Anticorrupción replica al clan Pujol: los documentos solicitados a Andorra no reabren la investigación

La Fiscalía Anticorrupción avala la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de reclamar a Andorra el resultado de dos comisiones rogatorias cursadas en 2019 por su antecesor, el juez José de la Mata, sobre información bancaria de un supuesto testaferro de Jordi Pujol Ferrusola y de una fundación vinculada a su hermano Josep.

La defensa de la familia Pujol ha recurrido en apelación esa resolución del pasado enero, al considerar que supone ampliar la investigación más de año y medio después de que concluyera la instrucción y cuando se está ya a la espera de juicio. Pero en el escrito en el que la fiscal de Anticorrupción Belén Suárez rebate ese argumento –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, el Ministerio Público defiende que «no se trata de la práctica de nuevas diligencias de investigación concluida la instrucción», sino de diligencias «ya interesadas y acordadas durante la instrucción, y que pueden ser incorporadas al procedimiento».

En todo caso, expone Anticorrupción, la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal «no impide la incorporación de nuevos medios de prueba de los que puedan valerse las partes, y ello aun acabada la instrucción». De hecho, señala, en sus escritos de defensa los propios miembros de la familia Pujol proponen nuevas pruebas a practicar en el juicio oral «que no están incorporada al procedimiento y que ni siquiera fueron propuestas durante la instrucción, entre ellas pruebas periciales y documentales».

Anticorrupción pide una condena de nueve años de cárcel para Jordi Pujol y penas de ocho a 29 años para sus siete hijos (la más alta, para el primogénito) por delitos de blanqueo, fraude fiscal, asociación ilícita, falsificación de documento mercantil y frustración en la ejecución. La esposa del ex president, Marta Ferrusola, fue apartada de la causa in extremis por una demencia sobrevenida.

Tras la pista de un supuesto testaferro del primogénito

La Fiscalía hace hincapié en su escrito en que entre la prueba documental que propuso se incluye la relativa a la pieza separada de comisiones rogatorias a Andorra (que consta de once tomos), en la que están incluidas las ahora cuestionadas. Y es que la defensa de la familia Pujol objetó que la Fiscalía no propuso como prueba anticipada esos requerimientos de información bancaria a las autoridades andorranas.

El juez De la Mata acordó la medida tras recibir un informe de la Agencia Tributaria de julio de 2019 que alertaba de ingresos sin justificar en una cuenta de la que era titular la sociedad panameña Claremont, del ex director de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes, socio de Jordi Pujol Ferrusola y supuesto testaferro del primogénito del ex president.

La fiscal Anticorrupción defiende que el hecho de que Pedraz dictase auto de procedimiento abreviado «sin haber agotado el procedimiento de prórroga aprobado» se justifica por la obligación de limitar los plazos de instrucción para preservar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Las prórrogas de la instrucción, recuerda, sólo tienen razón de ser «cuando se constate motivadamente la imposibilidad de su finalización como consecuencia de la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación». Algo que, considera, no sucede en este caso, pues la petición de información a Andorra se hizo en 2019 y únicamente está pendiente de cumplimentar.

La familia Pujol recurre en apelación

De ahí que la Fiscalía pida ahora a la Sala de lo Penal que rechace los recursos de apelación de la familia Pujol y del propio Ribes y confirme la decisión de Pedraz de reclamar a las autoridades andorranas esos datos pendientes.

Pedraz consideró «pertinentes, necesarias y proporcionadas» las diligencias solicitadas por Anticorrupción en agosto y septiembre de 2019, pues según su criterio podrían contribuir «al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y a la determinación de la eventual responsabilidad de los investigados”.

En esas dos comisiones rogatorias, pidió a Andorra que requiriesen a cuatro entidades bancarias (Andbank, Credit Andorra, Banc Sabadell Andorra y BP) toda la documentación de las cuentas en las que Ribes figurase como titular o apoderado, así como las instrucciones proporcionadas por el supuesto testaferro de Pujol Ferrusola y la relación de transferencias y traspasos «con identificación completa» de los beneficiarios.