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Un Ejecutivo sin rumbo, a la deriva, coaligado con socios poco fiables y con unos datos pésimos en la gestión de la pandemia

Josep Ramón Bosh

El Consejo de Ministros terminó con la llamada «cultura del esfuerzo» y aprobó el pasado 16 de noviembre un decreto que modificó el sistema de evaluación educativa en todos los niveles, eliminando los exámenes de recuperación en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y para pasar a otro curso dependerá sobre todo de la decisión de los docentes y no tanto de las materias no aprobadas. Los alumnos podrán superar los cursos lectivos sin repetición, como ya anunciaba la Ley Celáa, aprobada en enero de 2021, que lideró la exministra de Educación Isabel Celáa. Al finalizar la etapa de secundaria se entregará a los padres, madres o tutores un informe sobre el grado de logro de los objetivos de cada alumno.

El precio de la luz se ha disparado en España un 62,8%, la inflación se ha situado en octubre y noviembre en el 5,4 y 5,6% respectivamente, lo que supondrá un tremendo mazazo al bolsillo de los hogares ya que los salarios no crecerán igual. Subidas generalizadas en muchos productos alimentarios (contagiados por el aumento de los costes empresariales) y con incremento desbocado en bienes de consumo (coches, electrodomésticos, seguros, combustibles). Todo ello marca una tendencia económica negativa muy preocupante, complementado con una energía y unas materias primas cada vez más caras.

Con el desconocimiento adicional de que nuevas cepas del coronavirus puedan lastrar los brotes verdes anunciados, se nos viene la reforma laboral pactada entre Gobierno y agentes sociales, que pretende desterrar el desasosiego de la precariedad laboral y que debía estar aprobada antes de que acabara 2021 para que el Gobierno español recibiera 10.000 millones de euros de Europa. Una reforma cosmética, que no revoca la reforma laboral de 2012, y que tiene la oposición interna de los socios radicales del gobierno de coalición. Puro maquillaje para pasar el trámite.

El Gobierno de Pedro Sánchez suspende en la valoración del último informe de opinión pública, que aparece hoy en LA RAZÓN, tras dos años de Gobierno de coalición. Un Ejecutivo sin rumbo, a la deriva, coaligado con socios poco fiables y con unos datos pésimos en la gestión de la pandemia, preocupantes en cuanto a la futura recuperación económica, desastrosos en relación a la convivencia política y nefastos en cuanto a las disputas intestinas en el seno gubernamental, tras los duros choques entre socialistas y morados a raíz de la regulación del mercado del alquiler. Pero ahí siguen. Impertérritos al desaliento, y con la proa fijada en agotar la legislatura. Saben del suspenso generalizado de las encuestas y el desgaste interno del gobierno –con la última bronca del ministro Garzón, incluida–, pero a falta del examen electoral, tienen todavía dos años para revertir tendencias.

Estos últimos meses hemos vivido la crisis gubernamental de julio, en que Pedro Sánchez decidió cambiar a siete de sus 22 ministros, el acercamiento de los presos de ETA, la moción fallida en Murcia, la incontestable victoria de Isabel Díaz Ayuso, la renuncia de Pablo Iglesias tras la debacle de la izquierda el 4-M y el hundimiento de Ciudadanos. En España empezamos un nuevo ciclo electoral, primero en Castilla y León, y probablemente en unos meses en Andalucía, para preparar las elecciones municipales, que serán claves para embocar el fin de legislatura.

Dos años de gobierno social populista que ha convivido con los dos años de pandemia, una quincena de las 34 leyes aprobadas que estableció como retos hasta el 31 de diciembre, incluyendo la «Ley de Audiovisuales» y la polémica sobre el catalán en Netflix. Quedan todavía pendientes las de Universidades, vivienda y derechos trans. Han aprobado los indultos a los condenados por el «procés» y hasta 50 reformas que se habían comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia que supondrá una inyección de hasta 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos de la UE.

Y con esos fondos, el Gobierno Sánchez pretende aprobar la revalida de las generales, con propuestas populistas que le aseguren una mayoría, de lo que ellos llaman «progresista». Le quedan dos años. Sin esfuerzo y con mucho dinero.