El juez autoriza que el “número dos” de la Policía declare por videoconferencia por el “caso Ghali”

El “número dos” de la Policía podrá declarar por videoconferencia en el “caso Ghali” el próximo 7 de febrero. Así lo ha acordado el juez Rafael Lasala en una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN en la accede a la petición efectuada el pasado día 20 por el director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Ángel González, que finalmente comparecerá como testigo en esa fecha de forma telemática.

A tal fin, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ordena que se libre un exhorto al decanato de los juzgados de Madrid para que habiliten una estancia desde la que pueda testificar el DAO, a quien Lasala quiere interrogar -a instancia de la acusación popular que ejerce el letrado Antonio Urdiales- para esclarecer si Interior encubrió la llegada a nuestro país el 18 de abril del pasado año del líder del Frente Polisario, quien en esas fechas tenía dos causas en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal.

El Gobierno decidió acoger a Ghali -que padecía una neumonía grave a consecuencia de la Covid- por “motivos humanitarios”, una decisión que se ocultó a Marruecos y que provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Rabat en la frontera de Ceuta.

Con la declaración del mando policial, el juez quiere constatar si como declaró el comisario general de Información de la Policía, Eugenio Pereiro, éste puso en conocimiento del DAO el mismo 18 de abril que Ghali iba a llegar a España, algo de lo que según explicó al juez se enteró por un confidente a quien se negó a identificar amparándose en el carácter supuestamente secreto de esas gestiones.

Registrado con pasaporte falso

Además, quiere escuchar su versión de por qué la Policía no investigó de oficio una posible falsedad documental tras constatar que Ghali fue registrado en el hospital de Logroño (donde permaneció hasta el 1 de junio convaleciente) con un pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche (que fue expedido por Argelia, según se supo después, el mismo día de su llegada a España, según las acusaciones populares para ocultar su entrada en nuestro país, dado que el líder polisario disponía incluso de DNI en vigor).

Por eso, Lasala espera aclarar “qué decisiones se adoptaron a raíz de tal información y de los hechos que posteriormente supieron mientras convalecía Brahim Ghali en el Hospital San Pedro de Logroño”. Unos hechos sobre los que también quiere preguntar a un inspector jefe de Información de la Policía para arrojar luz sobre “las circunstancias por las que no se procedió de oficio a indagar sobre la denunciada falsedad documental una vez se supo que quien había ingresado en el Hospital de Logroño lo había hecho con una filiación distinta a la suya”.

La identidad del segundo acompañante

Al mismo tiempo, pretende despejar una de las incógnitas que todavía perduran nueve meses después: la identidad del segundo acompañante de Ghali (quien se encargó de registrarlo con nombre falso), supuestamente un médico argelino cuyo desembarco en España prohibió expresamente Exteriores.

Por otra parte, el Ministerio que ahora dirige José Manuel Albares ha remitido ya al juez la nota interna que se elaboró por la dirección general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo en relación a la situación judicial de Ghali. Una nota que según explicó al instructor el entonces jefe de gabinete de la ministra González Laya, se solicitó al tener constancia de que Ghali se encontraba en España, y que certifica que no constaba contra el líder del Frente Polisario “orden de detención nacional o internacional”. El documento, de autor desconocido y que fue elaborado el 26 de abril del pasado año (ocho días después, por tanto, de su llegada a España).

Esa nota, sin embargo, no hace referencia a la orden de localización de Ghali y el resto de querellados en una de las dos causas existentes en la Audiencia Nacional contra el líder del Frente Polisario. La medida la había ordenado en enero el juez Santiago Pedraz tras reabrir uno de esos procedimientos. Justo un mes antes de la llegada de Ghali, la Policía le informó de que no había podido ser identificado aunque “se le ubica en Tinduf”. Eso sí, se dejaba claro que la Brigada de Información continuaba “con las gestiones policiales tendentes a la localización y plena identificación del total de los querellados”.

Según pone de relieve la acusación popular antes referida tras conocer la respuesta de Exteriores, esa nota “”únicamente nos ilustra del caos y la desidia que reina en ese ministerio en el que unos y otros se ocultan información, y que lo cierto y verdad es que la clandestinidad propia del delito de encubrimiento aparece una y otra vez en este caso, en el que desde un principio, los responsables gubernamentales decidieron burlar al poder judicial”.

Según el letrado, se trata de un documento “realizado por un profano sin el más mínimo rigor procesal, repleto de irregularidades e inexactitudes, pero que revela que el autor tenía a su disposición” las diligencias previas abiertas en la Audiencia Nacional “y que conocía de la orden de identificación y localización de Ghali”.