La Audiencia Nacional condena al PP por beneficiarse de la trama Gürtel en Boadilla

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre tres meses y 36 años de prisión a 23 integrantes de la “trama Gürtel” en Boadilla (Madrid) por el amaño de contratos en beneficio de empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones, una parte de las cuales se destinó “al pago de facturas para actos, eventos y gastos” electorales de las campañas municipales de 2003 y 2007 del PP, que nuevamente es condenado como partícipe a título lucrativo por haber obtenido “un beneficio económico”, que cifra en 204.198 euros, desconociendo su origen ilícito. Es la tercera condena del tribunal al PP por este motivo tras las que impuso a la formación en la sentencias de la pieza principal del “caso Gürtel” y de las obras de reforma en la sede de Génova que fueron pagadas con dinero negro.

El tribunal impone la pena más alta, 36 años de prisión, al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, “el Albondiguilla”, a quien condena por 18 delitos, entre ellos asociación ilícita, cohecho, prevaricación, fraude a las administraciones, malversación, blanqueo y tráfico de influencias. Además, deberá pagar multas que suman seis millones y medio de euros. Aunque 16 de los condenados reconocieron los hechos, por lo que la Sala les reconoce la atenuante de confesión, en el caso de González Panero rechaza que su declaración en el juicio fuese relevante para aplicarle esa atenuante ni la de reparación del daño debido al “nulo esfuerzo realizado por él para hacer frente” a esos perjuicios económicos causados por su comportamiento.

Los magistrados destacan la “especial relevancia en la ejecución de los hechos” de González Panero en su condición de alcalde del municipio madrileño. “No era un funcionario más, sino la cabeza del Consistorio durante dos legislativas”, asegura antes de subrayar “la defraudación de la confianza depositada” en él como regidor, “que utilizó para su propio enriquecimiento personal”.

Supuso “un menor gasto para el partido”

En cuanto al PP, en la sentencia se deja claro que “el beneficio para el Partido Popular es evidente” por los pagos que efectuó el Grupo Correa en concepto de comisiones para conseguir adjudicaciones y que fueron destinados en la cantidad referida “al sostenimiento de la propia organización”, suponiendo “correlativamente un menor gasto para el partido, ya fuera campañas, precampañas o el sostenimiento del propio partido en Boadilla, del que era presidente local González Panero, que de un modo evidente se tradujo en un menor gasto”. Ahora, el PP deberá devolver esa cantidad de la que se benefició para costear gastos electorales.

Fue a través de Correa -condenado a trece años y medio de prisión, como su lugarteniente Pablo Crespo, explica el tribunal, como “se llegó contactar e introducir en la dinámica comisiva a los responsables públicos de las Administraciones que sirvieron para el enriquecimiento de sus miembros”, como reconocieron el propio González Panero, Crespo y el exresponsable de la empresa municipal de Vivienda Tomás Martín Morales, que ha sido condenado a seis años de cárcel.

El tribunal ha condenado a cuatro años de prisión al exdiputado del PP en Madrid Alfonso Bosch y a un año y medio de cárcel al excontable de la trama José Luis Izquierdo. Además, impone penas inferiores a dos años de reclusión a los empresarios Alfonso García-Pozuelo, José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero y Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag. La Sala absuelve a María del Carmen García Moreno al haberse retirado las acusaciones contra ella, y a Francisco Pastor por no apreciar indicios suficientes de su intervención en la trama.

“La propia permanencia de la actividad tan largamente sostenida se sustentaba en que estos continuaran en el poder, siendo candidatos del Partido Popular en Boadilla del Monte en las sucesivas convocatorias electores”. Como efectivamente sucedió con González Panero, quien además era entre 2000 y 2009 presidente del PP en Boadilla, y que “designó a Martín Morales como jefe de campaña y encargado de los gastos generados en las campañas del PP en ese municipio en los años 2003 y 2007″, señala la Sala. “Eran personas vinculadas a este partido, no meramente miembros del grupo municipal, sino que lo fueron porque se presentaron a las elecciones en representación de este partido”, añade.

Correa negociaba personalmente los contratos

La resolución parte de la dinámica descrita en la sentencia por la primera época de la trama Gürtel, en la que el PP también fue condenado como partícipe a título lucrativo, sobre la actividad desarrollada por Correa y su grupo de empresas “para el enriquecimiento personal y de sus miembros a costa de las administraciones públicas” y declara probado que esto se produjo en el municipio de Boadilla del Monte entre 2001 y 2009 cuando era alcalde González Panero.

El relato de hechos probados constata aproximadamente desde 1999 Correa lideró un entramado societario y personal “con la finalidad de enriquecerse a sí mismo y a quienes formaban parte de la trama, además de procurar financiación irregular al Partido Popular a través de fondos ilícitos provenientes de las conductas delictivas” llevadas a cabo en el municipio entre 2001 y 2009 cuando “estuvo controlado” por el PP. Todo ello, subraya la Sala, “a costa del patrimonio público” de similar forma a los comportamientos descritos en la sentencia de la pieza principal del “caso Gürtel”.

Correa “negociaba personalmente la adjudicación de contratos públicos contraviniendo las normas que rigen la contratación pública con la finalidad de que se adjudicaran a las empresas seleccionadas por el grupo a cambio del pago una “comisión”, o para sus propias empresas, remunerando a los cargos públicos, con competencia o capacidad de influencia en las contrataciones”.

Influencia sobre funcionarios del Ayuntamiento

Crespo, señala el fallo, “fue su principal colaborador y al menos desde el 2002″ y, siguiendo las órdenes de Correa, “personalmente transmitía, ejecutaba o controlaba diariamente la actividad de las sociedades vinculadas a la trama, participaba en la selección de los contratos y las empresas a quien favorecer, la distribución de las comisiones obtenidas y el pago a las autoridades o funcionarios de las Administraciones Públicas afectadas que, en este caso, fueron el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Vivienda y el Suelo (EMSV)”.

El lucro se obtenía “mediante la adjudicación de obras o contrataciones directas a las empresas del Grupo Correa y adjudicaciones de obras a las empresas seleccionadas por Correa a cambio del pago de una comisión con la que iba realizando pagos a los cargos públicos responsables dentro del Ayuntamiento y la EMSV del Boadilla del Monte de la contratación al máximo nivel de los que, una parte se destinaba al pago de facturas para actos, eventos y gastos del Partido Popular”.

Respecto a González Panero, que fue alcalde de Boadilla y de la EMSV desde diciembre de 1999 hasta febrero de 2009, el tribunal es concluyente. “Puso su cargo -dice- a disposición del Grupo Correa” en el municipio “a cambio de ser remunerado por ello”. Además, entre 2000 y 2009 fue también presidente del PP en Boadilla, “ejerciendo su influencia sobre funcionarios y empleados para conseguir que las adjudicaciones se concedieran conforme a los intereses del grupo”.

Pruebas “sólidas” y “contundentes”

Al frente de la empresa municipal de la vivienda, Martín Morales “también se integró en el entramado durante todo el periodo, poniendo a disposición de este su ascendencia sobre otros funcionarios y las competencias que tenía en materia de contratación en el Ayuntamiento y en la EMSV a cambio de ser remunerado por ello”. Pero, además, desempeñó un puesto clave en el entramado dada su condición de “jefe de campaña y encargado de los gastos generados por el Partido Popular en Boadilla del Monte en las campañas municipales en los años 2003 y 2007″.

Otro de los condenados, Alfonso Bosch, fue nombrado gerente de la EMSV en julio de 2003 (cargo que desempeñó hasta abril de 2009) en sustitución de Martín Morales al perder las elecciones en El Escorial “por iniciativa de Correa y González Panero, integrándose en la trama con la principal función de facilitar la contratación pública a las empresas del Grupo a cambio de una retribución”.

Para el tribunal las condenas se sustentan en los testimonios que se escucharon en el juicio y en la prueba practicada en la vista oral, sobre todo la documental, “que confirma de un modo sólido y contundente el relato de hechos de las acusaciones”, que admitieron 16 de los 25 acusados. Todo ellos, concluye la Sala, “permite establecer un modus operandi ya analizado y declarado probado en otras piezas de Gürtel”, en especial en la pieza principal, un fallo que precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy que se plasmó en el cambio de Gobierno.