La supuesta fosa de Andreu Nin fue «contaminada» en época de Zapatero

Nada se sabe sobre los restos de Andreu Nin mientras la fosa común hallada en 2008 en Alcalá de Henares, donde supuestamente pudo ser depositado su cadáver, arroja más dudas que certezas.

Localizada por la Asociación de Memoria Histórica Raíces en el mapa de fosas elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez, e interpelada la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en base a la Ley de Transparencia sobre la identidad de los siete cuerpos hallados en terrenos de la BRIPAC, la conclusión es que «en el momento de iniciarse la intervención arqueológica, los restos óseos ya habían sido retirados de la fosa sin rigor científico, lo que dificultó considerablemente el posterior estudio antropológico». Todo ello durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor de la Ley de Memoria Histórica nacida un año antes.

El enterramiento, registrado con el número 2502/2012 MADR, dentro de la tipología de «ejecuciones extrajudiciales» y cuyo estado de intervención se consignó como [fosa] «exhumada total», se encontraba en la zona donde Nin permaneció retenido hasta que fue salvajemente torturado –llegó a ser desollado vivo– por agentes de Stalin en 1937, lo que avivó las elucubraciones acerca de que uno de aquellos cuerpos fuera el del líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

El Ministerio de Presidencia no responde a ninguna de las cuestiones planteadas, como la «ubicación» del «destino actual» de los restos localizados, que aclare «si se han identificado y si se han hecho pruebas de ADN» para su cotejo a las posibles familias de las víctimas, y «en particular a la familia Nin», así como el «expediente de todos los informes oficiales desde que se descubrió la fosa hasta el momento presente», y «en especial los informes que ordenaron la paralización de las actuaciones tras su descubrimiento». La «opacidad» del Gobierno de Pedro Sánchez a este respecto «es total y absoluta», lamentan fuentes de la asociación de memoria histórica.

La información que el Ejecutivo aporta sobre la fosa es que la dio a conocer la Sociedad Científica Aranzadi a través de su «publicación en revistas científicas especializadas». En concreto cita un trabajo de enero de 2012 hecho público en el «Boletín Galego de Medicina Legal e Forense» por la Asociación Galega de Médicos Forenses, con el número 18 (páginas 81 a 88), y el título «Lesiones en los restos óseos procedentes del Acuartelamiento Primo de Rivera (Alcalá de Henares, Madrid). Estudio Antropológico», escrito por dos especialistas del Instituto Anatómico Forense de Madrid y un arqueólogo. En el texto no se hace referencia a que se trata de víctimas del Frente Popular, como se ha recogido en diversos medios de comunicación y apunta el historiador Pedro Corral, sino que se «diluye la responsabilidad» hablando de un «centro de internamiento utilizado por ambos bandos durante la guerra einmediata posguerra civil...».

Tras la referencia a que la fosa fue «contaminada», se habla de que se han «individualizado siete cuerpos», para a continuación hacer un estudio detallado de «por dónde entraron y salieron las balas» en los cráneos de las personas asesinadas, «sin ni siquiera identificar las balas asesinas, las ropas o cualquier otro signo distintivo que habría servido para localizar a las víctimas, a sus familiares o al contexto en que se produjeron las muertes».

Desde la asociación Raíces consideran que es «una falta de respeto que la localización de esos restos mortales haya servido única y exclusivamente para hacer una descripción del efecto de un disparo en el cráneo».

En su opinión, la cuestión determinante «no es cómo fueron asesinados, sino quiénes son y por qué murieron» los enterrados en la fosa, y ante la evidencia de que se ha «contaminado el lugar del crimen», «persiste la sospecha de que allí pudiera encontrarse Nin».

Estas fuentes consideran «significativo» que en el mismo boletín haya «163 referencias al ADN» como «forma de identificación» de restos mortales procedentes de la época de la Guerra Civil, mientras que «los siete de Alcalá no han merecido una sola prueba de ADN».