Proetarras “denuncian” a la Audiencia Nacional por contravenir los acuerdos entre el Gobierno y los presos

La regresión de grado de dos terroristas se considera como un “reto” de la Justicia a Interior y al Gobierno Vasco

Investigados por homenaje a presos etarras testifican en la Audiencia Nacional
Varios de los investigados por organizar actos de homenaje a presos etarra (de izq a der) Juan Mari Olano, Antton López Ruiz "Kubati" y Haimar Altuna llegan a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Manuel García Castejón. Son citados en el informe de la Guardia Civil conocido estos días EFE/ Kiko Huesca FOTO: Kiko Huesca EFE

Están envalentonados y, cuando algo se tuerce en su camino, pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez, se encabritan y “denuncian” a los que se oponen a sus objetivos. El motivo ha sido la regresión de grado y la vuelta a la cárcel del preso Jon Crespo, condenado, entre otros delitos, por amenazar a un concejal del PP y lanzar cócteles molotov contra un periódico.

“Una vez más, queremos denunciar que la Audiencia Nacional española vuelve a constituirse en obstáculo para que los y las presas vascas puedan ejercer sus derechos y recorrer su camino por la legalidad penitenciaria. El auto (por el que pasa de tercer a segundo grado) comporta mayor excepcionalidad, si cabe, ya que conculca el derecho a la resocialización de una persona que se encontraba desde hace cuatro meses en la calle con total normalidad, respetando todas las condiciones impuestas. Tras este tipo de resoluciones, además, no se encuentra solo el preso, sino que hay una familia y un entorno, más si cabe porque si se les aplicara la ley ordinaria buena parte de los presos y presas vascas deberían estar ya en su casa. Consideramos que nuestros familiares presos tienen derecho a seguir avanzando en la resolución de las consecuencias del conflicto, y como en este caso de Jon Crespo, tienen derecho a la reintegración en la sociedad vasca”.

La frase corresponde a una nota de Etxerat, la asociación que reúne a la mayoría de los presos y familiares de ETA, que, tras los pactos entre Bildu y el Gobierno de Sánchez, no están dispuestos a dar un “paso atrás”. No hacen otra cosa que reclamar lo que consideran que es suyo y, por ello, según se pone de manifiesto en el informe de la Guardia Civil de marzo del año pasado al que ahora se ha dado publicidad, consideran que la Fiscalía y la propia Audiencia son obstáculos para que esos acuerdos puedan cumplirse en su totalidad.

Etxerat se queja de que Crespo “deberá reingresar en segundo grado en la prisión de Basauri, tal y como ha determinado un auto de la Audiencia Nacional española, que estima el recurso interpuesto por la Fiscalía y dejaría sin efecto su progresión a tercer grado”.

Recuerdan que fue la prisión de Basauri (en Vizcaya) la que propuso su clasificación en tercer grado. “En todo este tiempo, el preso vizcaíno ha estado en la calle, ha cumplido todos los requisitos que se le han exigido sin haber hecho, en ningún caso, mal uso de su clasificación”.

Se quejan de que “nos encontramos ante un caso similar al que sufriera Unai Fano, preso de Larrabetzu que reingresó el 28 de setiembre de 2021 en segundo grado en la prisión de Basauri, ocho meses después de que la junta de tratamiento de la citada prisión propusiera su progresión a tercer grado, que confirmara la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP)” (dependiente del Ministerio del Interior).

En ambos casos, aluden a las decisiones de la prisión y de la SGIP, con la que, según el citado informe, se han pactado traslados y otros beneficios para los presos etarras.

Tal y como publicó ayer LA RAZÓN, en el trasfondo de este asunto están las cartas que supuesto “arrepentimiento” que firman los etarras para acceder a los beneficios y que, entre tres modelos (los dos primeros contemplaban la colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes de autoría y la desvinculación de ETA), optaron por un tercero en el que ni lo uno ni lo otro y se limitaban a lamentar el daño causado.

Jon Crespo Ortega fue condenado por delito de amenazas terroristas, por haber enviado el 17 de marzo de 2000 una carta amenazadora contra Ricardo Gutiérrez Solana, concejal del PP en Galdácano (Vizcaya) que fue distribuida entre todos los vecinos del edificio de su domicilio. Como consecuencia de esta acción, el edil popular perdió su puesto de trabajo en Bilbao, se vio obligado a cambiar de domicilio y trasladó su residencia a otra comunidad autónoma. Asimismo, fue condenado por lanzar cócteles molotov contra la fachada del diario “El Correo”.

En la misiva aenviada al representante del PP, lo calificaba de “engendro de Franco” e invitaba al vecindario a contribuir a su expulsión del País Vasco. Concluía con el típico “Jo Ta Ke” (Dale duro). Crespo admitió su participación en la elaboración de la carta, ante la policía y ante el juez, y que la hizo en un ordenador que tenía Herri Batasuna en una lonja.

Desde sectores proetarras, dentro de lo que se presenta como una campaña de intimidación a la Justicia, según fuentes antiterroristas, las decisiones de la Audiencia Nacional y d ela Fiscalía se presentan como un “reto” a Instituciones Penitenciarias y al Gobierno vasco, que ahora tiene esas competencias. Consideran que “las maniobras confirman los obstáculos de la Audiencia Nacional contra el desarrollo de las vías legales”. Sare, implicada en las citadas negociaciones, según el informe de la Benemérita, ha manifestad que este regreso a prisión ordenado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria «supone un acto más en intento de obstaculizar el camino hacia la convivencia». Y avanza la convocatoria una manifestación emañana a las 13.00 en Galdácano.