El Gobierno vasco dice actuar con “empatía solidaria” al negar que las Fuerzas de Seguridad del Estado sean víctimas de ETA

El Gobierno vasco, que dice actuar con “empatía solidaria”, considera que los miembros de las Fuerzas de Seguridad que estuvieron en el País Vasco y sus familias, cientos de los cuales sufrieron atentados y otro tipo de acciones criminales, no vieron vulnerados sus derechos humanos por el terrorismo de ETA al no ser la banda un “poder público”.

Así se indica en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que se deniega la aplicación de la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de los Derechos Humanos.

“Sin obviar las posibles experiencias traumáticas a la situación socio política predominante en el periodo que la persona relata en sus peticiones, la Comisión de Valoración ha llegado a la conclusión de que las solicitudes cursadas por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco, que describen haber sufrido violencia, agresiones u otro tipo de actuaciones de terrorismo por parte de ETA o de organizaciones de su entorno, no se hallan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley”,

Se asegura que se ha tenido en cuenta “la especial situación de vulnerabilidad y desigualdad en que puedan encontrarse, procurando que el procedimiento no dé lugar a nuevos procesos traumáticos”. Por citar un ejemplo, qué valoración da dicha comisión a los numerosos ataques que sufrieron los acuartelamientos de las FSE en el País Vasco, en los que, además de los agentes, vivían mujeres y niños.

“Para esta Comisión --sigue la resolución--guiada siempre por una actuación responsable, empática y solidaria con las víctimas, resultan fundamentales las iniciativas orientadas a la búsqueda de la verdad y la necesaria dignificación de todas ellas, sin exclusión”. Salvo, claro, los miembros de las FSE.

Y llegan a la siguiente conclusión: que los hechos referidos por el guardia civil, presente en varios atentados. “no contiene los elementos necesarios y suficientes para considerar debidamente cumplidos los requisitos, tanto formales como sustantivos, exigidos por la Ley (…) en orden a declarar su condición de víctima de violación de los derechos humanos, puesto que no se trata de hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos del Estado”.

Lo que ocurre es que la citada Ley, en su artículo 2, reconoce como víctimas a quienes hayan sufrido violencia política ejercida por funcionarios públicos y por “particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada”. ¿Y qué era ETA sino uno de esos grupos?