La Guardia Civil coteja cientos de casos de la Audiencia Nacional para ir contra las cúpulas de ETA

Rebuscando en las páginas del Código Penal los investigadores en la Audiencia Nacional, instados por la Asociación Dignidad y Justicia, han encontrado algunos encajes “novedosos” para aplicar en los casos de la banda terrorista ETA e intentar llegar a los autores de más alto rango de los atentados. Así, se han reabierto ya cinco investigaciones en diferentes juzgados del órgano creado para indagar en el terrorismo. Pero habrá más. Según ha podido saber LA RAZÓN, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha enviado a la Guardia Civil un listado con más de 300 casos para que sean cotejados con los archivos policiales y determinar si hay mimbres para reiniciar más pesquisas.

La idea inicial era perseguir a los dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad que no prescriben, pero al ver que la ley ponía trabas en esto, se ha decidido explorar el encaje de dos figuras más concretas: la comisión por omisión -la cúpula podía haber dado la orden de frenar el crimen- y la autoría mediata -los que apretaron el gatillo eran meros peones y la responsabilidad real estaba más arriba.

Teniendo esta teoría en mente se realizó un listado de cientos de causas que dormían en los sumarios del Juzgado desde su creación en 1996. Los funcionarios han estado buceando en los archivos que, en los casos más antiguos ni siquiera estaban digitalizados, para encontrar todo aquello que se guardaba bajo el nombre de “terrorismo”. No son solo asesinatos, también tentativas, estragos, daños, secuestros, etc.

Así se ha elaborado un documento en bruto que la Guardia Civil ahora tiene en su poder para hacer “match” con los archivos que ellos mantengan, indican varias fuentes conocedoras de los trabajos. Hay que pulir este listado de máximos para desgranar lo que era y no era de ETA, lo que todavía se puede perseguir y lo que ya no es viable. En definitiva, recopilar toda la información posible como un primer filtro que devolver a la Audiencia Nacional para tomar decisiones. La idea además, y siempre según estas fuentes, es que se incorporen a los trabajos también la Policía y la Ertzaintza con las aportaciones que haya en sus dependencias.

La asociación que está consiguiendo reabrir todos casos para ir contra el llamado Comité Ejecutivo o ZUBA de la organización terrorista es Dignidad y Justicia, cuyo presidente es Daniel Portero. Su abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, detrás de todas las querellas, defiende que ha dado con la “tecla”. “No se trata de la autoría intelectual, eso no lo hemos puesto en ninguna querella, se trata de unir la comisión por omisión con la autoría mediata”, expresa.

El juez Alejandro Abascal reabrió uno de los primeros casos para volver sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez. “Las tomas de decisiones para llevar a cabo una acción terrorista, aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo, se difunden a todos los militantes a través de citas orgánicas, cursillos de adiestramiento y publicaciones internas. El comité ejecutivo decide, coordina, selecciona objetivos, envía información, entrega el material, designa genéricamente el objeto y ordena expresamente el atentado”, expuso el magistrado que con los mismos argumentos está revisando también la bomba de 2006 en la T-4 del aeropuerto de Barajas.

También se sumó el magistrado Santiago Pedraz con la reapertura del caso sobre el coche bomba que mató al juez Francisco Queral; y el último ha sido Manuel García-Castellón que ha ordenado ya informes sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el atentado de Santa Pola en 2002. “En pocos casos, como este atentado, puede perfilarse con más nitidez la figura de la comisión por omisión, pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de, al menos, cuarenta y ocho horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo este tiempo, presuntamente, de un dominio directo del hecho, en el marco de la organización, que permite, desde este momento procesal, iniciar una investigación para delimitar el avance de sus posibilidades”, señala el juez en el auto.

Las fuentes consultadas indican que esta iniciativa de García Castellón con la Guardia Civil puede generar un “efecto arrastre” en otros juzgados, toda vez que las asociaciones de víctimas ya están preparando nuevos escritos. Algunas como la Asociación de Víctimas del Terrorismo prefiere ser más cauta porque todavía no existe ni una sentencia de condena en España por esta figura a dirigentes de ETA. “Cualquier vía que se pueda abrir para juzgar a ETA bienvenida sea, pero a nosotros esta vía nos parece que técnicamente y jurídicamente es muy complicada”, señala la abogada Carmen Ladrón de Guevara.

“Con respecto a la autoría mediata ha habido diferentes pronunciamientos de la Audiencia y el Supremo que han dicho que no por el hecho de ser jefes eres responsable de todo lo que ocurre durante tu jefatura”, aclara Ladrón. Así lo ve también el catedrático de derecho penal de la Universidad de Alicante Bernardo del Rosal: “Estas vías para dar salida a estos casos me parece forzar las estructuras de la teoría. Tienes que probar que en ese momento podías hacer algo para impedirlo y, precisamente, por esta dificultad probatoria se organizaron una serie de delitos en el Código Penal en los que ya hay condenas mayores para los jefes”.

No se trata únicamente de los más de 300 casos que quedan sin resolver, sino que tal y como se está siguiendo esta senda incluso aquellos asesinatos donde hubiera culpables podrían reiniciarse para buscar a los de arriba. Para ello se aplica esta tesis de un autor alemán Claus Roxin que trató de aplicar el derecho para que los nazis no quedaran impunes con el objetivo de demostrar que en estructuras férreas de control jerárquico el mando viene desde la cúspide. “En el sistema alemán a diferencia del español, determinadas formas de participación como el que aquí llamamos inductor, por ejemplo, el que da la orden tiene la misma pena que el que pone la bomba. El derecho español es mucho más justo en esta cuestión”, aclara el catedrático de derecho penal internacional, José Cussac, que además participó en la comisión que modificó el Código Penal en 1995 e introdujo esta figura.

“La autoría mediata la veo más difícil todavía. Es cuando a alguien se le instrumentaliza y la personas que está atrás maneja. Pero la persona mediatizada actúa sin voluntad y no creo que podamos aplicar eso a quien pone una bomba”, señala Cussac. Pero los impulsores de estas querellas lo ven claro: “Son peones fungibles porque son intercambiables. Puede ir otro. Entonces el verdadero autor es la cúpula”, aclara el abogado de Dignidad y Justicia. Los jueces con sus reaperturas parecen estar más en este barco, pero ahora habrá que ver en qué aguas se sitúa la Fiscalía -que todavía no se ha pronunciado de forma nítida en estas actuaciones- y los magistrados de la Sala de lo Penal cuando empiecen a llegar los recursos que será quienes tengan la última palabra.