La Audiencia Nacional avala a un juez francés que intervino el “chat de los narcos”

Entre junio y julio de 2020 la policía europea llevó a cabo una macrooperación que se saldó con la detención de más de 800 criminales y narcotraficantes en distintos países miembros. El punto en común entre todos los delincuentes era Encrochat: un servicio de mensajería instantánea encriptado que utilizaban para comunicarse. Una suerte de Whatsapp muy seguro e infranqueable. Pero falló. Ahora, esta prueba ha llegado a la Audiencia Nacional y el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea acaba de avalar que se utilice esta información en una causa judicial en España, según un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Un juez de Lille remitió el 10 de noviembre del pasado año detalles de las comunicaciones de varios procesados a la Fiscalía Antidroga española, después de que en Francia se diera luz verde a la interceptación de todo el servicio y no de mensajes entre usuarios concretos. Los servidores de Encrochat estaban allí y las autoridades señalaron quemás del 90% de sus usuarios franceses participaban en actividades delictivas, por lo que se abrieron distintas investigaciones al respecto. Y no solo, además repartieron todo lo que habían encontrado a diferentes países afectados.

Lo recibido en la Audiencia Nacional tiene que ver con dos imputados por tráfico de drogas. A uno de ellos se le investigaba en un inicio por blanqueo de dinero después de una operación inmobiliaria sospechosa en Marbella. Luego, la policía sueca remitió datos sobre una aprehensión de 6 kilos de hachís y dijo que estaba involucrado en la trama.

La cuestión que ahora aducen ambos es que con la intervención de Encrochat se vulneraron derechos fundamentales, por lo que pidieron que se apartara por completo esta prueba. En un auto del 30 de noviembre, el magistrado Gadea desestima esta nulidad. El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía y se ampara en la cooperación recíproca y la confianza entre los estados de la Unión Europea. El magistrado viene a decir que no puede quitarle la razón a un igual en Francia.

Las defensas de los acusados señalaban vulneración del derecho a las comunicaciones y a la intimidad, e incluso, pedían una pieza separada para que todas las derivadas que hubieran salido del análisis de Encrochat se apartaran del caso. Dicen que las intervenciones telefónicas fueron prospectivas e indiscriminadas y que, si se ajustaban al derecho francés, al español no.

Nada de eso, contesta el juez. Ni el acceso policial fue desproporcionada ni la investigación indiscriminada porque todo estaba en el marco de una causa judicial y, por tanto, tenía el paraguas necesario para que la operación se llevara a cabo. De hecho, ya estaba en marcha en 2017 y se constató que el uso de todo el sistema era delictivo. Así lo demuestra, entiende el juez, el hecho de que la propia empresa advirtiera a sus usuarios (cuando supo que sus sistema de encriptado ya no estaba a salvo) de que habían sufrido una “incautación ilegal” y animaba a que se deshicieran “físicamente de los terminales.

A más a más, la presencia de Europol y Eurojust garantiza que todo está en orden, aclara Gadea. El juez galo sabía lo que hacía y lo hizo respetando los derechos, así que desestima todo lo pedido por los abogados.

El instructor remarca que hay un “consolidado cuerpo jurisprudencial en relación a las consecuencias derivadas de la existencia de un espacio judicial europeo, en el marco de la Unión fruto de la comunión de unos mismos valores”. Pero de lo que no hay precedentes es de una intervención de comunicaciones a esta escala. Sobre el auto cabe recurso, así que el camino judicial todavía puede ser largo.