Delgado encara un año de nombramientos clave entre críticas por sus designaciones afines

Este año deberán ser nombrados 8 fiscales de Sala y ya se ha fijado el mes de mayo para las elecciones al Consejo Fiscal

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Gráfico FOTO: La Razón (Custom Credit)

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, encara un año clave para el Ministerio Público con casi una decena de nombramientos en la cúpula de la carrera (jefe de la Audiencia Nacional, Antidroga y Anticorrupción, entre otros) y con las elecciones al Consejo Fiscal -órgano asesor que se encarga, entre otras cosas, de votar precisamente las designaciones- programadas para la primera semana de mayo. Delgado llega a todas estas citas con las críticas de fondo de la Asociación de Fiscales (AF) por estar impregnando los puestos más altos del color de la que ha sido su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Desde que fue elegida en febrero de 2020, la jefa de la Fiscalía ha propuesto a 86 fiscales en diferentes plazas. El último, la pasada semana cuando escogió a María Ángeles Sánchez Conde como su número dos para ser Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. Sánchez Conde, que por cierto es la primera mujer en ocupar este cargo, fue votada por los vocales de la UPF, mientras que la AF votó a Consuelo Madrigal. Los vocales de esta última asociación acusan a Delgado de realizar multitud de nombramientos por “amistades personales” e “ideologías” y “sin primar el mérito y la capacidad” de los candidatos. Y, de hecho, algunos de estos han sido recurridos y están a la espera de resolución en el alto tribunal.

En este periodo, la AF ha colocado a 27 de sus fiscales en cargos de responsabilidad, la UPF a 26 y otros 33 han sido no asociados, según los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado a LA RAZÓN. Unos porcentajes que concuerdan con la representación dentro del Consejo Fiscal (hay 5 vocales de la AF y 4 de la UPF), pero no con la fotografía de la carrera. De los casi 2.600 fiscales, solo 880 pertenecen a alguna asociación: 590 a la AF, que es mayoritaria; 250 a la UPF -en la que estaba Delgado hasta que se marchó al puesto de Ministra de Justicia-; y 40 a una tercera, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que nunca ha conseguido tener representantes en el Consejo.

Más allá de los puestos en jefaturas provinciales, las voces más duras con Delgado vienen por sus ‘dedazos’ en los fiscales de Sala, el puesto más alto en el escalafón que se ocupan de las grandes áreas de especialización como menores, violencia contra la mujer o seguridad vial. Hasta el momento se han decidido 16 fiscales de este tipo de los cuales solo 3 pertenecen a la AF, 4 son no asociados y 9 de ellos a la UPF.

Desde la Fiscalía General defienden que el 93% de los elegidos han contado con el voto favorable de la mayoría del Consejo Fiscal y casi el 6% con empate. Las votaciones no son vinculantes, cada vocal puede proponer un nombre pero la decisión final es de Delgado. Sin embargo, fuentes de la AF explican que estos datos tienen otra lectura porque, por ejemplo, la elección de Sánchez Conde se ha contado como una mayoría al añadir el voto de la propia Fiscal General del Estado, pero el Consejo Fiscal estaba dividido 5 a 5.

Estos nombres han copado la Junta de Fiscales de Sala que tiene la última decisión en materia de doctrina, en interpretación de la ley, en la elaboración de circulas o en la preparación de proyectos que deban ser elevados al Gobierno. La actual plantilla de fiscales de Sala es de 26 (de los que Delgado ha propuesto 16) y los próximos meses tocan importantes renovaciones.

Por el momento, la máxima de la Fiscal General ha sido no renovar a nadie más de dos mandatos, así que se espera que en marzo se produzcan varios cambios. En ese Consejo Fiscal se decidirá sobre el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional (actualmente Jesús Alonso), Fiscal jefe Antidroga (José Ramón Noreña), Fiscal jefe de Extranjería (Joaquín Sánchez-Covisa), Fiscal jefe de Criminalidad Informática (Elvira Tejada Fiscal), jefe de seguridad vial (Bartolomé Vargas), Fiscal de Cooperación Penal Internacional (Rosana Morán) y Fiscal de Medio Ambiente (Antonio Vercher). Además, en junio, una vez se hayan renovado los miembros del Consejo Fiscal -que se eligen por votaciones democráticas dentro de la carrera- se decidirá sobre la plaza de la Fiscalía Anticorrupción, hoy ocupada por Alejandro Luzón.

Las dos últimas semanas de abril, además, se producirá la campaña para la renovación del órgano asesor. En las últimas elecciones la UPF logró una alta representación en comparación con su porcentaje de asociados. De entre los vocales que se presentaron entonces estaba la propia Fiscal General del Estado, el actual Jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, o la exfiscal General María José Segarra. Si el resultado no se asemeja al actual la balanza de las mayorías en las votaciones podría inclinarse hacia el otro lado.