El juez impide a la Generalitat personarse en una pieza del “caso 3%” sobre la financiación de Convergencia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición de la Generalitat de Cataluña de ejercer la acusación particular en la pieza separada del “caso 3%” en la que se investiga la posible financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom.

En una providencia, el magistrado se muestra de acuerdo con la Fiscalía en que, por un lado, el Ejecutivo autonómico no ha acreditado su condición de ofendido o perjudicado por los hechos investigados ni ha aportado datos para apreciarla ese posible daño. Y, por otro, señala que en la Generalitat “hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”.

El magistrado investiga si determinadas adjudicaciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales(CCMA) se inflaron artificialmente por encima del coste real de los programas para terminar de forma irregular en manos de empresarios afines a Convergencia. De ahí que el pasado octubre el instructor reclamase las facturas de esos trabajos bajo sospecha (fundamentalmente los programas “El Gran Dictat” o “Fish & Chips”) tanto a TV3 como a Mediapro.

Petición de facturas a TV3

En el punto de mira de los investigadores se encuentra la productora Triacom Audiovisual, que tiene como principal cliente a la televisión pública catalana, que supuso entre 2010 y 2016 más del 80 por ciento de sus ingresos. La Justicia rastrea supuestos pagos a uno de los imputados en la causa del 3%, Juan Manuel Parra, de Hispart, al empresario David Madí, muy próximo al ex president Carles Puigdemont y a sociedades vinculadas estrechamente a CDC, como también a las esposas del propio Madí y de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos de Jordi Pujol.

En julio de 2020, el juez José de la Mata procesó en el marco del “caso 3%” a los ex gerentes de Convergencia Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó y a otras 28 personas -entre ellas el ex responsable jurídico de la formación Francesc Xavier Sánchez Vera y varios cargos políticos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas catalanas- por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo por haber financiado al partido “ilegalmente y en forma encubierta”. El magistrado también propuso juzgar a la propia CDC, al PdeCAT y a diversas empresas señaladas por nutrir supuestamente las arcas de CDC con presuntas comisiones ilegales.