La operación de un abogado complica el juicio de una pieza del “caso Villarejo”

El estado de salud del abogado de uno de los acusados de la «pieza Pintor» –una de las tres primeras del «caso Villarejo» que juzga la Audiencia Nacional desde el pasado octubre– por la necesaria recuperación tras someterse a una operación quirúrgica complica la reanudación del juicio, prevista para el próximo lunes tras el parón navideño.

Tras la operación quirúrgica a la que fue sometido el pasado octubre el letrado de uno de los empresarios acusados en la «pieza Pintor», y a la vista del periodo de convalecencia acreditado con un certificado médico, el tribunal –que preside la magistrada Ángela Murillo–, instó al abogado en una providencia del pasado 20 de diciembre a precisar si prevé que el próximo día 10 se encontrará «en condiciones de reanudar su asistencia» al juicio.

En caso de no ser posible, la Sala le insta a designar «a otro letrado del citado despacho u otro de su confianza a fin de posibilitar la continuación» del juicio, «dada la imposibilidad material de posponer nuevamente las actuaciones respecto de la citada pieza con los inconvenientes, dilaciones indebidas y demás perjuicios que ello conllevaría respecto de las demás partes» personadas.

Y es que, recuerda el tribunal fue precisamente «en atención a la enfermedad» y a la posterior intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter el abogado del empresario por lo que los magistrados decidieron retrasar las declaraciones de los acusados en esta pieza y la práctica de la prueba «hasta las sesiones del próximo mes de enero de 2022».

Invoca el derecho de defensa

Sin embargo, el letrado ha contestado a la Sala que pese a su evolución «muy favorable», el tratamiento al que debe someterse concluye en junio y puede acarrear efectos colaterales que repercutan en su desempeño profesional, por lo que no puede comprometerse a asistir a las sesiones del juicio.

El abogado sostiene que designar un sustituto no garantiza debidamente el derecho de defensa de su cliente, por lo que pide que éste «sea apartado del procedimiento para ser juzgado en causa aparte» una vez él se haya restablecido plenamente, continuando de esta forma la vista oral «respecto de los demás acusados».

En esta ramificación del caso Villarejo se trata de esclarecer el supuesto chantaje de la trama parapolicial a un ex socio de los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara, quienes a principios de 2017 contrataron los servicios del comisario jubilado para saber si, como sospechaban, un ex socio suyo se había declarado insolvente de forma fraudulenta para eludir el pago de un millón y medio de euros a la Agencia Tributaria por impago de IVA, cantidad que finalmente Hacienda reclamó a los dos hermanos.