Dos años de coalición de conveniencia: Sánchez y Díaz garantizan a sus equipos que aguantarán hasta 2023

“La coalición goza de buena salud” es casi un mantra que acompaña al Gobierno desde que comenzara a caminar en enero de 2020. Dos años de recorrido en los que no todo ha sido un camino de rosas, con situaciones que han tensionado las costuras al límite, pero que no han llegado nunca a romperse, porque lo que prevalece es la necesidad de aguantar. El Ejecutivo se asemeja, en este ecuador de la legislatura, a un matrimonio de conveniencia, en el que a los cónyuges les interesa seguir unidos, a pesar de que prefieran continuar por separado. En este caso, el objetivo es ganar tiempo, un tiempo que pasa por agotar el mandato, para concurrir a las urnas con garantías de revalidar el poder. Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz, que durante este último ejercicio asumió las riendas de Unidas Podemos en la coalición, han trasladado a sus equipos que la vocación es llegar a 2023.

El propio presidente del Gobierno empeñó su palabra en el recientebalance de final de año, en el que “aseguró” que agotaría el mandato. En el Gabinete dan máxima prioridad a la estabilidad institucional, un factor que consideran clave para apuntalar la recuperación económica, a la que han fiado todas sus opciones de mantenerse en la Moncloa más allá del horizonte electoral. Una recuperación en ciernes, pero que no acaba de despuntar con el vigor que se pronosticó. Sánchez, además, tiene como una cuenta pendiente en su debe demostrar que es posible –desde la izquierda- gestionar la crisis económica derivada de la pandemia de otra forma, una forma progresista que hila con el auge de la socialdemocracia en Europa, tras la victoria de Olaf Scholz en Alemania.

Pero la estabilidad no solo pasa por no convocar elecciones anticipadas, también se necesita una solidez en las mayorías parlamentarias. En Moncloa sacan pecho por haber conseguido sacar adelante el bloque económico que demandaba Bruselas: reforma laboral, Presupuestos y primera fase de la reforma de pensiones. Esta pata económica es la que se ha priorizado en la recta final del año, dejando de lado otras leyes bandera a las que se da prioridad desde lo ideológico. En el tintero ha quedado la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda y otras normas impulsadas por Podemos como la del Bienestar Animal y de Familia, que han creado malestar dentro del sector morado por verse relegadas. A futuro quedan también otros frentes, entre ellos, la negociación de la subida del SMI –que se ha congelado hasta conseguir un acuerdo con los agentes sociales- y la segunda fase de las pensiones.

Se da por seguro que ambas cuestiones tensionarán de nuevo la coalición, por los condicionantes que aporte Bruselas y por los equilibrios dentro de la coalición. Hasta ahora, el foro del diálogo social ha sido un oasis de consenso que ha fortalecido la posición del Gobierno, pero también y especialmente la de Yolanda Díaz. Con el SMI, Sánchez dejó que se apuntara un tanto, pero su “excesivo protagonismo” con la reforma laboral se ha intentado desactivar por parte de Moncloa, en plena campaña de lanzamiento de su plataforma electoral. Primero, se diluyó su poder con la entrada de ministros del PSOE, entre ellos, su superior jerárquico, la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en las negociaciones. Y segundo, una vez logrado el acuerdo, en restar influencia a su papel en un pacto calificado de “éxito”. Estas maniobras para “anular” a Díaz se enmarcan en el difícil equilibrio entre dar alas a Podemos, para que no se hunda y lastre la mayoría de la coalición, y evitar que acabe mordiendo al PSOE.

De cara a los próximos meses, el Gobierno tendrá que afanarse en cuidar a sus socios. La reforma laboral y el decreto para las mascarillas son las primeras pruebas de fuego, que no cuentan con el aval de las formaciones que apoyan al Ejecutivo y de cuyos votos sigue dependiendo que el Gobierno transite lo que queda hasta 2023 con agilidad legislativa y no languidezca contando los meses que quedan para agotar el mandato. El impulso político que Sánchez quería dar al Ejecutivo lo dio el pasado mes de julio con la remodelación del Gobierno, pero parece que el efecto se ha ido diluyendo con los coletazos de la pandemia y el aumento del precio de la vida. Una tormenta perfecta que el Ejecutivo tendrá que capear antes de que se acerquen las urnas y el ciclo electoral se inaugura este mismo 2022 con las elecciones en Castilla y León.