Las víctimas pedirán al juez que prohíba salir de España a “Iñaki de Rentería”

Las víctimas del terrorismo pedirán hoy al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que retire el pasaporte y prohíba salir de España al ex dirigente de ETA Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”, investigado por su supuesta responsabilidad en el atentado que en 1995 costó la vida al entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordóñez.

Según las fuentes consultadas, tanto las acusaciones populares que ejercen en la causa la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) como Dignidad y Justicia (DyJ) como la defensa de la familia de Ordóñez tienen previsto solicitar al instructor que acuerde respecto al ex jefe de ETA la misma medida cautelar que ya impuso al que fuera también dirigente de la organización terrorista Mikel Albisu, “Mikel Antza”.

En el caso de la asociación que preside Daniel Portero, se pedirá además al magistrado que obligue al investigado a comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, algo que ya rechazó Abascal respecto a “Mikel Antza”. Entonces, la Fiscalía únicamente pidió al juez que el ex jefe de ETA facilitase un domicilio y un teléfono para estar localizado.

En la resolución en la que el instructor acordó citarle a declarar como investigado (en principio el próximo jueves, una fecha que posteriormente se adelantó al día 14), Abascal recordaba que “Iñaki de Rentería” perteneció al comité ejecutivo de ETA desde mediados de 1992, tras la caída de la cúpula etarra en Bidart (Francia), hasta el 15 de septiembre de 2000, cuando fue detenido como responsable de los aparatos “militar” y “logístico”. De ahí que, subrayaba, “formaba parte de la dirección terrorista en las fechas en las que asesinaron” al concejal popular.

La orden de asesinar al concejal del PP

Además de “Iñaki de Rentería” y “Mikel Antza” (quien durante su declaración negó cualquier responsabilidad en el asesinato del concejal del PP), en esta causa están investigados José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri»; Julián Atxurra «Pototo» y Juan Luis Aguirre Lete «Isuntza». Todos ellos, según un informe de la Guardia Civil, habrían participado al menos «en la toma de decisión del asesinato de Gregorio Ordóñez».

Según detalla la Guardia Civil en ese informe, los cinco ex dirigentes etarras jugaron un «relevante papel» en relación a las órdenes impartidas para asesinar al concejal del PP. En esos años, hacen hincapié, «nada se hace, nada se mueve en ETA que no conozca y coordine y en la mayoría de los casos autorice el comité ejecutivo».

Era la cúpula etarra la que -según las conclusiones del Instituto Armado- se encargaba de «controlar y dirigir toda la actividad» de ETA «a través de una red de enlaces encargados de transmitir sus directrices». Y aunque sus integrantes, precisaba la Guardia Civil, «no están física y personalmente en cada uno de los movimientos, acciones, atentados terroristas», el comité ejecutivo sí es el encargado de «diseñar la estrategia» de ETA y de «dirigir todos los medios para conseguir llevarla a cabo». Todos los «comandos», dice, eran «un mero instrumento» de la cúpula dirigente.