Expropiar bienes

No perdamos de vista la Ley de Seguridad Nacional en la que trabaja el Gobierno, y que centró el miércoles la reunión del ministro preferido, Félix Bolaños, con la Conferencia Sectorial que estudia el tema, después de analizarla en el Consejo de Ministros. Según diferentes reseñas de los borradores filtrados, es el artículo 28 el que provoca más recelo, al referir la participación del sector privado en la contribución a los recursos de la Seguridad: llegado el caso, ciudadanos y empresas habrán de colaborar con las autoridades de forma obligatoria, sin derecho a indemnización de ningún tipo, teniendo el Gobierno la potestad de «proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios». El hecho de que el presidente del Ejecutivo pueda decretar una situación de «interés nacional» sin necesidad del Congreso de los Diputados, con disposición de los recursos de las Administraciones públicas y de los privados de particulares, levanta suspicacias en PP y Vox, que dicen seguir de cerca el proyecto, pues consideran que «en ningún caso» esta norma debe implicar la suspensión de derechos o libertades. Temen que, descartada la ley de pandemias y el estado de alarma, se pueda tener la tentación de echar mano de semejante norma, habida cuenta de las pulsiones intervencionistas de un Gobierno que llegó a postular la confiscación de beneficios de las eléctricas para frenar la subida de la luz.

No es la primera vez que emergen desde instituciones planteamientos similares. En otra ocasión fue el FMI, en un polémico «paper», quien ponía sobre el tapete la eventual intervención del 10%o del ahorro familiar para hacer frente a la crisis de deuda pública que nos azota. Y el Reino Unido quiere eliminar la propiedad privada de autos y reemplazarla por transporte compartido, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.