Ignorar el informe del CGPJ sobre la Ley de Vivienda, una sorprendente falta de respeto institucional

Resulta inaceptable que desde Unidas Podemos se achaque al Consejo General del Poder Judicial una “reacción antidemocrática” por cuestionar el anteproyecto del Gobierno

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes FOTO: Cabalar EFE

La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial, a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a «normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales» (apartado 6 del artículo 561.1).

El pasado 27 de enero, el CGPJ aprobó el informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, 64 páginas que finalizan con 17 conclusiones donde se pone de manifiesto que el texto, remitido por el Gobierno, resulta «sobrecargado», «contradictorio», «farragoso», «incongruente», «nocivo», «innecesario» e «inoportuno», señalando la invasión de competencias autonómicas que se aprecian.

El informe se puede calificar, sin género de duda, como solvente desde el punto de vista jurídico, riguroso y exhaustivo. Si bien los informes del CGPJ son preceptivos, pero no vinculantes, la experiencia demuestra que, en gran medida, las observaciones que se realizan y no son incorporadas al texto que aprueba el Gobierno finalmente, en algún momento, afloran cuando se aplica el texto legal.

Pese a ello, el Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de Vivienda, donde incorporó alguna observación y comentarios, según afirmó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en rueda de prensa. Habrá que esperar a su publicación en el Boletín de las Cortes Generales para revisar en qué medida y con qué dimensión se han incorporado las múltiples observaciones realizadas al anteproyecto por el CGPJ.

Pero lo que resulta inaceptable es que un partido político (Unidas Podemos), integrado en el Gobierno de la Nación, y, más específica, su portavoz, Isa Serra, acuse al CGPJ de liderar «la reacción antidemocrática» en España y de «extralimitarse» en sus funciones con la intención de hacer «oposición al Gobierno de este país», asegurando que su rechazo a la ley de vivienda se debe a que al órgano «le molesta profundamente que el Gobierno esté dando pasos para regular» ese derecho.

Los partidos políticos son instrumento fundamental para la participación política, y se conforman como instituciones cuya función debería ser contribuir a resolver los problemas de los españoles con respeto debido a la institucionalidad, lo que, lamentablemente, quiebra gravemente cuando se hacen imputaciones como las expresadas por Isa Serra.