“Josu Ternera” no evita el banquillo: la Audiencia Nacional le juzgará por el atentado contra la casa cuartel

La Audiencia Nacional juzgará a José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas, seis de ellas menores de edad. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha desestimado el artículo de previo pronunciamiento planteado por la defensa del exjefe de ETA como último recurso para evitar el banquillo al descartar que su condena en Francia a ocho años de cárcel por asociación de malhechores impida ahora juzgarle por estos hechos. La Fiscalía pide para él una condena de 2.354 años de cárcel

Los magistrados dan así la razón tanto al fiscal Pedro Rubira como a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y el resto de acusaciones, que defendieron que “Josu Ternera” no podía beneficiarse de la excepción de cosa juzgada porque la Justicia francesa nunca le juzgó por el ataque terrorista al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Desestimado el artículo de previo pronunciamiento planteado por la defensa de “Josu Ternera”, el exdirigente de ETA -que se encuentra actualmente en libertad en Anglet, en el País Vasco francés, a la espera de que las autoridades francesas decidan sobre su entrega a España- tendrá que responder ante la Justicia española por el atentado contra la casa cuartel. Tras la vista celebrada el pasado 31 de marzo, la Sala -integrada por los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y María Teresa García- ha rechazado, según confirman a este periódico fuentes jurídicas, las pretensiones de la defensa de Urrutikoetxea en una resolución notificada hoy contra la que no cabe recurso.

La Fiscalía imputa a “Josu Ternera”, en calidad de inductor y cooperador necesario, once delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa (tantos como heridos en el atentado), una calificación que AVT y AEGC elevan a 94, por lo que su petición de condena se sitúa en 2.776 años de prisión.

Formaba parte del comité ejecutivo de ETA

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que fue el comité ejecutivo de ETA -integrado en esa fechas por “Josu Ternera”, Francisco Múgica Garmendia, “Pakito”, y José María Arregui (estos dos últimos ya condenados)- el que tomó la decisión de llevar a cabo “una acción terrorista de gran envergadura” como respuesta a la detención del dirigente de ETA Santiago Arróspide, “Santi Potros”, el 30 de septiembre de 1987 en Anglet (Francia). Urrutikoetxea perteneció “ininterrumpidamente al máximo órgano decisor de ETA”, el comité ejecutivo, desde 1975 hasta su detención en Bayona el 12 de enero de 1989.

Rubira mantiene que la orden partió de la cúpula etarra teniendo en cuenta además que fue “la primera vez que ETA realizaba una acción terrorista contra una casa cuartel de la Guardia Civil que albergaba a las familias de los agentes mediante la utilización de un coche-bomba, cargado además con un volumen ingente de explosivos”.

La Fiscalía expuso en sus alegaciones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que se vulnera solo “cuando existe un pronunciamiento firme de un tribunal de la Unión Europea, bien sea sentencia condenatoria, absolutoria o sobreseimiento sobre unos hechos que se encuentren siendo investigados por los tribunales de otro estado de la Unión Europea”. Únicamente “una doble condena o un proceso posterior por un hecho ya juzgado”, recalcaba, violaría el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de legalidad.

Su defensa argumentó que no se le podía “castigar doblemente”

El abogado de Urrutikoetxea, Gonzalo Boye, planteó sin embargo que no se le puede “castigar doblemente por un mismo delito” tras ser condenado en Francia el 26 de noviembre de 1990 como autor, entre otros, de un delito de participación en una asociación de malhechores de carácter terrorista “equivalente al delito de pertenencia a organización terrorista en el derecho español”. Habiendo sido condenado por un delito “homólogo”, argumentaba Boye, “concurre la excepción de cosa juzgada”.

La AVT respaldó la postura de la Fiscalía y subrayó en sus alegaciones que se trataba de “hechos diferentes que suponen un daño añadido”. Según el abogado de la AVT Antonio Guerrero “se comete otro delito de la misma naturaleza, pero a través de actos diferentes que, en relación al procesado, no se han enjuiciado hasta ahora”, sostiene.

El abogado de la AEGC, Jorge Piedrafita (que también defiende a dos de las víctimas), se opuso asimismo a la pretensión de la defensa de “Josu Ternera” y defendió que al exjefe etarra se le acusa en esta ocasión “por los once crueles asesinatos de la casa cuartel de Zaragoza y los 94 asesinatos en grado de tentativa, que son los heridos que causo el choche-bomba ordenado colocar por Josu Ternera”, delitos “objetivamente distintos al juzgado en Francia, que era de pertenencia a banda armada”.

Fuentes de la AEGC expresan su “satisfacción” por la decisión judicial y confían en que ahora “por parte de Francia se produzca cuanto antes su extradición o entrega temporal a España para poder celebrar una vista histórica demorada durante demasiado tiempo por las tácticas y huidas de Ternera y así hacer justicia a los guardias civiles y sus familias, que llevan demasiado tiempo esperando”.