Más de 10.000 teléfonos móviles se han incautado en el interior de las cárceles

Un total de 10.275 teléfonod móviles se han incautado en las prisiones españolas en los últimos cinco años. Se trata de objetos prohibidos dentro de las cárceles para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género, lo que los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas que esto genera, según denuncia ACAIP.

Fue 2019 el año de mayor número de aprehensiones con 2585, manteniendo una línea constante en 2020 y 2021. Los centros penitenciarios de Algeciras y Málaga, con cerca de 700 terminales cada una, lideran el número de confiscaciones por parte de los trabajadores penitenciarios.

El sindicato subraya el trabajo que realizan los funcionarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos. En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones. “Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y relacionadas con el narcotráfico”.

“El uso de estos teléfonos puede genera deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos, por ello, los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico. De hecho, podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, como en el interior de suelas, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada”.

Con más de 3000 vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios. Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado para evitar su entrada, por otro, realizar el control en el interior, denuncia Acaip.