«Operación Caranjuez»: Trampas en investigaciones y DNI a cambio de dinero e información de Podemos

Un juzgado madrileño indaga en una red de policías españoles y abogados que presuntamente estafaron y amenazaron a venezolanos que pagaron cantidades millonarias

Fotografía de la sede de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en Caracas
Fotografía de la sede de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en Caracas

Tres hechos coincidentes en el tiempo fueron el embrión de una investigación para esclarecer si una red de policías y algún abogado coaccionaron y estafaron a ciudadanos venezolanos (con problemas judiciales en España) a cambio de grandes cantidades de dinero e información sobre el partido Podemos. Una mochila abandonada, una denuncia de un empresario de Badajoz por el asalto a su casa y una visita a la Fiscalía Anticorrupción destaparon la que se bautizó como «Operación Caranjuez» y que se saldó el pasado miércoles con la detención de cuatro personas: un abogado, un policía nacional y su esposa, y un exmilitar de origen israelí.

Primero, un ciudadano denunció una entrada en su vivienda con pintadas amenazantes incluidas y señaló directamente a dos personas con las que tenía negocios pendientes; segundo y paralelamente, en abril de 2018 Hugo Gois -investigado por el lavado dinero a excargos chavistas en España- entregó documentación relevante al Ministerio Público; y, unos meses después, se encontró en un gimnasio 02 Wellness de Madrid una mochila convenientemente abandonada por la exmujer de otro investigado en causas a venezolanos llena de papeles. Todo resultó estar conectado.

Así lo plasma la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en un extenso informe -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- que presentó primero en la Audiencia Nacional, por la relación con imputados en el «caso PDVSA», pero que luego se derivó a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí, en el Juzgado de Instrucción 29, ha permanecido la causa secreta poco más de un año tratando de desentrañar el modus operandi de un grupo de españoles que, según este informe, se aproximaban a los venezolanos y vendían servicios de seguridad, acceso a organismos, agilización de trámites como el DNI, etc.

Entre octubre y noviembre de 2019, la UDEF tomó declaración a cinco testigos y hubo un testimonio que activó las alarmas: el del exdirector de los servicios secretos venezolanos Carlos Aguilera. Éste detalló que Martín Rodil -un lobista estadounidense que se vendía como colaborador de la DEA- le avanzó que las autoridades españolas lo iban a investigar y le ofreció ayuda para resolver sus problemas. Entre las personas que formaban parte de esa colaboración ofrecida a cambio de dos millones de euros estaban el abogado J. A. y un exmilitar con doble nacionalidad israelí y española A. G., ambos detenidos el pasado miércoles.

La apertura de cuentas bancarias, la obtención del pasaporte o la paralización de investigaciones del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) eran algunas de las promesas que se cruzaban con los venezolanos y que constan en cartas y mails obtenidos por la Policía. Los pagos se hacían a través de empresas pantalla que servían para blanquear el dinero. Carlos Aguilera llegó a confesar a los agentes de la UDEF que creía que este abogado creaba los problemas adrede para luego resolverlos.

Lo mismo sostuvo el exministro chavista Javier Ochoa Alvarado que señaló a estos funcionarios -entre los que también se encuentran un inspector de Policía D. B. y un Policía Municipal D. R.- como los ‘conseguidores’ de documentación falsa (en su caso porque sobre él pesaba una orden internacional de búsqueda) o, incluso, ofrecimiento para convertirse en colaborador de las agencias de Estados Unidos. A Ochoa Alvarado le ofrecieron un agente a medida, al que llamar en caso de que fuera detenido «para evitar que fuera reseñado policialmente», por el módico precio de millón y medio de euros. Para hablar de estos negocios se reunían en lujosos hoteles de la capital como el Palace, Eurobuilding o Villamagna.

Carta dirigida a Carlos Aguilera por uno de los investigados
Carta dirigida a Carlos Aguilera por uno de los investigados FOTO: La Razón (Custom Credit)

Información de Podemos

Asimismo, el exministro chavista indicó que entre 2016 y 2017 mantuvo una serie de reuniones con altos funcionarios policiales entre los que se encontraba el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y su colaborador el inspector Bonifacio Díez Sevillano, entre otros. «Le solicitaron información, primeramente Eugenio Pino y posteriormente Bonifacio Díaz», indica la UDEF, «sobre el partido político Podemos, con el fin de identificar pagos de Venezuela al partido o a sus miembros. Para satisfacer esta petición Alvarado solicitó ayuda a sus contactos en Venezuela».

Este informe con fecha del 4 de diciembre de 2020 no detalla exactamente qué documentos fueron entregados o conseguidos por Alvarado para la Policía española, pero cabe recordar que fue en 2016 cuando de las dependencias del Ministerio del Interior, aunque sin la firma de ningún agente en concreto, salió el conocido como informe PISA (Pablo Iglesias S.L.) con datos del entonces líder del partido morado.

A cambio de esta colaboración, Pino le ofreció protección en España y le informó de que había sido incluido en un fichero de colaboradores, aseguró el exvicepresidente chavista en su declaración a los investigadores. Algo, no obstante, que desde el entorno del exDAO niegan.

Los agente han desenmarañado sociedades, relacionados pagos y entrelazado relatos para llevar a cabo estas indagaciones en las que la Fiscalía Anticorrupción observa posibles delitos de organización criminal, extorsión, estafa, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales. Aunque estaban previstas seis detenciones, finalmente el 25 de febrero se practicaron cuatro y todos fueron puestos en libertad después de las entradas y registros en sus domicilios. La Unidad de Asuntos Internos analiza ya todo lo incautado.