La Audiencia Nacional investiga ya a la mitad de exjefes de ETA

De los 49 terroristas que han formado parte del comité ejecutivo a lo largo de su historia criminal, 24 están bajo la lupa del tribunal por atentados de la banda terrorista

Agentes examinan el coche-bomba utilizado en el atentado en Santa Pola en 2002, una de las investigaciones reabiertas por la Audiencia
Agentes examinan el coche-bomba utilizado en el atentado en Santa Pola en 2002, una de las investigaciones reabiertas por la Audiencia FOTO: DANI CARDONA REUTERS

La reapertura de media docena de investigaciones judiciales para esclarecer la responsabilidad de la excúpula de ETA en atentados de la banda terrorista ha situado ya bajo la lupa de la Audiencia Nacional a la mitad de los terroristas que en algún momento formaron parte del ZUBA o comité ejecutivo de la organización criminal.

En estos momentos, en las distintas causas que han vuelto a latir judicialmente en los últimos meses –en las que se investigan desde los asesinatos de Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y el juez José Francisco Querol a los atentados de Santa Pola, la T-4, la casa cuartel de Zaragoza (donde murieron once personas, entre ellas seis menores) y el que tuvo lugar en Sangüesa en 2003, en el que ETA asesinó a dos agentes– los jueces de la Audiencia Nacional han imputado a 24 exjefes de la banda terrorista (algunos están investigados en varios procedimientos).

Entre ellos figuran históricos exdirigentes de ETA como José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera»; Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi»; José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Soledad Iparraguirre, «Anboto»; Javier García Gaztelu, «Txapote»; Garikoitz Aspiazu, «Txeroki»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Mikel Carrera Sarobe, «Ata», o Aitzol Iriondo.

El informe policial que identifica a los exdirigentes

Todos están incluidos en los diferentes comités ejecutivos que dirigieron la banda terrorista entre 1977 y 2014 (tres años después de que ETA anunciase el cese de su actividad armada), según consta en un informe de la Comisaría General de Información de la Policía sobre los «integrantes de los órganos directivos de ETA» –incorporado a la investigación por lesa humanidad contra los exjefes de ETA– y al que la Audiencia Nacional está recurriendo para determinar las posibles responsabilidades de quienes formaron parte de la cúpula etarra a lo largo de su historia.

Ese informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, detalla que 49 terroristas integraron el comité ejecutivo de ETA durante esos casi 40 años. De ellos, seis ya han fallecido, entre ellos José Miguel Beñarán, «Argala»; Javier María Larreategui, «Atxulo»; y Francisco Javier López Peña, «Thierry». De los otros 43, 24 están siendo investigados por la Audiencia Nacional en estos momentos.

El grueso de esas reaperturas –salvo la de la investigación del atentado que costó la vida de Gregorio Ordóñez, instada por la familiar del que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián–, ha sido solicitado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que preside Daniel Portero.

Querellas de Dignidad y Justicia

Y todas con una misma estrategia, impulsada por el letrado Miguel Ángel Rodríguez Arias: afianzar la responsabilidad penal de los exintegrantes de la cúpula de ETA en los atentados cometidos bajo sus mandato por autoría mediata dado el dominio que ejercían sobre la organización terrorista. Es decir, o dieron la orden o tuvieron la posibilidad de evitar esos crímenes y no lo hicieron. Una argumentación jurídica que ya asomó en la querella planteada por DyJ por lesa humanidad en 2013 que llevó dos años después al procesamiento de cinco exjefes de la banda terrorista, incluido «Josu Ternera», a cuya entrega por esta causa se ha negado Francia.

Hasta ahora, el último procedimiento reabierto –esta misma semana– es el que tiene como objeto el atentado del 30 de mayo de 2003 en Sangüesa (Navarra) que costó la vida a los agentes de Policía Julián Embid y Bonifacio Martín Hernández. Como en otras dos causas (el asesinato de Ordóñez y el atentado de la T-4 que, en diciembre de 2006, hizo saltar la tregua por los aires y en el que murieron Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate), la decisión la ha tomado el magistrado Alejandro Abascal.

Otros dos jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón (respecto a las causas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en el que murió un hombre y una niña de seis años) y Santiago Pedraz (por el asesinato del juez Querol en el año 2000), han tomado decisiones similares contra exdirigentes de ETA.

Ondarroa, próxima reapertura

Pero no serán las únicas reaperturas. Tal y como informó este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional tiene previsto reabrir otro procedimiento en las próximas fechas (está a la espera del informe de la Fiscalía): el que hace referencia al atentado que perpetró ETA el 21 de septiembre de 2008 con la explosión de un coche-bomba junto al cuartel de la Ertzaintza de Ondarroa (Vizcaya). Un atentado en el que no hubo víctimas mortales, pero sí 18 heridos (trece de ellos agentes de la Policía vasca).

Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Jesús Alonso rastrea los sumarios de ETA en busca de causas que no hayan prescrito en las que sea jurídicamente posible dirigir la acusación contra exintegrantes de su comité ejecutivo.