El Gobierno vasco concede el tercer grado a otros diez presos de ETA

El Gobierno vasco ha autorizado la progresión a tercer grado de una decena de presos de ETA que cumplen condena en cárceles de esa Comunidad, mientras que otros 26 que lo han pedido se han quedado en segundo grado. Las tres regresiones de grado acordadas recientemente por la Audiencia Nacional y consiguiente vuelta a la cárcel, de las que ha informado LA RAZÓN, no desaniman al Ejecutivo de Vitoria a seguir con su política penitenciaria de beneficio a los reclusos terroristas.

El último que tuvo que volver a prisión fue el etarra Iñigo Gutiérrez. Tras los casos de Unai Fano y Jon Crespo, la Audiencia Nacional tomó esta decisión ya que en las cartas que firmaron, también publicadas por este periódico, no se pedía perdón a las víctimas.

La noticia de las nuevas concesiones de tercer grado la ha facilitado la consejera vasca de Igualdad y Justicia, Beatriz Artolazabal, en una entrevista en “El Correo”. El Gobierno Vasco asumió el pasado 1 de octubre la gestión de las tres cárceles vascas. Con los últimos acercamientos, son cerca de cien los reclusos de ETA trasladados a Euskadi.

Según las cifras que ha dado la consejera, de las peticiones de presos de ETA para progresar a tercer grado, se han autorizado una decena, “aunque aún no son efectivas, pero se han empezado a notificar a los implicados y a sus víctimas esta semana”. No habrá anuncios públicos sobre ellos, ha matizado. Además, han ratificado 26 propuestas de las juntas de tratamiento para que otros tantos presos se queden en segundo grado. Estas autorizaciones para progresar de grado tienen que ser aún ratificadas ahora por la Audiencia Nacional.

La consejera ha defendido las autorizaciones: “estas decisiones no son políticas, se toman en base a escrupulosos análisis científicos y criterios técnicos de los expertos de las juntas de tratamiento. No son caprichos, buena parte de los presos de ETA que están llegando a Euskadi cumplen o están a punto de cumplir los requisitos para la progresión de grado”.

Por su parte, el consejero de la AVT, Miguel Folguera, ha manifestado a LA RAZÓN que “con los presos de ETA nunca se han aplicado medidas legislativas o de política penitenciaria de excepción. Se les aplica la legislación ordinaria que establece unos requisitos específicos dadas las particularidades de los delitos de terrorismo. Pediremos a la fiscalía que revise las decisiones adoptadas para que compruebe que se ajustan a esa legalidad. Seguimos exigiendo la colaboración con la justicia y la satisfacción de las responsabilidades penales tal y como exige la ley”.