Moncloa utiliza el pacto con Vox para debilitar la posición de Feijóo

Los socialistas cuestionan su «moderación» y equiparan al nuevo gobierno con el franquismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Centro de Atención, Acogida y Derivación de Refugiados Ucranianos, en Pozuelo de Alarcón, ayer
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Centro de Atención, Acogida y Derivación de Refugiados Ucranianos, en Pozuelo de Alarcón, ayer FOTO: Borja Puig de la Bellacasa EFE

El PSOE concurrió a las elecciones de Castilla y León con nulas expectativas de victoria, pero con la convicción de llegar a lograr una mayoría de izquierdas suficientemente sólida como para obligar al PP retratarse en su relación con Vox. Los socialistas plantearon antes e inmediatamente después del 13-F la disyuntiva entre «PSOE o Vox», esto es, que, si los castellanos y leoneses no apostaban en las urnas por los progresistas, el PP se acabaría abrazando a la «ultraderecha». La campaña previa tuvo escaso efecto en el resultado electoral, teniendo en cuenta que el partido de Santiago Abascal se convirtió en la tercera fuerza en la región, y todavía menos éxito en el contexto postelectoral, en el que los socialistas evitaron adoptar una posición proactiva que impidiera la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico. Desde el PSOE se cerró cualquier debate, abierto por el alcalde de Valladolid y el de León, sobre una posible abstención en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, lanzando una oferta imposible que obligaba a los populares a poner en jaque todo su poder territorial por desligarse de Vox.

Ahora que la entente ya se ha materializado, los socialistas salieron ayer en tromba para alertar del peligro para la democracia que supone «la extrema derecha». Un peligro que prefirieron ignorar activando sus 28 abstenciones. El primer acuerdo autonómico entre PP y Vox es, además, para el PSOE y el Gobierno un «regalo» para su retórica. El riesgo sobre el que alertaban ya ha tomado forma y será utilizado para desgastar al principal partido de la oposición y a quien está llamado a liderarlo, Alberto Núñez Feijóo. Todas las críticas que se emitieron ayer desde la órbita socialista, tanto desde Moncloa como desde el partido, se orientaban en cuestionar la «moderación» del líder gallego y poner en duda que su desembarco en Génova vaya a suponer un giro respecto a la estrategia de la dirección anterior. «El nuevo PP del señor Feijóo es el más viejo de todos. El que está en las instituciones de la mano de la extrema derecha, como hace cuarenta años», aseveró ayer la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, utilizando una referencia histórica que equipara el nuevo ejecutivo con el franquismo. «La extrema derecha vuelve a los gobiernos cuarenta años después», señalan.

Está por determinar cómo afectará este paso del PP en la futura relación del Gobierno con Feijóo. Si lo utilizarán para minar su posición o intentarán lograr los consensos que con Pablo Casado fueron «imposibles». La prueba del algodón será la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un primer gesto de Feijóo en este sentido, permitiría revitalizar la relación con el principal partido de la oposición. La disposición del líder gallego a alcanzar pactos de Estado se recogió con optimismo por parte del Gobierno, pero son cautos y esperan «hechos». «Lo de hoy –por el pacto PP-Vox– nos hace ser escépticos», aseguran.

La otra pata de su discurso se articulará en el plano electoral. El relato se irá tejiendo y se pondrá en marcha plenamente en la siguiente parada: Andalucía. Los socialistas exhibirán este pacto con Vox como el centro de su estrategia para la contienda andaluza y como antesala del ciclo electoral de 2023, con municipales y autonómicas. Los socialistas andaluces ya buscan erosionar a Juanma Moreno, anticipando que su destino irá ligado al de Fernández Mañueco. Sin embargo y, aunque desde el Gobierno se ponga el acento en el miedo a Vox, en Moncloa son plenamente conscientes de que el «efecto foto de Colón» ya se ha ido difuminando y que solo se podrá reactivar si desde el Ejecutivo autonómico se impulsa alguna medida que genere retrocesos. Unos retrocesos contra los que el Gabinete de Sánchez ya ha advertido que se responderá con los tribunales, recordando cómo se llevó ante el Tribunal Superior de Justicia el intento de establecer un «pin parental» en materia educativa en Murcia.

Más allá del plano ideológico, en el Gobierno saben que los siguientes procesos electorales se jugarán en el ámbito económico y «las cosas del comer», en un contexto muy adverso por la crisis generada por la guerra de Ucrania. Con una inflación que se espera que llegue a las dos cifras y con los precios de la gasolina y la luz en máximos, los españoles se movilizaran en las urnas en función de las mejoras que aprecien en su modo de vida o de las perspectivas de mejorarlo que ofrezcan los actores políticos en liza. Mientras, en Moncloa se aferran al rechazo europeo que generan los pactos con la «extrema derecha», recogiendo las palabras del líder de los populares en Bruselas, Donald Tusk, que ayer calificó de «triste sorpresa» la alianza en Castilla y León y que espera que sea «un incidente» y no una tendencia en España.