El laberinto sefardí para conseguir la nacionalidad española

El mexicano Carlos G. comenzó en febrero de 2019 lo que define como una «febril investigación» en busca de sus raíces sefardíes. Un proceso de verificación histórica que, gracias a un exhaustivo estudio genealógico, le condujo hasta su antepasada Constanza de la Garza, vecina de la Palma, quien tras un proceso de 27 años fue condenada por «marrana» (así se conocía a los judeoconversos que mantenían su fe en secreto tras el decreto de expulsión de los judíos firmado por los Reyes Católicos en 1492) y restituida en su honra años después a título póstumo.

Residente en Ciudad de México, Carlos es una de las más de 32.000 personas que –acogiéndose a una ley de junio de 2015 impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy que permite conseguir la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes– aún espera la resolución a su petición.

Según reconoce, se ha gastado ya en todo el proceso más de 4.300 euros, sin contar el precio de los billetes a España para acreditar ante un notario toda la documentación requerida. Y aún tiene pendiente un viaje a Canarias para conseguir una copia del documento del proceso inquisitorial contra su antepasada, «un eslabón clave de las pruebas documentales de mi origen». «Existen documentos digitalizados, pero por la pandemia no he podido acceder a ellos», explica a LA RAZÓN.

México es, con diferencia, el país desde el que han llegado un mayor número de solicitudes (ver gráfico). Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Justicia (de septiembre del pasado año), del país azteca proceden 22.020 peticiones.

Hasta 2020, la inmensa mayoría de estos procedimientos concluía de forma positiva (solo tres denegaciones frente a 21.215 concesiones de nacionalidad). Pero a partir sobre todo de marzo de 2021, las denegaciones se fueron incrementando exponencialmente: 236 en esa fecha y 2.980 frente a 38.155 otorgadas a 30 de septiembre del pasado año. Un cambio de tendencia que –unido al retraso acumulado en la tramitación de las peticiones– ha generado inquietud y malestar entre quienes todavía esperan una respuesta a sus demandas.

«El proceso se descontroló»

«Las resoluciones salen a cuentagotas», se queja Carlos, que cree que el proceso «se descontroló porque no esperaban tal número de solicitudes, especialmente de México, Venezuela y Colombia».

Fruto de esa inquietud por el rumbo de estas resoluciones, un grupo de congresistas y senadores de Estados Unidos llegó a protestar por carta a Pedro Sánchez por las denegaciones de la nacionalidad española a los descendientes de sefardíes. Y aunque desde la embajada española se les había trasladado que los criterios para otorgarla «no habían cambiado», se quejaban de que se han denegado certificados cumplimentados por organizaciones judías reconocidas por España para estas gestiones.

Por este motivo, urgían al Gobierno español a «investigar y eliminar las arbitrarias barreras burocráticas que han hecho casi imposible para los judíos sefardíes» culminar con éxito el proceso de nacionalización después de haber empleado incontables horas y «miles de euros» para acreditar los requisitos exigidos.

Pero, ¿ha existido realmente un cambio de criterio? Desde el Gobierno se niega y la Federación de Comunidades Judías de España corrobora esa impresión. «No ha habido cambios de criterios», aseguran fuentes de la asociación hebrea a este periódico. Pero, al mismo tiempo, apuntan que durante el proceso «ha habido varias investigaciones policiales», por lo que consideran factible que se haya investigado «algún tipo de fraude».

Una investigación policial que habría destapado casos de documentos fraudulentos justificaría esa demora en examinar de forma minuciosa la autenticidad de la documentación aportada.

En todo caso, desde la Federación de Comunidades Judías de España se matiza que esos casos son «claramente un número menor en relación al gran número de solicitudes cuya nacionalidad ya ha sido otorgada».

Sin embargo, para el abogado Sergio Rodríguez Moreno –que gestiona peticiones de nacionalidad de varios sefardíes– esos casos de fraude son «una burda excusa». Y se queja de que mientras a algunos solicitantes «con 15 generaciones de prueba se les ha denegado la nacionalización porque cuestionan la condición de sefardí de un bisabuelo, a otros les ha bastado con un simple informe de apellidos». Para el letrado, lo que ha ocurrido es que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia «ha arrebatado a los notarios la capacidad decisoria que la ley de 2015 les otorga».

Instrucción a los notarios

Con cambio de criterio o sin él –LA RAZÓN ha intentado sin éxito recabar la versión del Ministerio de Justicia–, lo cierto es que desde la Dirección General de Seguridad Jurídica se ha extremado el celo en la revisión de la documentación acreditativa.

La ley de 2015 establece tres medios probatorios para acreditar la condición de sefardí originario de España: un certificado expedido por la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, por el presidente de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado o por la autoridad rabínica del país de residencia habitual.

A día de hoy, los dos últimos tipos de certificados se están mirando con lupa. De hecho, según ha podido confirmar este periódico, en octubre de 2020 desde la Dirección General de Seguridad Jurídica se remitió a los notarios una circular en las que se les instaba a «extremar la diligencia en orden a la admisión de su valor probatorio». Solo los certificados expedidos por la Federación de Comunidades Judías de España están libres de sospecha.

“Es entendible la frustración”

Los notarios, que ven ahora cómo se rechazan solicitudes cuya validez documental habían avalado previamente, no se pronuncian al respecto. Desde el Consejo General del Notariado prefieren no hacer valoraciones en una controversia que, además, ha cobrado dimensión política, pues el grupo parlamentario del PP en el Senado ha remitido ya al Gobierno una batería de preguntas para que el Ejecutivo aclare si ha habido realmente un cambio de criterio en la concesión de la nacionalidad de lo que fue uno de los proyectos estrellas del entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

«Es entendible la frustración de muchos solicitantes que aún no han recibido respuesta», admiten desde la Federación de Comunidades Judías de España, para la que «la pandemia ha generado varios problemas» en un procedimiento que, reconoce, «no es fácil» porque «ha habido mucha desinformación acerca de los documentos probatorios». No obstante, se muestran confiados en que «no se produzca ningún colapso».

Carlos, mientras, sigue esperando en México el reconocimiento de esa nacionalidad española a la que, piensa, tiene derecho. Pero, en todo caso, el esfuerzo no ha sido baldío. «El conocimiento histórico que he adquirido sobre mi familia en este viaje al pasado ha valido la pena –asegura orgulloso–, independientemente del resultado».