Policías nacionales denuncian que Interior nos “considera culpables antes de que se pronuncien los tribunales”

El Ministerio del Interior “nos considera a los policías como culpables sin esperar a las sentencias de los tribunales”. Fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP) han reaccionado así a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad (publicada en exclusiva por LA RAZÓN) sobre supuestas “torturas” cometidas por los agentes con los detenidos y el seguimiento que se va a hacer dando por hecho la veracidad de los denunciantes.

A este respecto, destacan que “los policías nacionales son el colectivo funcionarial más vigilado y sometido a controles de todo el Estado”.

“Tenemos un Código Ético, una Ley Orgánica de Régimen Disciplinario y el Código Penal, que constituyen una triple herramienta de verificación de la legalidad de nuestro trabajo que, además, en muchas ocasiones está tutelado y supervisado por jueces y fiscales. Esta Instrucción (la de la Secretaría de Estado), por mucho que se nos pueda decir que tiene un carácter estadístico, transmite desconfianza hacia un grupo de profesionales que, como acreditan las estadísticas judiciales, respetan y protegen los derechos humanos a diario”, subrayan.

“En cuanto a sus planteamientos, --añaden-- y en vez de considerar como un caso acreditado de vulneración de derechos humanos solo aquel que haya sido calificado como tal mediante sentencia firme de un juzgado, mete en ese mismo saco las denuncias ante el Defensor del Pueblo, ante los propios Cuerpos policiales y ante la Fiscalía”.

En la instrucción se dice que “se entenderá por denuncia toda comunicación formal, por cualquier medio admitido en derecho, de la posible existencia de una vulneración de los derechos fundamentales efectuada ante la Autoridad Judicial, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además de lo anterior, se considerará como denuncia la atribución al personal de las FCSE de la condición de investigado o encausado en el ámbito procesal penal o disciplinario, por supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales”.

Destacan, finalmente, que Interior “ha vuelto a impulsar una norma que afecta a los policías sin contar con ellos, de espaldas a todo un colectivo y sin existir una demanda objetiva en esta materia. Esta forma de operar reincide en una apuesta por la unilateralidad frente al diálogo con los profesionales de la seguridad pública”.