Sánchez enfría la «mesa de diálogo» con Aragonès mientras dure la sexta ola

El Gobierno tiene marcado el día de hoy en el calendario. Durante la jornada de este atípico Día de los Inocentes, Pedro Sánchez materializará dos de los hitos imprescindibles que tenía pendientes para consolidar y vehicular la llegada de los fondos europeos. Casi en paralelo, el Consejo de Ministros primero y el Congreso de los Diputados, después, aprobarán la reforma laboral y los Presupuestos Generales del Estado para 2022, respectivamente. En ambos casos, los socios parlamentarios del Ejecutivo son decisivos, unos socios entre los que destaca Esquerra, que ha vendido caro su apoyo al Gobierno, a cambio de entregarle las riendas de la legislatura. A partir de ahora, Sánchez tiene en su mano la decisión de agotar la legislatura o pulsar el botón nuclear que fuerce un adelanto electoral cuando lo considere oportuno.

De mantener la entente con ERC depende en buena medida el desarrollo de la agenda legislativa del Ejecutivo durante los dos años que restarían hasta las urnas. Los republicanos tienen un papel decisivo, por ejemplo, en la convalidación de la reforma laboral o están bloqueando la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, para la que al Gobierno no le dan los números. Sánchez es consciente de ello y cultiva su relación con ERC, manteniendo una actitud de no agresión con cuestiones sensibles como la de la inmersión lingüística, evitando forzar, a través de un incidente de ejecución de la sentencia, que la Generalitat cumpla la ley y aplique el 25% de clases en castellano.

Pere Aragonés se ha aferrado a la cuestión identitaria para intentar marcar perfil dentro del independentismo y el pasado domingo compareció desde un colegio catalán para realizar su tradicional discurso de balance de final de año. En esa intervención, el presidente de la Generalitat elevó la presión sobre el Ejecutivo para que la relación bilaeral que mantienen alumbre «resultados tangibles». Esa bilateralidad se residencia, entre otros foros, en la «mesa de diálogo» que ambas instituciones mantienen abierta y que se reunió por última vez el pasado 15 de septiembre. Esquerra ha elevado el tono en las últimas semanas para fijar cuanto antes, para este mismo mes de enero, una nueva convocatoria, pero desde Moncloa enfrían sistemáticamente esta posibilidad.

En concreto, desde el Gobierno se asegura que la «prioridad» ahora de todos los gobiernos –también debe serlo del central y el de la Generalitat– es dar respuesta a la sexta ola de la pandemia y, en este sentido, Sánchez ya anunció que se celebrarán conferencias de presidentes autonómicos cada diez días para consensuar la gestión de la misma. En el mes de febrero se celebrará en la isla de La Palma, según anunció ayer Sánchez desde la isla, donde acudió por el final de la erupción. Estas reuniones capitalizarán la agenda y dejarán casi sin espacio a la bilateralidad con la Generalitat. No obstante, desde el PSOE señalan que mantienen su apuesta por el diálogo y el «marco constitucional» y que se seguirán buscando una fecha.

Sin embargo, en ERC ya la han encontrado e incluso anunciaron la semana pasada en el Senado que «será a principios del año 2022». Los republicanos quieren «preservar» este foro y necesitan atar al Gobierno central con compromisos «más explícitos» dada la guerra abierta que existe en el independentismo y el factor de desgaste que supone que Sánchez se zafe del calendario acordado. Cuando se celebró la última «mesa de diálogo», el presidente del Gobierno descartó poner «plazos» y aseguró que se avanzaría «sin pausa, pero sin prisa».

Sin embargo, esto no casa con la ansiedad de ERC por lograr cesiones concretas y la cuestión de la fecha, que podría parecer inocua, amenaza con acabar envenenando las relaciones entre los republicanos y Moncloa, si la cita se dilata excesivamente en el tiempo y el Ejecutivo central incumple su compromiso de reunir la mesa en enero, como quieren en ERC. Desde el independentismo presionan a Sánchez para fijarla cuanto antes, sin embargo, en Moncloa, tal como informara este diario, se da prioridad a las conferencias de presidentes que han convocado para dar respuesta a la explosión de contagios por Ómicron.

La «mesa de diálogo» ya pasó por un momento de «impasse» durante la pandemia. Desde febrero de 2020, que se reunió por primera vez, no tuvo su continuidad hasta septiembre de 2021, un año y medio después. El argumento que se utilizó entonces es el mismo que se rescata ahora, que la situación de la pandemia obligaba a poner todos los esfuerzos en esta cuestión y que la Generalitat debía incorporarse a los órganos multilaterales –conferencias de presidentes y consejos sectoriales, entre otros– y renunciar a la bilateralidad como la única manera de relacionarse con Moncloa. Aragonés participó en la última reunión territorial que se produjo la semana pasada.

En Moncloa, no obstante, recuerdan que la Generalitat y el Gobierno mantienen abierta la Comisión Bilateral en la que se están llegando a acuerdos, de una manera más discreta y sin menos presión y foco que la que lleva aparejada la reunión de la «mesa de diálogo».