Sánchez pedirá «corresponsabilidad» a las CC AA con los refugiados

La XXVI Conferencia de Presidentes se celebra hoy en La Palma. Un enclave simbólico que, en un principio se eligió como muestra de apoyo a los habitantes de la isla tras la tragedia que supuso la erupción del volcán de Cumbre Vieja, pero que ha acabado trascendiendo la catástrofe y convirtiéndose en un emblema de unidad frente a la adversidad. Con esta vocación, la de lograr unos nuevos «Pactos de La Palma», Pedro Sánchez se dirigirá a los líderes autonómicos para «pedir para España» tanto a las Administraciones Públicas como a los partidos que «la respuesta conjunta que se ha dado al fenómeno del volcán» se haga extensible a las consecuencias económicas adversas que va a generar la guerra en Ucrania. El presidente del Gobierno que ya avanzó en el Congreso de los Diputados hace una semana las líneas generales del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra que tiene previsto impulsar el Ejecutivo, lo presentará ahora ante las comunidades autónomas, con la intención de que hagan aportaciones a este «gran acuerdo de país» al que también están llamados a participar los grupos políticos y los agentes sociales.

El Gobierno quiere impulsar mecanismos de cooperación con las comunidades en cuatro ámbitos: ayuda humanitaria, acogida y protección de refugiados, ciberseguridad y medidas de impacto socioeconómico, así como una condena explícita de la invasión de Putin. En lo relativo a los refugiados ucranianos que están llegando a España, Sánchez pedirá a las comunidades autónomas «corresponsabilidad» en su atención y acogida, en solidaridad con las regiones que por razones geográficas reciben mayores flujos de migración. Una respuesta similar a la que se demandará también para los menores extranjeros no acompañados que llegan a territorio español. En este sentido, Sánchez recordó ayer, en una entrevista en la Televisión Canaria, que en un Estado «descentralizado» como el español, las políticas y competencias de las CC AA en la atención a estos menores «es total». Sánchez confirmó que apelará a esa corresponsabilidad, porque sea «Andalucía, Canarias o Baleares» a donde lleguen estos menores, «son las fronteras de toda España». «Y todas las comunidades tienen que sentirse corresponsables en la atención, acogida y protección de una realidad compleja como es esta migración», apuntó.

En un borrador de trabajo remitido a las comunidades autónomas, al que ha tenido acceso este diario, se esbozan algunas de las medidas de cooperación para dar respuesta al impacto de la guerra en Ucrania que se expondrán en la Conferencia de Presidentes. En concreto, se identifican tres centros ya operativos en Madrid, Barcelona y Alicante para la recepción y acogida de los refugiados que lleguen a España. Es en estos lugares, a expensas de que se habiliten otras infraestructuras en el futuro, donde se otorgarán, con un plazo máximo de 24 horas, permisos de residencia y trabajo en España por un año renovable. En el ámbito económico, el Gobierno traslada su compromiso de trabajar junto con los agentes sociales para alcanzar un acuerdo de país sobre rentas, que proporcione estabilidad y confianza al conjunto de la sociedad, «evitando una espiral inflacionista». Una labor que está todavía en una fase muy inicial, ya que no ha contado, de partida, con el beneplácito de los agentes del diálogo social.

Otro de los frentes que se abordarán en la reunión con las autonómicas es el impacto que la guerra está teniendo en el campo energético. España está dispuesta a liderar la búsqueda de una solución a nivel europeo al alza de los precios de la luz, por el contagio que sufren del gas ruso. Sánchez anunció el viernes desde Bruselas que iniciará la próxima semana una gira europea para tratar de buscar adhesiones a su iniciativa de desacoplar el precio del gas del de la electricidad, así como el impulso de una compra conjunta de gas europeo, imitando el modelo que se siguió con las vacunas tras la crisis del coronavirus.

Estas medidas europeas se suman a las que se quieren plantear a nivel nacional, donde el Ejecutivo aboga por reducir durante el presente año en un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos y extender las medidas de flexibilidad en los contratos de suministro de gas natural para consumidores industriales; la prórroga del tipo reducido del IVA al 10% para la electricidad y la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Electricidad y del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, además de la ampliación hasta el 30 de junio del descuento del bono social eléctrico para los colectivos necesitados de especial protección y la prorrogará la minoración del beneficio extraordinario que obtienen las centrales de generación de gas no emisoras.

Lo que se quiere conseguir en la Conferencia de Presidentes es que tanto autonomías como entidades locales «aseguren» que estas medidas llegan a las poblaciones más vulnerables y que llevarán a cabo las actuaciones adicionales que permitan atenuar el impacto del incremento de los precios energéticos sobre las personas más afectadas. En el orden del día, además de la citada respuesta al impacto de la guerra en Ucrania se aprobará un nuevo Reglamento de la Conferencia de Presidentes para reunirla al menos dos veces al año, tal como publicó ayer este diario, se hará una valoración del reparto de los fondos europeos y de la situación de la pandemia de la Covid-19.