La Fiscalía pedirá la prórroga de las otras dos piezas contra Don Juan Carlos I

El equipo de fiscales que trabaja de forma coordinada en las tres líneas de investigación sobre las actividades del Rey Juan Carlos I está a punto de solicitar una nueva prórroga a la Fiscal General del Estado que es quien en última instancia tiene que dar el visto bueno, según el Estatuto Fiscal. Dolores Delgado ya estampó su firma hace unas semanas en un decreto para prorrogar las diligencias que tienen que ver con un «trust» situado en el paraíso fiscal de Jersey y cuyo plazo terminaba este viernes. A finales de diciembre finaliza el tiempo de las otras dos indagaciones -la referente al AVE a La Meca y la relativa a las tarjetas opacas- y, según ha podido confirmar LA RAZÓN, si los datos que siguen pendientes de Suiza no llegan, también habrá petición de ampliación para sendas líneas.

Las investigaciones tienen plazos diferentes porque se iniciaron en fechas distintas. De hecho, la que ya tiene la prórroga concedida fue la última en abrirse a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y es de la que menos información ha trascendido. Se trata de un conglomerado de asociaciones ubicado en esta pequeña isla británica que podría tener relación con una cuenta en Andorra con vínculos con Don Juan Carlos. Fuentes fiscales explican que sobre ésta todavía se están estudiando algunos flecos y, por eso, la dilación con la nueva fecha tope puesta en junio de 2022 era necesaria.

Las que se necesitan alargar ahora tienen que ver, en primer lugar, con lo que acaba de archivar la Fiscalía de Suiza: las presuntas comisiones por el tren del AVE a La Meca. Allí no se ha conseguido acreditar que la donación que recibió el Rey por parte de Arabia Saudí en 2008 de 65 millones de euros -que no pasó por el fisco- fuera una comisión por la rebaja del 30% que las empresas españolas adjudicatarias de la obra del tren hicieron al país oriental. Tampoco se ha logrado acreditar aquí en España (además de que el Rey en ese momento era inviolable y nunca hubiera podido sentarse en el banquillo por estos hechos), pero para poder archivar como ha hecho el fiscal Yves Bertossa necesitan los datos fiscales de 2014 y 2015 de la Fundación Zagatka.

Bertossa es consciente de que esta información, que no adjuntó cuando contestó a la comisión rogatoria con los detalles del resto de años del 2016 al 2019, es necesaria en para concluir las pesquisas españolas. Así se lo recordaron los investigadores, dirigidos por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campo, cuando el suizo vino de Ginebra en julio y éste se comprometió al envío. Pero, aunque parece que es inminente, todavía los documentos no están encima de la mesa de Fortuny, sede del Ministerio Público.

Tras el cierre de las diligencias en el país helvético, con la correspondiente exculpación de la empresaria Corinna Larsen y los gestores Arturo Fasana y Dante Canonica, las voces que hablan de demora indebida en el seno de la Fiscalía General se han intensificado. El decreto de archivo está prácticamente escrito y repasado, a falta de «rellenar algunos huecos» y los fiscales no creen que estos datos vayan a cambiar el sentido del mismo, simplemente quedan comprobaciones. Lo que ocurre es que no ven razonable precipitarse en terminar estando a la espera de unos conceptos que ellos mismos han pedido.

A finales de este mes terminaría también el plazo de la segunda de las indagaciones sobre la que la Fiscalía tiene la lupa. Se trata de las relativas a las tarjetas opacas que el monarca y miembros de su familia utilizaban presuntamente para recibir fondos que enviaba el empresario y amigo mexicano Allen Sanginés. Unas diligencias que, según ha podido saber este periódico, también se abrieron a raíz de una alerta del SEPLAC. Las inició Anticorrupción, cuyo fiscal jefe, Alejandro Luzón, también está al mando de todo, y luego por orden de Delgado a la vista de la condición de aforado del Rey se traspasaron al Supremo.

El nuevo límite en el calendario llegaría hasta los últimos días de junio del próximo año, si bien los investigadores llevan semanas repitiendo que su intención no es agotar el plazo. Desde el momento en el que la información de Suiza esté, se notificará al abogado del monarca e inmediatamente después se hará público el documento del decreto. Todo depende, por tanto, de cuánto más tarde en llegar la información de Bertossa con el que llevan colaborando desde hace tres años, aunque sus datos no hayan llegado a veces con la «celeridad» deseada.

Los fiscales españoles proporcionaron detalles de la operación sobre el AVE a La Meca, que se inició a raíz de unos audios del comisario Villarejo, aunque éste nunca ha sido interrogado en el procedimiento. El fiscal suizo, por su parte, ha entregado copiosos datos sobre las Fundaciones Lucum y Zagatka en las que el padre de Felipe VI aparece como beneficiario. Aunque las diligencias de Bertossa se centraban en las posibles irregularidades de los bancos suizos, el hecho de que todo haya terminado en archivo supone cierto alivio para los investigadores españoles que ven que ambos han llegado a la misma conclusión.