Indignación en el PP porque avisó a Batet a tiempo del error de su diputado en la votación

El Partido Popular ha calificado de «cacicada» y «manipulación» lo ocurrido ayer en la votación de la reforma laboral, ya que asegura que el diputado Alberto Casero informó del problema informático al emitir su voto y lo puso en conocimiento de la Cámara, pidiendo que le dejasen votar presencialmente para rectificarlo. Sin embargo, la presidencia no convocó la Mesa para autorizar o denegar el voto presencial.

Una imagen registra la hora exacta en que los populares se dirigen a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet –las 18:15– para poner en su conocimiento el error, pero los miembros de la Mesa, conscientes de la «anomalía», decidieron «seguir adelante con la votación», según la portavoz popular, Cuca Gamarra. El PP argumenta que se han vulnerado los derechos de su diputado, recogidos en el artículo 23 de la Constitución, y también el Reglamento del Congreso.

Alude en concreto a una resolución de la Mesa, del 21 de mayo de 2012, que señala que la presidencia comprobará «telefónicamente con el diputado autorizado (a votar telemáticamente), antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de éste». También apuntan que se habría incumplido el punto 2 del artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que contempla el voto telemático «con comprobación personal».

Por último, los populares recuerdan un precedente que tuvo lugar en el Parlamento vasco en 2004, cuando hubo «una negativa a la comprobación de la anomalía en ese momento y a la repetición, en su caso, de la votación controvertida, con las graves consecuencias que ello implicaba para el resultado». La Cámara sometía a escrutinio los Presupuestos vascos. El PSE-EE registró entonces una iniciativa en el Parlamento en la que solicitaba por escrito que se repitiera la votación.

Los parlamentarios socialistas aseguraban que lo sucedido era un «pucherazo» y protagonizaron un acto de protesta para denunciar la no repetición de la polémica votación, insistiendo en que hubo un problema «técnico».

La diputada afectada, Irene Novales, y el portavoz del grupo socialista, Rodolfo Ares, presentaron en el registro del Parlamento un escrito en el que solicitaban la anulación de la votación y su repetición porque «el derecho de voto es el derecho fundamental que posee el parlamentario» y, como tal, «debe ser protegido y garantizado» por el presidente de la Cámara.