Jordi Pujol reclama al juez los archivos que le intervino la Policía

La familia Pujol Ferrusola quiere que la Audiencia Nacional le devuelva los archivos informáticos incautados durante la investigación por la Policía en ordenadores y dispositivos de sus domicilios y despachos profesionales. Así lo reclama la defensa del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol –para quien la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión– y cuatro de sus hijos –el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y sus hermanos Josep, Pere y Oleguer– en un escrito al que ha tenido LA RAZÓN en la que recurre la decisión del instructor de dar traslado a las partes de toda esa documentación al dar por concluida su revisión para dejar al margen datos ajenos a la causa.

Los abogados de la familia Pujol consideran «injusta y carente de suficiente motivación» la providencia en la que el magistrado Santiago Pedraz acuerda la medida, por lo que han interpuesto un recurso de reforma para intentar que el instructor rectifique en aras de garantizar, argumentan, el derecho de defensa y a la intimidad del ex presidente y su familia.

Entre esos archivos, la familia Pujol identificó varios que según expone afectan «al derecho a la intimidad o no tienen relación con la causa». Y alude expresamente a «vídeos y fotografías de carácter íntimo personal y familiar, cartas personales o documentación profesional».

Meses de tira y afloja

La decisión del instructor es el corolario a varios meses de tira y afloja con la defensa de los Pujol, con el letrado Cristóbal Martell al frente, que a través de varios escritos se ha venido quejando –desde noviembre de 2020– de que por diversos problemas técnicos no ha podido tener acceso al contenido íntegro de esa documentación, una carencia que, según denuncia, impide expurgar su contenido para señalar al juez los archivos de carácter personal que, en su opinión, deben de dejarse al margen.

Para más inri, señalan, los efectos informáticos que les entregó el juzgado en noviembre de 2020 no llegaron a su destino por el asalto del furgón de la compañía de mensajería que los transportaba, una investigación que fue archivada por un juzgado de Madrid sin rastro de los responsables.

La defensa de los Pujol aclara que cuando le devolvieron esos efectos informáticos se reseñó que se entregaron «los discos duros aportados por esta parte» en febrero de 2019. Pero, precisa, no se trataba de los discos duros originales incautados en sus domicilios, sino de «unos que se aportaron por esta parte para que se realizara copia» de los intervenidos, aunque –subraya– después el juzgado desechó esta opción «al haberse servido a la plataforma Cloud los volcados interesados».

En una caja fuerte

Pero tras todas esas peripecias procesales –que obligaron a la Subdirección de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia a auxiliar a los Pujol para que pudieran descargarse los archivos y examinarlos–, el juez Pedraz ha dado por terminadas las tareas de expurgo y el pasado día 16 acordó en consecuencia que toda esa documentación se ponga a disposición de las partes personadas en la causa de cara a un juicio que todavía no tiene fecha.

En ese banquillo está por ver si se sienta finalmente el ex president, de 91 años. Quien no estará será su mujer, Marta Ferrusola, de 86, a quien la Audiencia Nacional apartó del procedimiento por una demencia sobrevenida.

En sus alegaciones, los abogados de Jordi Pujol y sus hijos insisten en que pese a esa ayuda de la unidad tecnológica de Justicia «no ha sido posible acceder al contenido íntegro de los volcados, persistiendo las dificultades técnicas reiteradas», lo que les ha obligado a conformarse con un cribado «parcial e incompleto respecto de los volcados de los efectos informáticos». Es precisamente esa deficiencia, insiste su defensa, la que le ha llevado a solicitar de forma reiterada la devolución de los discos duros originales, que «no nos han sido devueltos».

Esos discos duros, señala, «quedaron depositados en la caja fuerte» del juzgado «bajo la custodia del letrado de la Administración de Justicia».

Los letrados reclaman por tanto la devolución de esos discos duros o la entrega de una copia o, subsidiariamente, que se complete el expurgo respecto de los archivos a los que aún no han tenido acceso. Una opción, recuerda, a la que se mostró favorable la Fiscalía el pasado mayo.