El juez encarga un informe de inteligencia para ir contra la cúpula de ETA

García Castellón ordena a la Guardia Civil rebuscar en sus archivos para procesar a los dirigentes por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Un operario ultima el mural con que se conmemorará el undécimo asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Un operario ultima el mural con que se conmemorará el undécimo asesinato de Miguel Ángel Blanco. FOTO: Alfredo Aldai EFE

Ya se había adelantado la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir el caso sobre el asesinato a manos de ETA del exconcejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Pero este jueves el juez Manuel García Castellón firmó oficialmente el auto de reapertura y se conocieron algunos de los detalles como una orden para que la Guardia Civil elabore un informe pericial de inteligencia en el que se plasmen todos los elementos que tengan sobre este crimen.

Según el escrito la intención del juez es llegar a las cúpulas de ETA porque el asesinato ya tiene culpables. La querella de la Asociación Dignidad y Justicia, redactada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, busca ir un paso más allá e imputar delitos también a los integrantes del comité ejecutivo de la banda terrorista (también conocido como Zuba). Por eso, García Castellón solicita a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que fue la que durante las décadas que ETA estuvo activa llevó a cabo la mayoría de las operaciones, que elabore un informe en el que relacione el grado y la forma de participación directa o indiciariamente de nueve de los miembros de esta cúpula ejecutiva.

Se trata de Miguel García Arregui, alias «Iñaki de Rentería» y José Javier Arizcuren, «Kantauri», que formaban parte del aparato militar; María Soledad Iparraguirre, alias «Marisol» o «Anboto» y Asier Oyarzabal Chapartegui, alias «Baltza», que eran del aparato miligar-legales; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias «Gadafi», del aparato logístico; Mikel Albisu Iriarte, alias «Mikel Antza» y Vicente Goicoechea, alias «Willy», del aparato político; Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren, alias «Nervios», del aparato internacional el primero y del de tesorería el segundo.

El magistrado señala como encaje legal la posible comisión por omisión en este asesinato, es decir, si las cúpulas podían haber impedido el asesinato y, como jerárquicamente les correspondía a ellos hacerlo, si se perpetró fue porque estaban en connivencia con aquellos que apretaron el gatillo. Requiere a la Guardia Civil que incluya el «modus operandi» de la banda con la información que tienen ahora, que es mucha más que cuando se resolvió el caso, para ver si por esta férrea jerarquía puede condenarse con este fundamento legal.

La curiosidad de este caso, además, es que este mismo juez fue quien investigó el asesinato hace 25 años. Recuerda, además, que uno de los dirigentes, «Kantauri» ya estuvo procesado en 2016 porque se encontraron elementos de participación en el asesinato, ya que era integrante de la Zuba entre agosto de 1993 y marzo de 1999 y fue en este periodo cuando se diseñó la estrategia terrorista.