La Fiscalía Europea no se ha interesado por los contratos del Gobierno denunciados por Ayuso

Entre la mañana en la que la izquierda madrileña denunció el contrato de las mascarillas con vínculos con el hermano de Isabel Díaz Ayuso (18 de febrero) y el momento en el que la Fiscalía Anticorrupción decidió incoar diligencias (22 de febrero) pasaron cuatro días. Ya van diecinueve desde que la presidenta madrileña denunció otras posibles irregularidades en contratos del Gobierno durante la pandemia (9 de marzo) sin que Anticorrupción se haya pronunciado todavía. En medio, la Fiscalía Europea ha pedido asumir la primera de las denuncias porque considera que puede haber un delito de malversación de fondos europeos, pero, según fuentes fiscales, no se ha pronunciado sobre la segunda interpuesta por los doce contratos del Ejecutivo.

La delegada de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, podía haberlo hecho de oficio, indican estas fuentes, independientemente de que todavía Anticorrupción no hubiera puesto en marcha investigación alguna. Cuando envió el primer escrito al fiscal jefe Alejandro Luzón para requerirle los datos sobre el asunto de las comisiones de Tomás Díaz Ayuso aún no se habían producido las denuncias cruzadas. Pero el 9 de marzo el PP de Madrid entregó su escrito sobre contrataciones durante la pandemia a empresa con supuestos enlaces con el exministro de Sanidad Salvador Illa, el exresponsable de Transportes José Luis Ábalos, la actual vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una semana más tarde la Fiscalía Europea pidió avocar las pesquisas sobre los contratos de las mascarillas para sí, es decir, quedárselas y ahí que Anticorrupción ya sí trabajaba sobre la segunda denuncia podía haber preguntado también por ésta. No lo hizo.

La Fiscalía Europea, por el momento, solo va a investigar un posible delito de malversación de fondos de los Veintisiete en estas transacciones de la Comunidad de Madrid que denunciaron PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. El hecho de que la compra de mascarillas se pagara con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) -inyectados en parte para paliar los efectiva de la pandemia- alertó a esta Fiscalía de reciente creación. En la denuncia de Ayuso a los contratos del Gobierno por valor de 326 millones de euros se incluyen pagos por mascarillas, batas, dispositivos de ventilación mecánica, guantes o gafas de protección, pero también se incluyen algunos conceptos que no son material sanitario.

En el caso del contrato de la Comunidad de Madrid está confirmado que se utilizó dinero de la Unión Europea y, en cambio, en el del Gobierno habría que analizar si sucede lo mismo. En cualquier caso, las fuentes consultadas señalan que el retraso en el pronunciamiento de Anticorrupción sobre la denuncia contra el Gobierno nada tiene que ver con la petición de la Fiscalía Europea sobre la anterior. Aseguran que «muy pronto» se anunciará si finalmente se abre una investigación sobre las contrataciones de los diferentes ministerios.

Junta de fiscales

Este lunes se celebra una importante reunión de todos los fiscales de más alto rango de la carrera para decidir si, además de la malversación que ya está estudiando, la fiscal Sabadell debe quedarse con el resto de los delitos -posible tráfico de influencias, falsificación de la facturación o negociaciones restringidas a los funcionarios- como ella pide por estar «indisociablemente vinculados».

La Junta de Fiscales de Sala, con una treintena de los funcionarios de primera categoría del Ministerio Público, estudiará los límites de la Fiscalía Europea en este asunto. Y no es baladí porque no hay precedentes ya que este Ministerio Público comunitario es un recién nacido. En su reglamento se especifica que la decisión final la debe tomar la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, previa escucha de la Junta. Pero también se abre la puerta a que el asunto pueda terminar en la Justicia Europea.

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que es él quien debe seguir la instrucción porque los posibles delitos cometidos son de ámbito nacional. Nadie puede impedir a la Fiscalía Europea que analice si se produjo un desvío de fondos comunitarios, pero sí que se lleve todo el asunto fuera de España. En el borrador de decreto que la fiscal general ya ha repartido entre los asistentes ella se sitúa con Luzón en esto. Es partidaria de desgajar la malversación para que se instruya en Europa y el resto, en Anticorrupción. Por lo que, como la decisión está en sus manos, lo previsible es que esta sea la conclusión del cónclave. Pero todos deben dar su opinión y, las fuentes consultadas explican que en el asunto habrá debate seguro. En la reunión estará presente Luzón por ser un fiscal de Sala pero no Sabadell porque ella no es de la primera categoría.

Desde que en febrero de 2020 asumiera la jefatura del Ministerio Fiscal, Dolores Delgado ha hecho poco uso del órgano que reúne a la cúpula de la carrera para fijar criterios y unificar actuaciones. Es meramente consultivo, como todos dentro de la Fiscalía cuyo poder condensa completamente el fiscal general. Pero el hecho de que no se convoque más es calificado como un ninguneo por algunas fuentes de alto rango dentro de la carrera.