El Tribunal de Cuentas auditará a la Casa Real

El Consejo de Ministros aprueba un real decreto con rango inferior a ley para evitar un enfrentamiento con sus socios en la tramitación parlamentaria

El rey Felipe VI a la entrada del Palacio de Marivent
El rey Felipe VI a la entrada del Palacio de Marivent FOTO: Ballesteros EFE

Felipe VI sigue dando pasos en el proceso de actualización de la Corona que inició desde que en 2014 se hiciera con las riendas de la institución. La Monarquía atraviesa una etapa de luces y sombras, en la que se ha visto inmersa en una crisis reputacional por los escándalos que han rodeado a la figura de Don Juan Carlos, objeto de informaciones e investigaciones judiciales. Ante esta coyuntura y con el horizonte judicial ya resuelto en España, la Casa Real ha adoptado una actitud proactiva para dar una respuesta, con una vocación de transparencia y rendición de cuentas, asumiendo así los controles que rigen en otras altas instancias del Estado. Una respuesta que demandaba la ciudadanía.

De este modo, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se reformará la estructura y el funcionamiento de la Casa de Su Majestad el Rey. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pilotado en la última etapa unos trabajos que inició su antecesora, la también vicepresidenta primera Carmen Calvo y que se han dilatado durante meses, intensificándose en las últimas semanas para ver la luz ayer. En Moncloa siempre han trasladado que se trataba de una acción conjunta y en concurso con la Zarzuela, pero que le correspondía a esta institución llevar la iniciativa.

El Gobierno no oculta su «satisfacción» por lo que definen como un «paso adelante» de la institución y un ejercicio de «modernización, ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas». De este modo, «se homologa» a otras casas reales europeas. En el imaginario del presidente había otras reformas más ambiciosas, como la limitación de la inviolabilidad del Rey al estricto ejercicio de las funciones de jefe de Estado, sin embargo, en el Ejecutivo asumen la normativa aprobada ahora como «un punto de llegada» y no anticipan que se vayan a tomar más medidas en el futuro. Todo se ha medido al detalle. Desde los tiempos hasta la forma. El rango de la norma es inferior al de ley para evitar un vía crucis parlamentario que obligue a someterlo al criterio de otros grupos parlamentarios y «abra el melón» del debate entre Monarquía o República. Esto enfrentaría al Gobierno con sus socios de investidura, con quienes no ha compartido ninguno de los pasos. Sí se informó al PP, que conocía y compartía el contenido del decreto, según fuentes gubernamentales. Los socios de Podemos fueron informados con carácter previo al anuncio, aunque desde Moncloa se advierte de que se ha tratado de un «acuerdo pacífico» porque «nadie se puede oponer de dotar de más transparencia y rendición de cuentas a la Casa Real».

En cuanto al fondo, el real decreto persigue un triple objetivo. Se busca «consolidar en una norma jurídica las decisiones y reformas ya implementadas» desde el año 2014; «garantizar la coordinación con la Administración General del Estado y la eficacia de la Casa Real, con el fin de mejorar los servicios que presta» y «reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad, en línea con la voluntad manifestada por el Rey Felipe VI de observar una conducta íntegra, honesta y transparente».

La citada norma se incardina, a su vez, en tres ejes. Transparencia y rendición de cuentas, eficiencia en el servicio público y ejemplaridad. Entre las medidas más destacables está que la Casa Real será auditada por el Tribunal de Cuentas, con quien se establecerá un convenio de colaboración para realizar una auditoría externa de sus cuentas, como ocurre con las de los partidos y otros organismos públicos. De este modo, se verificará que las cuentas expresan una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo, así como de los flujos de efectivo y el estado de liquidación del presupuesto. También se promueve una nueva regulación de la actividad contractual que, por un lado, introduce el principio de publicidad en las contrataciones que realice Zarzuela, respetando en todo caso la autonomía presupuestaria y los principios del sector público. Por otro lado, se establece la necesidad de aprobar unas nuevas Instrucciones de Contratación y la obligación de publicar en la web de la Casa Real la regulación del procedimiento presupuestario y de contabilidad.

En el ámbito de la eficiencia, se impulsa la coordinación y colaboración de la Casa con la Administración General del Estado. De este modo, se prevé la firma de un convenio de colaboración con la Abogacía General del Estado para servicios de asesoramiento jurídico. También se establece que la Casa Real podrá suscribir convenios con otras entidades públicas, cuando se requiera una colaboración continuada, con el fin de evitar duplicidades. Además, algunos servicios de la Casa se vinculan a la función pública. Por último, se reconoce que la asistencia sanitaria de la Familia Real corresponde a la Guardia Real, tal y como se viene haciendo desde 1999 por acuerdo del Ministerio de Defensa.

En cuanto a la ejemplaridad, el personal de la Casa deberá ejercer sus funciones con arreglo al Código de Conducta aprobado. También se establece la obligación de presentar una declaración de bienes para el personal de dirección y alta dirección a su nombramiento y cese. Esto no incluye al Rey, que hizo este lunes público su patrimonio y que, en adelante, quedará a su discrecionalidad seguir dando cuenta del mismo. Por último, se establece que los regalos que reciba la Familia Real serán registrados y custodiados por la Casa Real, que también valorará si propone su incorporación al Patrimonio Nacional o su donación a una entidad sin ánimo de lucro.