Fiscalía

Anticorrupción continuará la investigación sobre el AVE a La Meca después de archivarla para el Rey

La Fiscalía está a la espera de una comisión rogatoria de Arabia Saudí para acreditar si se produjo cohecho internacional

El rey Juan Carlos I en el Centro Internacional de Tenis de Abu Dabi en la reaparición del tenista Rafael Nada
El rey Juan Carlos I en el Centro Internacional de Tenis de Abu Dabi en la reaparición del tenista Rafael NadaALI HAIDEREFE

La Fiscalía Anticorrupción no va a terminar sus trabajos una vez se haga público el decreto de archivo sobre las tres investigaciones del Rey Juan Carlos I. Una de ellas, la relativa a las obras que un conglomerado de empresas españolas llevaron a cabo en Arabia Saudí para construir un tren que conectar La Medina con La Meca, seguirá viva en el seno del Ministerio Público para depurar responsabilidades de empresarios que, presuntamente, pudieron haber pagado comisiones para adjudicarse esta faraónica construcción. Dejando ya al Borbón a un lado, la Fiscalía está a la espera de una comisión rogatoria de Arabia Saudí y, según ha confirmado LA RAZÓN, continuará las pesquisas para decidir si se produjo un delito de cohecho internacional.

Anticorrupción incoó en 2018 estas diligencias a raíz de unos audios en los que la examiga del Rey Corinna Larsen confesaba al comisario José Manuel Villarejo que para que el consorcio hispanoárabe se hubiera adjudicado este contrato multimillonario (más de 6.000 millones de euros) hubo que pagar comisiones ilegales. La Audiencia Nacional abrió una pieza separada en el caso de Villarejo (Tándem), que luego archivó, pero dedujo testimonio de una parte a la Fiscalía que lucha contra la corrupción y allí se iniciaron las pesquisas.

Éstas viajaron hasta la Fiscalía del Tribunal Supremo cuando el nombre del monarca apareció en las indagaciones, por su condición de aforado, pero según ha podido saber este diario Anticorrupción ha continuado esta investigación de forma paralela desde inicios de 2021 para seguir escarbando en los delitos que afectan a las empresas y los empresarios.

Todo lo que hiciera Juan Carlos I entre el 2008 -año en el que Arabia Saudí entrega 65 millones de euros a una Fundación de la que él era beneficiario- y el 2012, fecha en la que se firma el contrato entre las autoridades árabes y las empresas españolas, no es perseguible. Él era Jefe del Estado y, por tanto, inviolable según la Constitución y así quedará plasmado en el decreto de archivo de las diligencias sobre el Rey.

Pero Anticorrupción quiere llegar más lejos y lo que sí quiere determinar es si existió un delito de cohecho internacional. Por eso, se ha “desgajado” esta parte y se ha continuado en la sede que dirige Alejandro Luzón.

La propuesta española era casi un 30% más barata que la segunda mejor oferta y el rey Abdullah de Arabia Saudí se decantó por este consorcio frente a la rival francesa, culminando un proceso de más de cinco años que habían llevado en primera persona Don Juan Carlos del lado español y Nicolás Zarkozy del francés. El consorcio hispanoárabe se bautizó como Al Shoula y ganó, nada menos, que una infraestructura de unos 450 kilómetros que conectaba las dos ciudades más importantes del Islam. El contrato con todos sus ceros incluía la fabricación del material rodante, la construcción de la superestructura, la operación y el mantenimiento durante 12 años. Un proyecto que se vendió como el buque insignia de la ingeniería española en el extranjero.

La colaboración ahora de las justicia del país árabe es clave, aunque las fuentes fiscales consultadas no tienen excesivas esperanzas depositadas en la respuesta a la comisión rogatoria enviada. Cabe recordar que el fiscal suizo Yves Bertossa, que también puso el foco sobre esta obra y el dinero que llegó al Rey a través de cuentas en Suiza, ni siquiera solicitó información a Arabia Saudí porque entendió que no iba a producirse respuesta alguna.

Anticorrupción quiere saber si se produjeron pagos dirigidos a sobornar a funcionarios o autoridades locales y, entre ellos, hay algunos nombres propios como la lobista iraní Shahpari Zanganeh, como publicó El Mundo. Ésta firmó un contrato de consultoría con las empresas españolas que firmaron el consorcio por el que se presupuestó una cantidad equivalente al 2% del valor contractual del proyecto.

En el marco de esta investigación el fiscal anticorrupción Luis Pastor se desplazó en 2019 a interrogar a Larsen a Londres que en las grabaciones hechas públicas asumía ser conocedora de todo este entramado. Es a ella a quien el Rey le transfiere los 65 millones de euros donados por Arabia Saudí y lo hace a una cuenta en Bahamas. Larsen dice que el monarca lo hace por el cariño que le tiene en otra de sus declaraciones ante el fiscal suizo. Cuando hace unas semanas se conoció que Suiza cerraba la investigación por estos hechos, en los que ella sí era una de las que estaba en la picota, la empresaria emitió un comunicado alegrándose por haber conseguido demostrar su “evidente inocencia”, pero hizo una advertencia: a los “infractores” “les ha dado tiempo para ocultar sus actividades”.