El primer reto de consenso para el “nuevo” TC: las recusaciones de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) celebra hoy su primer pleno tras la renovación pactada por PSOE y PP que supuso la llegada a la institución de cuatro nuevos magistrados. Será, además, el primero con Pedro González-Trevijano como presidente, que se ha marcado como objetivo priorizar el consenso en la toma de decisiones por encima de la división en bloques de sensibilidad progresista o conservadora.

Como suele ser tradicional tras la llegada de nuevos magistrados -en este caso los conservadores Enrique Arnaldo, muy contestado desde la izquierda, y Concepción Espejel, y los progresistas Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán-, se impone una cierta moratoria antes de abordar los asuntos de mayor calado que tiene pendiente el tribunal de garantías, para dar tiempo a los recién llegados a estudiar los asuntos que están sobre la mesa del TC. Será por tanto, admiten fuentes de la institución, un pleno “de perfil bajo”, algo que previsiblemente sucederá también con el que se celebre tras el parón navideño a finales de enero.

Pero pese a que se trate de un pleno de guante blanco, la apuesta por el consenso del nuevo presidente se topará ya con la primera piedra de toque tras la decisión de González-Trevijano -comunicada ayer in extremis- de abocar al pleno los incidentes de recusación planteados por Carles Puigdemont y otros condenados del “procés” contra los magistrados conservadores Espejel y Arnaldo, a quienes pretenden apartar de la resolución de los recursos vinculados con el “procés” al cuestionar su imparcialidad.

La iniciativa de la defensa de Puigdemont -que secundan también Oriol Junqueras y otros ex consellers que han recurrido en amparo ante el TC- obligará en ese caso al Pleno a pronunciarse, en primer lugar, sobre un posible rechazo de plano (sin entrar a valorar siquiera el fondo de la pretensión) de los incidentes de recusación. Algo que no parece probable, aunque solo sea para evitar un futuro tirón de orejas del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.

La línea roja: al menos dos tercios de sus miembros

En caso de tramitar el incidente de recusación, habría que designar un instructor que abra un periodo de alegaciones antes de que el TC se pronuncie al respecto. Pero, además, la defensa del líder independentista ha pedido que González-Trevijano se abstenga de decidir sobre la recusación de Arnaldo por su “relación de amistad” con el magistrado.

Pero, sobre todo, el pronunciamiento del Pleno sobre este asunto se enfrenta a otro posible contratiempo que puede dejar al tribunal de garantías maniatado a la hora de pronunciarse sobre los recursos del “procés”. Ausente por baja médica desde el pasado agosto (y sin visos de una próxima reincorporación) uno de los doce magistrados, Alfredo Montoya, y habiéndose apartado del conocimiento de esos recursos otros dos, el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y el ex fiscal del Tribunal Supremo Antonio Narváez, solo quedan nueve magistrados para abordar los mismos.

Solo uno más de los que la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC fija como imprescindibles para que haya quorum. Su artículo 14 lo deja bien claro: “El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan”. Es decir, que si Arnaldo y Espejel son recusados, el Pleno se quedaría únicamente con siete magistrados, sin el requerido quorum para pronunciarse sobre los recursos del “procés”, cuya resolución quedaría por tanto paralizada.

No obstante, fuentes del tribunal cuestionan esta interpretación y apuntan que al estar un magistrado de baja, el Pleno está compuesto ahora mismo por once magistrados, lo que abriría la puerta a que incluso se considerase suficiente la presencia de siete magistrados para la adopción de acuerdos en los recursos del “procés”.

El precedente de Conde-Pumpido y Narváez

En todo caso, el precedente de la abstención de Conde-Pumpido y Narváez puede ser un obstáculo para el consenso en relación a los incidentes de recusación planteados, dado que ambos optaron por echarse a un lado para no comprometer las futuras sentencias.

Aunque dijo no apreciar causa justificable de recusación, el pasado abril el ex fiscal general del Estado se apartó de la deliberación de los recursos del “procés” paraevitar que, de lo contrario, en el fututo se pudiesen deslegitimar por la Justicia europea las resoluciones que adopte al respecto el TC.

Dos meses antes, Narváez había hecho lo propio. El ex fiscal del Supremo fue recusado por los condenados en el juicio del “procés” por haberse referido en 2017 al referéndum ilegal del 1-O en Cataluña como un “golpe de estado encubierto”. Narváez decidió abstenerse para fortalecer la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional.

La defensa de Puigdemont esgrimió la “estrecha relación” con el PP de los dos magistrados recusados al haber sido designados para el cargo “a propuesta de una formación política cuyo presidente ha manifestado un interés notorio en el encarcelamiento” del ex president y sus antiguos consejeros, razón por la cual considera “imposible” que puedan ostentar “apariencia alguna de imparcialidad”.

Además, el letrado puso sobre la mesa el voto particular que firmó Espejel en la sentencia que absolvió al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y en el que, asegura, alude a Puigdemont “hasta dieciocho ocasiones” y “avala la incriminación por sedición” de los recurrentes en amparo.

En relación a Arnaldo, el abogado del ex president se queja de que “llegó a pedir mediante la firma de un manifiesto que cayera todo el peso de la ley sobre” Puigdemont y el resto de ex consellers que han recurrido en amparo.