Los independentistas preparan decenas de querellas para interponer por Pegasus

La maquinaria para llevar a los tribunales el espionaje a los políticos, abogados y otras personalidades del mundo independentista catalán ya está en marcha. Varios penalistas preparan decenas de escritos que interpondrán no solo en España para ampliar los procedimientos que ya existen, sino también en varios de los países europeos en los que se les inyectó Pegasus en sus móviles como ha destapado el estudio de «Citizien Lab». Denunciarán toda una batería de delitos que tienen que ver con la seguridad informática y la revelación de secretos. Hay al menos 60 afectados y las fechas en las sus teléfonos fueron intervenidos encajan con la etapa post-sentencia del «procés».

Algunas de las querellas que se ultiman irán contra la empresa israelí NSO que es quien tiene el «software» espía que vigila desde teléfonos inteligentes. Las fuentes consultadas explican que, se plantean cinco posibles denunciados: los tres dueños de NSO,la propia compañía y una de sus filiales. Una de las claves consiste en entender cómo funciona el programa espía que se supone que solo pueden comprar Gobiernos. NSO cobra por cada terminal atacado así que entienden que debe conocer quién está detrás de cada compra. Tratan de ilustrarlo con un paralelismo: “es como si ellos apretaran el gatillo”, por lo que su responsabilidad es más evidente, “pero se trata de llegar a quién dio la orden del crimen”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que en ningún caso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha actuado fuera de la legalidad. Pero los afectados están planteando la estrategia jurídica en otros términos. Alegarán que lo que recubre de inmunidad al CNI es que el espionaje lo lleve a cabo un funcionario público algo que, en este caso y dado cómo funciona la empresa israelí, no se cumple. No es como el programa Sitell, comparan, que utiliza la Policía para intervenir los teléfonos porque éste se maneja directamente por las propias Fuerzas de Seguridad. Pegasus está alojado en un servidor que controla la propia empresa israelí.

Cuando uno de estos «malware» infecta un dispositivo es capaz entonces de detectar la ubicación del sujeto, de entrar en sus aplicaciones, grabar conversaciones, acceder a correos electrónicos, a listas de contactos, fotos y vídeos, leer los mensajes de texto o acciona en remoto la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones.

Todos estos ataques se ha producido en Francia, Alemania, Suiza, España... y algunos de los recurridos judiciales, como adelantó El Independiente, pasan por querellarse en diferentes territorios europeos de forma individual. Esto podría generar resoluciones dispares en cada una de las jurisdicciones, pero los penalistas que preparan estas querellas están convencidos de que no será así porque Europa ha mostrado unidad en el rechazo a este espionaje.

Aun así, la internacional no es la estrategia mayoritaria. Otras fuentes consultadas señalan que el proceso lógico será que el asunto lo lleve el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona que ya investiga desde hace años el espionaje con este método a al expresident del Parlament Roger Torrent y al exdiputado Ernest Margall.

Allí las diligencias llevaban tiempo paradas a la espera de dos comisiones rogatorias, una a Israel y otra a Estados Unidos para intentar aclarar quién hackeó sus terminales. Pero este detallado estudio que ha salido a la luz creen que puede dar un vuelco a la causa y que la línea natural es que a partir de este momento todos los afectados que quieran adherirse a esta denuncia presenten aquí sus escritos. Señalan las citadas fuentes que es básico para que se pueda llegar hasta el fondo de lo sucedido que el juez pida al Gobierno levantar los secretos oficiales. Algo que ya ha sucedido más veces como en el caso de las escuchas del CESID (antiguo centro de Inteligencia). De lo contrario, creen que España puede enfrentarse a una condena internacional.