El PP lleva hasta Bruselas el “fraude con los fondos de inclusión”

Sube un escalón más la confrontación entre Gobierno y PP por los fondos comunitarios a dos días de que termine la campaña del 13-F. Por primera vez en el centro de la diana los populares colocan las ayudas sociales: el Ejecutivo español está «incumpliendo» la Ley de Subvenciones. Palabras mayores que aparecen en la denuncia que la dirección del PP entregó ayer en Bruselas.

Un informe de hasta 14 páginas y lleno de estadísticas y de cifras con las que buscan poner en evidencia «la falta de transparencia y el fraude» que, a su juicio, se está produciendo en el reparto global de los fondos comunitarios.

De todos los datos, lo más significativo es la dureza del ataque a la política de inclusión social, de la que dicen que no hay garantías de que tenga un impacto positivo ni de que los proyectos «vayan a servir para algo».

Las autoridades europeas directamente responsables del control de los fondos no recibieron a la delegación popular, pero sí tuvieron oportunidad de entrevistarse con otros portavoces.

Como arranque del documento, un primer gráfico que desglosa los proyectos territoriales ya adjudicados y el importe de los mismos. Las instituciones del PSOE han recibido 243.658.697,39 euros, a través de 109 proyectos. Las que están bajo mando del PP, un total de 60 proyectos por valor de 150.207.345,71 euros.

Por comunidades, la diferencia es de 6 proyectos concedidos a las del PSOE, por importe de 48.679.576,95 euros, frente al único proyecto adjudicado a una comunidad del PP, por 10.602.625,83 euros. En los datos que el PP ha trasladado a Europa llama la atención que el dinero que ha recibido el País Vasco es de 6.590.610,57 euros. Si se compara con el montante que ha ido a todas las de Gobierno popular, la diferencia es de tan solo cuatro millones de euros.

El informe denuncia del PP recoge también el «sesgo político» en el reparto de las ayudas a Diputaciones Provinciales y Cabildos insulares, donde la proporción de «discriminación» es similar, se quejan, a la que retratan en las otras tablas. Para las administraciones socialistas, hasta 63.072 166 millones, mientras que a las del PP, 18.963985 euros.

«En resumen, sea cual sea el tipo de entidad analizada, se observa inicialmente un sesgo en favor de Gobiernos del PSOE en relación con entidades gobernadas por el PP», dice literalmente el documento que los alcaldes populares, encabezados por José Luis Martínez Almeida, han trasladado a las autoridades comunitarias que ayer les recibieron.

En el documento detallan los repartos en las convocatorias de sostenibilidad turística, de apoyo al sector del comercio y también en el ámbito de la inclusión.

En este último apartado, el PP llega a acusar al Gobierno de coalición de que «no haya un nexo entre los objetivos perseguidos, las cantidades asignadas y los destinatarios propuestos».

Se trata de una convocatoria de 110 millones de euros para realizar proyectos piloto de itinerarios de inclusión social. En concreto, habla de la necesidad de reforzar la inclusión de las personas que reciben el salario mínimo vital. «No existe evidencia alguna de que los proyectos que se vayan a presentar por las entidades agraciadas vayan a tener un impacto positivo en la inclusión de las personas que reciben el salario mínimo vital», sostiene, sin embargo, el principal partido de la oposición. También advierte a Bruselas de que «no hay una convocatoria previa que sirva para realizar una evaluación mínima de los proyectos ni una justificación clara para la asignación de las cantidades», incumpliéndose «el principio de transparencia y proporcionalidad que debe regir de acuerdo a la Ley de Subvenciones para otorgar subvenciones nominativas».

Por esta vía, las comunidades del PSOE han recibido 48.679.576,95 euros. Las del PP, 12.729.812,48. Y el País Vasco, 6.590.610,57. Del total repartido, el 81,3 por ciento ha ido a autonomías que no están gobernadas por el Partido Popular. Y hasta un 71,6 por ciento a comunidades del PSOE.

«Al tratarse de ayudas a la inclusión social de personas que están en riesgo de exclusión social, cabría pensar que se tuvieran en cuenta aspectos como la población o el nivel de renta per cápita de las comunidades autónomas, o algún indicador como la cantidad de personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital en cada comunidad autónoma. Pero nada de eso se produce».

La primera alerta sobre los criterios de distribución de los fondos comunitarios la hizo el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, pionero en la elaboración de la estadística comparativa y en poner en marcha la iniciativa de llevar la denuncia hasta Bruselas.

El regidor madrileño, Martínez-Almeida, explicó que «se está produciendo una distribución de los fondos que sin duda es arbitraria y que no perjudica al Partido Popular, perjudica a los españoles, porque todos somos iguales ante la ley, todos tenemos que superar la pandemia y los fondos europeos son determinantes para poder hacerlo».

El PP se arrogó el apoyo del PPE en esta batalla contra el Gobierno de coalición, y también de las autoridades comunitarias, a pesar de que lo desmiente la vicepresidenta, Nadia Calviño.