El PSOE vota con Bildu contra el fin de los «ongi etorris»

El Partido Popular había brindado la oportunidad al PSOE de desligarse de Bildu y el mundo proetarra y aprobar cambios legales para endurecer el tratamiento a los presos etarras. Más aún después de conocerse el informe de la Guardia Civil sobre los contactos entre Interior y colaboradores de Arnaldo Otegi para ofrecer tratos de favor a los presos de ETA.

El Partido Popular ha defendido esta tarde una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de recabar el consenso de la Cámara Baja para acabar con el acceso al tercer grado sin arrepentimiento y prohibir los homenajes a etarras recién salidos de prisión –«los ongi etorris»–.

Los populares pretendían reformar el Estatuto de la Víctima del delito para ofrecer «mayor protección a las víctimas del terrorismo» frente a los beneficios penitenciarios que pueden disfrutar los etarras. Sin embargo, el PSOE se ha desmarcado de la iniciativa, que contaba con el aval de las asociaciones de víctimas de terrorismo y que se encontraban en el Hemiciclo ayer. Así, la fotografía que dejó el Congreso fue la de un PSOE votando con Bildu, Unidas Podemos y PNV en contra de algunas de las reclamaciones históricas de las víctimas de ETA. La propuesta del PP que fue tumbada ayer por el Congreso se trataba de una reforma de gran calado que implicaba modificar cinco leyes – las leyes orgánicas penitenciarias, de Seguridad Ciudadana, del Derecho de Reunión y del Poder Judicial, la ley del Estatuto de la Víctima del Delito y el Reglamento Penitenciario.

El objetivo de los populares era el de cubrir «algunas lagunas en la defensa de su dignidad (de las víctimas) y del conjunto de sus derechos». Se trataba de la puesteen marcha de manera inmediata de una batería de reformas legales para endurecer el tratamiento penitenciario a los etarras e impedir los «ongi etorris» a los terroristas recién excarcelados. Entre las modificaciones que proponía el PP se encontraba la reforma del artículo 62 de la Ley Penitenciaria para prohibir la concesión del tercer grado a los condenados por terrorismo que no hubieran «mostrado signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas» o que «no hubieran colaborado activamente con las autoridades para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista». Implica también la modificación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que es el que se aplica para conceder los beneficios de tercer grado a presos de segundo grado.

En cuanto a los homenajes a etarras, el PP pretendía reformar la Ley Orgánica del Derecho de Reunión de 1983, en su artículo quinto para que la autoridad gubernativa pudiese suspender o disolver las reuniones y manifestaciones que, entre otras, se organicen para «recibir y rendir homenaje al autor de un delito» reflejado en el Estatuto de la Víctima del Delito.

Fue la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, la encargada de defender la normativa. Insistió en que los populares buscan «acabar con la impunidad social» porque existen 378 atentados terroristas sin resolver. Entiende que esa realidad es una forma de «tortura» a las víctimas, y ha apuntado que a esto se suman además los beneficios penitenciarios sin arrepentimiento o colaboración. Gamarra pidió también la dimisión de la cúpula del Ministerio del Interior por considerar que forma parte de una «trama secreta» con la que «el Gobierno ha negociado beneficios penitenciarios para presos de ETA a cambio del apoyo político de los «albaceas del terrorismo», en referencia a Bildu.

El PSOE defendió su «no» atacando al PP por «usar a las víctimas como excusa para atacar al Gobierno». El diputado Miguel Ángel González, reprochó a los populares que «crucen las líneas rojas de la decencia política» al presentar una proposición de modificación de ley «sin rigor jurídico» y sin «añadir nuevos derechos».