una cruzada contra el bilingüismo que tras varios fracasos –apenas un centenar de familias pedían la enseñanza en castellano en cada curso– cogió fuerza con la demanda que presentó el ministro Méndez de Vigo en 2015. Tras esta demanda, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que el castellano debería doblar su presencia en las escuelas para situarse en un 25%. Actualmente, los porcentajes varían desde el 12% de primaria hasta el 26% en bachillerato y un 19% en ESO.

¿Qué significa alcanzar un mínimo del 25%? Significa que en educación primaria con 25 horas lectivas 6,25 deberán ser en castellano y en secundaria con 30 horas lectivas se tendrá que usar el castellano en 7,5 horas. Es decir, además de la asignatura de castellano se deberá usar esta lengua en al menos una asignatura troncal –obligatoria–. En la mayoría de centros escolares, esta segunda materia suele ser matemáticas e incluso en algunas zonas se estipula una tercera por ser el catalán dominante. Lo hacen los centros en uso de su autonomía para configurar los planes de estudio, aunque también en algunos centros los sectores más radicales reducen al castellano únicamente en la asignatura donde se imparte como lengua.

Sin embargo, la sentencia ha sido utilizada por las fuerzas independentistas para aunar fuerzas tras la ruptura en la negociación de los presupuestos. «El catalán no se toca», argumentó el presidente Aragonés, sin que en ningún momento mentara el fracaso del inglés que a parte de la clase de este idioma apenas tiene presencia en el currículum escolar. La sentencia salió en el momento en el que ERC sacaba pecho por su pacto lingüístico en la Ley del Audiovisual que garantizaba que una de cada cinco películas se realizará en gallego, euskera o catalán, lo que avivó las críticas contra los republicanos que se aprestaron en levantar la bandera a favor del catalán para evitar la erosión de Junts y la CUP. Los primeros molestos por la ruptura independentista y los segundos por haber sido expulsados de la mayoría.

El conseller Josep González Cambray envió una carta a los directores de los centros en los que aseguró «no tenéis que hacer ningún cambio en vuestros proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia», una forma de pasar la pelota sobre la ejecución de la sentencia a los directores de los centros. «Si la sentencia no se ejecuta, los directores, como responsables del proyecto educativo de sus respectivos centros, tendrán que rendir cuentas antes la Justicia. Y podrán ser multados e incluso inhabilitados para ejercer sus funciones ya que son funcionarios y no pueden desobedecer un fallo judicial», apuntan desde la organización Asamblea por una Escuela Bilingüe.

El líder del PSC, Salvador Illa, se preguntó cual era el problema para ampliar el castellano a una materia troncal, cuando en la mayoría de centros ya se realiza esta actividad y se autoexcluyó del cónclave convocado por Aragonés con todas las fuerzas políticas y entidades independentistas porque se excluyó a PP, Ciudadanos y VOX. Para el PSC, la inclusión de una segunda materia troncal no supone «ningún riesgo» para el modelo de inversión.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por ponerse de perfil aunque Aragonés le exige que apoye en público el proyecto de inmersión lingüística. De momento, la ministra de Justicia se ha refugiado en un «iremos viendo» porque ahora tras el auto del Supremo es el TSJC el que tiene que pedir que la sentencia se ejecute. El líder del PP, Pablo Casado, se ha ofrecido para impulsar un «155 educativo», algo difícil de encajar en el actual ordenamiento jurídico. Cuando el TSJC emita una orden de ejecución, la Generalitat tendrá un plazo de diez días para responder y deberá designar un responsable. El Gobierno no parece que solicite su cumplimiento pero si lo hará la Asamblea de la Escuela Bilingüe. Esta solicitud deberá ser admitida por el TSJC lo que abre una nueva batalla judicial.