Presión para pedir a Sánchez la semilibertad de los presos de ETA

Ganar el relato y que el olvido cumpla con su función. Que se oigan sus voces de manera predominante por encima de la de las víctimas. O presionar al Gobierno, con el aval de sus socios parlamentarios, para lograr más beneficios penitenciarios. Es esta la estrategia que mantienen los abertzales que no ven suficiente su victoria ante los casi 300 traslados de presos etarras que se han sucedido desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa en 2018.

Ahora aspiran a la semilibertad, esto es, la progresión del segundo al tercer grado, o al disfrute de permisos penitenciarios y de la libertad condicional. Son algunas de las exigencias que ayer verbalizó la plataforma de apoyo a los familiares de los presos de ETA, Sare. Unas reclamaciones que también aprovecharon a hacer suyas los partidos independentistas que participaron en las jornadas. Por la mañana, en Bilbao, la ex presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, exigió que para solucionar «cualquier conflicto político es necesario hacer políticas de reconciliación».

Esta fue la finalidad de las casi 200 manifestaciones que han transcurrido esta tarde por País Vasco y Navarra, solo tres meses después de que se cumplieran diez años del cese de la actividad armada de ETA. Unas movilizaciones descentralizadas debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus pero que han conseguido su objetivo de visibilizar la presión al Ejecutivo para lograr más beneficios penitenciarios. Y, de paso, con estas protestas, los colectivos han recordado a los presos que siguen contando con su aval.

A la manifestación de Bilbao, acudieron varios cientos de personas, allí se corearon consignas como «Presoak kalera, amnistía osoa» (presos a la calle, amnistía general) y «Presoak etxera» (presos an casa). Para ello contaron con el apoyo de la práctica totalidad de los socios del Gobierno. A excepción del PSOE, representantes de Podemos –partido minoritario en Moncloa–, ERC, Bildu, Junts, la CUP y BNG, entre otros, apoyaron las reclamaciones. «Abandonar la política penitenciaria excepcional y reubicar a los presos en el País Vasco es un tema muy importante para la convivencia y la paz de este país», pidió Madalen Iriarte, diputada de Bildu en el Parlamento Vasco.

Unas concentraciones de las que en el último momento se bajó el PNV. La negativa del partido llegó al considerar que estas protestas pueden afectar negativamente a la «negociación política» para conseguir el final de la «política de excepción». Y es que el gobierno vasco liderado por Íñigo Urkullu, que cumple cien días gestionando las competencias de prisiones, apuesta por la reinserción de los reclusos, incluso sin su arrepentimiento o colaboración con la Justicia.

La marcha en Bilbao concluyó sin altercados con la lectura de un manifiesto por parte de la plataforma organizadora con el fin de hacer calar el relato abertzale de que «no exigen privilegios» sino «solo Justicia». «Estamos reivindicando derechos humanos. No estamos ante reivindicaciones políticas». Denunciaron que «se mantienen bloqueadas las progresiones de grado o se impiden permisos penitenciarios» y que «incluso cuando la Juntas de Tratamiento de algunas cárceles aprueban alguna progresión de grado o permiso penitenciario, la Audiencia Nacional la recurre». En San Sebastián, más de 2.000 personas secundaron la convocatoria, cifra que también se repitió en Bayona (Francia), mientras que en los pueblos más pequeños, el apoyo fue testimonial.

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, apostó por poner fin a la actual política penitenciaria, «avanzando hacia espacios de convivencia». «Es difícilmente entendible que diez años después de la decisión de ETA de abandonar su actividad violenta se arrastre una política penitenciaria de excepción, con el 50% de los presos fuera de las cárceles de Euskal Herria y con un bloqueo en las progresiones de grado».

Unas marchas que coinciden con la falsa promesa de los colectivos de presos de renunciar a los recibimientos a los reclusos y que se producen tan solo dos días después de que el Rey Felipe VI reivindicara la memoria de las víctimas. Desde la AVT denuncian que, si bien los «ongi etorri» han bajado a cinco en 2021, las muestras de apoyo a ETA han crecido un 46%.

Ante las convocatorias, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, denunció que el fin es sacar a los presos de ETA «a la calle sin pagar por los abominables asesinatos que cometieron».