La Fiscalía prorroga seis meses la investigación de Juan Carlos I a la espera de la información de Suiza

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este jueves un decreto por el que se alargan las diligencias hasta junio de 2022

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha prorrogado las diligencias abiertas contra el rey Juan Carlos I a la espera del análisis de los datos que han solicitado a Suiza. Era lo previsible porque el plazo de la investigación termina el próximo 17 de diciembre y todavía quedan flecos pendientes de los detalles que aporte el país helvético. Por eso, hace unos días los fiscales españoles a cargo del asunto solicitaron una ampliación y, según han confirmado fuentes del caso a LA RAZÓN, la rúbrica para alargar estas diligencias -que necesariamente debe ser de la cabeza del Ministerio Público- se ha puesto sobre el papel este jueves.

El nuevo plazo, que computará igualmente a partir del 17 de este mes y se extiende hasta junio de 2022, no tiene por qué agotarse. De hecho, el equipo de fiscales del Tribunal Supremo, dirigidos por el teniente fiscal, Juan Ignacio Campos, no tiene previsto hacerlo. Desde hace semanas tienen casi listo el decreto de archivo de las diligencias, pero no quieren precipitarse. El motivo por el que han necesitado esta concesión de prórroga (la tercera ya) se circunscribe simplemente a que no quieren pillarse los dedos, dejando fuera la documentación que Suiza envíe. En concreto, se trata de unos datos bancarios de, al menos, los años 2014, 2015 y 2016, periodo en el que el monarca ya no gozaba de la inviolabilidad.

Fuentes de la investigación aclararan que esta petición de prórroga se refiere específicamente a una de las tres líneas de investigación que hay abiertas: la relativa a las cuentas de Juan Carlos I en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Del análisis de lo que envíen los investigadores suizos no se esperan grandes cambios en la intención de archivo del Ministerio Público, tal y como contó este periódico. El equipo de fiscales tiene decidido no presentar querella contra el monarca porque, tras lo indagado hasta ahora, consideran que no hay elementos suficientes para perseguir al padre de Felipe VI por delitos fiscales. Y más, teniendo en cuenta que éste, a través de su abogado Javier Sánchez-Junco, ha presentado ya dos regularizaciones (una en diciembre de 2020 y otra en febrero de 2021) por cerca de cinco millones de euros.

Esta nueva fecha en el calendario concede cierto oxígeno a la Casa Real respecto del discurso que el actual Rey pronuncia de forma anual el 24 de diciembre. Se había especulado con la idea de que el archivo de la causa coincidiera con los días previos a la aparición en las pantallas del monarca. Algo que, sin duda, no sería cómodo puesto que el Ministerio fiscal tiene previsto hacer entonces público todo el informe con los pasos y las diligencias que en estos años se han dado en torno a las cuentas en el extranjero del padre de Felipe VI. Ahora, la Fiscalía aleja esta posibilidad.

El sobreseimiento de las diligencias pondría fin a más de dos años de investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, pasó a manos de los fiscales del Supremo por la condición de aforado del monarca. Lo cual no ha hecho al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se desvincule de las indagaciones y, de hecho, las fuentes consultadas indican que en el decreto de archivo irá su firma y la del fiscal Campos.

En este sentido, la Fiscalía ha chocado con tres muros alrededor de la legislación vigente para perseguir cualquier delito que Juan Carlos I pudiera haber cometido. En primer lugar, la inviolabilidad del monarca. La mayoría de los hechos delictivos que, presuntamente, se le atribuyen fueron cometidos antes de 2014 mientras ostentaba la Jefatura del Estado y, por tanto, contaba con la absoluta protección que le otorga la Constitución. En segundo lugar, algunas de las actividades que indiciariamente pudieran ser irregulares habrían prescrito. Y, por último, los hechos que sí pudieran tener consecuencias penales han resultado sin la consistencia probatoria suficiente para imputárselos al rey Juan Carlos.

Cabe recordar que las líneas de investigación se han ramificado en tres vertientes. La relativa a esta prórroga se abrió después de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPLAC) que alertaba del movimiento de unas cuentas en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Por otro lado, el supuesto cobro de comisiones millonarias por la concesión del AVE a la La Meca a empresas españolas. Y, por último, el presunto uso irregular por parte del padre de Felipe VI y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no están como titulares. En estas diligencias se analiza si Juan Carlos I utilizaba a un militar de su confianza como una suerte de testaferro para recibir fondos que le enviaba el empresario mexicano Allen Sanginés Krause.