La Fundación Franco arma su estrategia contra la Ley de Memoria Democrática

Hay quienes daban ya por «amortizada y hasta extinguida» a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Sirva como ejemplo lo que le pasó a uno de los 42 delegados –solo faltaron tres– que este fin de semana se reunieron en Madrid «para analizar su situación y afrontar los retos pendientes», señala a este periódico uno de sus asistentes. El representante de la FNFF comentaba, «entre la hilaridad y la sorpresa», que al entablar conversación con el taxista que le llevaba al lugar de reunión desde su hotel, este le dijera: «Pues me alegro de saber de ustedes, porque yo pensé que les habían disuelto».

«No es muy de extrañar», apuntan fuentes de la Fundación Franco, «a tenor de la pomposa declaración del presidente Pedro Sánchez desde TVE ante millones de españoles sobre su propósito», como «si en un Estado de Derecho el Gobierno pudiera fulminar de un decretazo una entidad pública que cumple con todos los requisitos legales, negándole la voz y la palabra escrita, simplemente porque no sigue sus dictados o se opone frontalmente a ellos, como sucedió con la luctuosa profanación de la tumba de Francisco Franco, contra la voluntad de su familia y ante la pasividad de la Iglesia por la que él tanto hizo».

En dos jornadas, el viernes y el sábado se celebró una cita con todas las delegaciones de la FNFF «en un enclave único de la provincia de Madrid», aunque no se concreta el lugar «por razones de seguridad». Además de sus presidentes de Honor y Ejecutivo, Luis Alfonso de Borbón y el general Juan Chicharro, asistieron miembros de su Patronato y 45 personas procedentes de toda España, «incluyendo Barcelona y Gerona».

Bajo el «liderazgo, dirección y coordinación» del general Chicharro se escuchó la voz de los delegados, que «compartieron sus experiencias para hacer oír sus voces en entornos a veces hostiles». Los presentes relataron «cómo a través de las redes sociales se comunican, convocan actos sociales, culturales o religiosos y están presentes en las calles». Así mismo, «cómo se unen a grupos afines con los que comparten «ideales, valores y objetivos». Y también dieron testimonio de «las dificultades que a veces encuentran para poder conseguir en fechas señaladas una misa en sufragio del alma de quien fue proclamado por el Vaticano Caballero de la Orden de Cristo» y que «vivió y quiso morir en el seno de la Iglesia Católica cuando le llegó la hora de rendir su último aliento».

Para los presentes resultó «muy útil la orientación legal» –que les proporcionó un especialista del gabinete jurídico que asiste a la entidad– en temas de Memoria Histórica, guiando la actuación de los delegados «en la más estricta legalidad para hacer frente a las restricciones de la iconoclasta y cainita ley» que puso en marcha Zapatero. Y lo que se les «puede venir encima si se llegara a aprobar el revanchista proyecto de memoria democrática» y su supuesto delito de «apología del franquismo».

Como asegura Chicharro a LA RAZÓN, «es cierto que estamos abocados, al menos a corto plazo a una estrategia defensiva. Pero incluso en esta situación, la Fundación Nacional Francisco Franco tiene vocación de vanguardia intelectual para difundir y promover la verdad histórica, la figura y obra de Francisco Franco y la España que nos dejó».

Con esta finalidad, la FNFF «se asienta en todas las provincias», donde han tenido que «organizar delegaciones en la mayoría para vertebrar» una «organización» que «hoy está muy viva», considera su presidente ejecutivo, «y ha salido más unida y fortalecida de la reunión que hemos mantenido este fin de semana». En palabras del general Chicharro, «no somos una plataforma política ni representamos a nadie, solo a la historia. Ofrecemos nuestra voz y nuestra palabra a quien la quiera escuchar y, desde luego, la vamos a mantener por todos los medios legales a nuestro alcance».

Su intención es mantenerse «firmes en las finalidades que marcan» sus estatutos y «ajenos a toda veleidad política, unirse y apoyarse en grupos y asociaciones afines» a los que «une un propósito común, cual es la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles, así como la defensa de nuestra historia, nuestra cultura y tradiciones y la fe católica».

Mientras, la Ley de Memoria Democrática que pretende ilegalizar la FNFF sigue paralizada por falta de consenso.